El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) pide la Audiencia Nacional paralizar la retirada del monumento a Franco y alega ahora “riesgo de derrumbe”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para que se paralice la orden de retirada del monumento a Franco tras la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de fecha 28 de agosto de 2026, por la que se resuelve el recurso de alzada contra su inclusión en el catálogo memoria democrática. El consistorio alude ahora al coste económicod de la retirada y a “riesgo de derrrumbe”.

El escrito, avanzado por El Día y al que ha tenido acceso también Europa Press, recoge que la “ejecución material” de la resolución conlleva un “perjuicio irreparable o de muy difícil reparación” si se realiza la demolición del monumento, lo que justifica, a juicio del consistorio, la suspensión de los actos de forma cautelar.

Asimismo, pese a que incumple la Ley de Memoria histórica y es una vulneración para las víctimas, el Ayuntamiento entiende que el 'Monumento a la Victoria' constituye “la única obra de Juan de Ávalos existente en Canarias” y es un “hito de referencia” para varias generaciones incrustado en la trama urbana de la ciudad desde 1966.

Además detalla que en la actualidad se encuentra en tramitación la incorporación del bien en el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife.

En el escrito se recoge que el monumento es una construcción de grandes dimensiones --una fuente escultórica con una base de granito que conforma un estanque ovalado de unos 30 metros de diámetro, cerrado en su parte posterior por un talud, igualmente, de granito de 30 metros de largo por 11 metros de alto, en el que se insertan 9 pilastras, de 14 metros--. En el centro del estanque se sitúa un pedestal de piedra volcánica, sobre el que se eleva la escultura de bronce sobre armadura de hierro de un ángel con alas extendidas de 8 metros de longitud y, sobre ella, otra figura de cuatro metros de altura, siendo la altura total de unos 13 metros.

El conjunto ocupa una superficie aproximada de 770 metros cuadrados y se sitúa en la confluencia de las dos arterias principales de circulación del centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife: la Rambla de Santa Cruz y la Avenida Francisco La Roche (más conocida como Avenida de Anaga). Además, está adosado al muro de contención del acuartelamiento de Almeyda, inmueble propiedad del Ministerio de Defensa.

Por ello, según el cosnsitorio, la retirada del monumento conlleva la realización de obras de “gran envergadura”, que no solo supondrán importantes molestias para la ciudadanía --corte de la circulación por ejemplo-- sino que también implica un cambio radical en la fisonomía de la ciudad, siendo “imprescindible” la replanificación del espacio en el que se ubica la fuente, y la implantación de los elementos que sustituyan al conjunto monumental.

Igualmente apunta que el desmantelamiento y almacenaje del monumento supone un “elevado coste económico” que deberá ser asumido por la tesorería municipal y no se deriva solo de las tareas propias de la retirada del espacio público, sino también de la obligación de liberar espacios municipales para el depósito y custodia en los términos exigidos en la resolución.

El Ayuntamiento entiende que también hay que considerar el “riesgo de derrumbe” del muro de contención del acuartelamiento de Almeyda.

Por ello, recoge el recurso, la actuaciones “son de tal magnitud que difícilmente podrían ser revertidas si se dictara una sentencia estimatoria del recurso planteado, teniendo en cuenta la necesaria eficiencia en la gestión de los recursos públicos, que objetivamente desaconseja deshacer lo ya ejecutado, cuando las obras de desmantelamiento del monumento y reconfiguración del espacio han supuesto una muy importante inversión de recursos públicos”.

Insiste también CC-PP que la obra implica el despiece e intervención técnica “irreversible” sobre el monumento y específicamente sobre la escultura de Juan de Ávalos, formada por diversas piezas ensambladas, causando daños estructurales, materiales y estéticos en la obra que serían de “imposible reparación”.

De este modo, señala el Ayuntamiento, “obligar al despiece y confinamiento de una obra de estas características equivale de facto a decretar su ruina técnica y destrucción material, desvirtuando por completo el concepto legal de depósito y custodia que exige la preservación del bien”.

El consistorio entiende que “debe prevalecer el interés en la conservación del conjunto monumental” pues tiene “indudables” valores artísticos, técnicos, compositivos y urbanos.