Las maniobras del alcalde de Santa Cruz de Tenerife y de la asociación de un concejal de Vox para mantener el monumento a Franco

“Riesgo de derrumbe”, “elevado coste económico” o “hito de referencia” para “varias generaciones”. Son algunas de las apreciaciones que realiza el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) en su recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para que el monumento a Franco sea retirado de la vía pública en un plazo de seis meses. Pero no es el único frente. Hay otra asociación (San Miguel Arcángel) presidida por el concejal de Vox en la capital tinerfeña Luis Sosa-Tolosa del Valle cuya única actividad prácticamente es defender esta estatua que incumple la Ley de Memoria Democrática y que las víctimas del franquismo consideran un insulto contra ellas. Esta asociación liderada por un concejal de la extrema derecha ha llegado a colocar vallas publicitarias en defensa de la estatua. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lleva años dilatando la retirada del monumento. Primero, eludió en 2018 responsabilidades en el juzgado ante los requerimientos del abogado memorialista Eduardo Ranz, requiriendo entonces al Cabildo de Tenerife un informe de Patrimonio Histórico. El Cabildo concluyó tiempo después que la obra no debía ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC) pero José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), alcalde de la ciudad, siguió en su empeño e inició después una cruzada contra el catálogo de vestigios franquistas del Gobierno de Canarias (similar a otro que él había financiado para la ciudad y que concluía también que el monumento incumple la Ley). 

El pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó en junio rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de esta escultura realizada por Juan de Ávalos y situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. Y es aquí cuando ha entrado de nuevo la asociación de Luis Sosa Tolosa del Valle (Vox), que ha recurrido esta decisión en los tribunales. 

San Miguel Arcángel había confirmado desde agosto que estaba estudiando con sus servicios jurídicos presentar recurso a la vez que se había quejado de que asociaciones de memoria histórica reclamen fondos públicos para poder batallar en los tribunales ante los discursos de odio, antidemocráticos y de justificación del franquismo. Al ser preguntados por este periódico por su financiación y por qué se dedican solo a la defensa del monumento a Franco aseguran que no reciben ni han solicitado “nunca ninguna subvención” y los gastos de sus actividades “son sufragados mediante donaciones o aportaciones de nuestros socios”. 

También defienden que la asociación está “compuesta por multitud de personas de diferentes ámbitos, investiga, publica y estudia diferentes asuntos sobre el patrimonio histórico de canarias y en función de lo que requiera cada cual, pues se realizan informes de carácter interno para decidir si debe actuarse sobre ellos, para protegerlos o rehabilitarlos, con las consecuentes acciones que ellos conlleven”. No obstante, en su página web solo hay artículos sobre el monumento a Franco, que denominan como “monumento a la paz” a pesar de que simboliza la partida de Franco para iniciar la sublevación militar. 

“No es un monumento a la paz”

En este sentido, cabe recordar que la obra se presentó en el marco de la propaganda franquista de los “25 años de paz”, es decir, los 25 años transcurridos desde el final de la Guerra Civil en 1939 (una guerra que se inició por el golpe de Estado a un gobierno elegido democráticamente en las urnas). El Catálogo de Vestigios de Canarias, coordinado por la catedrática emérita de la ULL Maisa Navarro, sostiene que esa etiqueta no convierte al monumento en un homenaje a la paz. De hecho, fue inaugurado en 1966 como un “homenaje explícito a Franco” y así se puede comprobar en el NODO de la época que incide en que la estatua conmemora la salida de Franco de Canarias para encabezar el golpe de 1936.

El concejal de Vox Luis Sosa-Tolosa del Valle es muy activo en sus redes sociales difundiendo convocatorias de firmas para defender el monumento, artículos en la defensa del monumento además de por la defensa “del Valle de Los Caídos” ahora resignificado como Valle de Cuelgamuros. Su compañero en el Ayuntamiento, Alejandro Santiago Gómez Rodríguez (Vox), también ha publicado vídeos en las cuentas del partido donde asegura que “la izquierda pretende imponer una determinada visión de la historia y decidir por nosotros qué podemos recordar o no y que ataca la libertad de expresión” en lo que se refiere al monumento a Franco. 

Otra de las acciones de la asociación en sus redes es felicitar constantemente al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, por su defensa del monumento. “La Asociación San Miguel Arcángel celebra que el Ayuntamiento de Santa Cruz defienda el conjunto escultórico de Juan de Ávalos por la vía jurídica. Es exactamente el argumento que esta asociación viene sosteniendo desde el principio, con el respaldo de los informes de la Real Academia Canaria de Bellas Artes y de la Fundación CICOP, que reconocen el valor artístico incuestionable de la obra”, asegura. Unos valores artísticos que ya fueron descartados por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias. 

Cabe recordar que Vox no se presentó en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales de 2023 y que ahora Coalición Canaria se suma así a esta batalla por un monumento que recibió una avalancha de alegaciones por parte de las asociaciones de Memoria Democrática, que hablan de “propaganda de la dictadura” y de que es “un insulto a las víctimas”. 

El último recurso de Bermúdez

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) interpuso esta semana un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para que se paralice la orden de retirada del monumento a Franco tras la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Se alega, además del coste y el riesgo de derrumbe, que la retirada del monumento conlleva la realización de obras de “gran envergadura”, que no solo supondrán importantes molestias para la ciudadanía (como corte de la circulación) e implica un cambio “radical en la fisonomía de la ciudad”, siendo “imprescindible” la replanificación del espacio en el que se ubica la fuente, y la implantación de los elementos que sustituyan al conjunto monumental.

El consistorio además vuelve a enredarse en los “valores artísticos” del monumento, que ya han sido rechazados por los expertos, e incide en que “debe prevalecer el interés en la conservación del conjunto monumental”.