Mogán se encomienda a otro conocido bufete de abogados de Madrid para tratar de salvar la tasa turística en el Supremo

Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) notificó la sentencia que anulaba su pionera tasa turística municipal, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), parecía tener claro que el caso se acabaría dirimiendo en el Supremo. Así lo anunció el gobierno local en una rueda de prensa convocada ese mismo día, el 14 de julio. En ella, el Ayuntamiento anunciaba un recurso contra una sentencia que, según dijo entonces, adolecía de “vaguedad técnica” e incurría en contradicciones. 

Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles, casi cuatro meses después, cuando se ha adoptado la decisión definitiva. La regidora firmaba a las 11.14 horas un decreto para convocar de urgencia una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno local a las 12.15, apenas una hora después. Sobre la mesa, la propuesta para ejercer acciones judiciales contra esa resolución judicial que declaró nula de pleno derecho por “camuflar” un impuesto la ordenanza que impuso una tasa de 0,15 euros por pernoctación y día a las personas que se alojen en los establecimientos turísticos del municipio. 

Entre medias, el gobierno de Bueno volvió a buscar asesoramiento jurídico externo. A través de la empresa pública Mogán Gestión Municipal (Gestiona), encargada de los asuntos tributarios del municipio, contrató a un conocido bufete de abogados internacional y con sede principal en Madrid, Cremades & Calvo-Sotelo, para que elaborase un dictamen jurídico sobre la conveniencia de recurrir esa sentencia ante el Supremo. El importe de ese contrato no figura hasta el momento en el expediente municipal. 

Este despacho fue fundado y está presidido por Javier Cremades, que también encabeza la World Jurist Association (WJA) y que, entre otros asuntos, defendió al líder opositor venezolano Leopoldo López. No ha sido el único asunto de impacto mediático de este bufete. También recibió el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para elaborar la auditoría sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica y ha representado a afectados por macroestafas como el caso Madoff. 

En su nómina de abogados figuran nombres como Álvaro Rodríguez Bereijo (expresidente del Constitucional), Vicente Conde Martín de Hijas y Rafael Fernández Montalbo (exmagistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo), Juan Ortiz (ex Fiscal General del Estado), Fidel Cadena (fiscal en el juicio del procés) o José María Álvarez del Manzano (exalcalde de Madrid) o Juan José Laborda (expresidente del Senado). 

El dictamen elaborado por este bufete, que no aparece firmado por ningún abogado en particular, concluye que hay fundamentos jurídicos sólidos para presentar el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

El informe admite la dificultad “formal y de fondo” que entraña superar el filtro de admisión del Supremo. A pesar de ello, entiende que puede haber interés casacional para el Supremo. En primer lugar, porque no existe jurisprudencia previa dado el carácter novedoso de la ordenanza planteada por el gobierno liderado por Onalia Bueno. Además, el despacho entiende que la controversia no se limita al municipio de Mogán y que lo que se decida puede resultar determinante para aclarar las competencias tributarias de los ayuntamientos. 

En la sentencia notificada en julio, el TSJC sostenía que la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Mogán disfrazó un impuesto general sobre el turismo (para el que no tiene competencia) bajo la apariencia de una tasa municipal. El alto tribunal canario incidía, además, en que la norma incurre en graves inconcreciones técnicas.  

La legislación tributaria exige que una tasa tenga como contrapartida un servicio público “específico, concreto y directamente atribuible” a quien la paga. El TSJC consideró que el pago por pernoctación en alojamientos turísticos de Mogán no daba lugar al beneficio o servicio individualizado requerido, sino que pretendía financiar actuaciones “genéricas”, como promoción turística, proyectos medioambientales o conservación del patrimonio. Es decir, que no se trataba de una tasa, sino un impuesto sobre las estancias, un tributo para cuya creación los ayuntamientos carecen de competencia legislativa. 

El TSJC también alertaba de la “vaguedad e indefinición” del hecho imponible (por el que se paga la tasa). Según la sentencia, la ordenanza fijaba conceptos “abstractos y genéricos”, como “acciones derivadas del turismo y la sostenibilidad del destino”, vulnerando el principio de seguridad jurídica al no delimitar con claridad qué servicios concretos justificaban el cobro de la tasa. Además, alertaba de deficiencias en la memoria económica. 

Para el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, en cambio, el Ayuntamiento de Mogán cuenta con una base jurídica para acudir al Supremo con garantías. El bufete defiende que la ordenanza se ajusta a la Constitución y a la Ley de Haciendas Locales y que el Ayuntamiento tiene potestad para regular una tasa ligada a los servicios turísticos. 

El dictamen sostiene que el caso trasciende a Mogán y que es necesario que el Supremo fije doctrina. Aunque la sentencia se notificó el 14 de julio, el plazo de 30 días hábiles para preparar el recurso de casación se encuentra en suspenso debido a una solicitud de complemento de sentencia que presentó la patronal turística y que aún no ha sido resuelta. 

Tras recibir el dictamen de este despacho el pasado 26 de octubre, tanto la asesoría jurídica de la empresa pública Gestiona como la del propio Ayuntamiento firmaron sendos informes que fueron incorporados a la propuesta del concejal Mencey Navarro para presentar el recurso de casación ante el Supremo. Esa propuesta está fechada el 28 de octubre. 

Cuando el TSJC anuló la ordenanza fiscal, Bueno afirmó que la tasa continuaría en vigor hasta que hubiera sentencia firme y que los cerca de 1,4 millones de euros que se habían recaudado hasta esa fecha permanecerían congelados. 

NC aprecia “un dictamen a medida” de la alcaldesa

El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Mogán, Juan Manuel Gabella, considera que el informe de Cremades & Calvo Sotelo es un “dictamen a la medida” encargado a posteriori para justificar la decisión que Onalia Bueno ya había anunciado públicamente meses antes. El concejal canarista reprocha al gobierno local la falta de un estudio riguroso sobre los riesgos del recurso de casación para las arcas municipales. 

Según Gabella, dada “la importancia y las posibles consecuencias económicas” que se podrían derivar de una eventual inadmisión o desestimación del recurso, el Ayuntamiento debería haber analizado antes las posibilidades reales de estimación mediante “una evaluación de los motivos concretos de la sentencia y de los errores jurídicos que se consideran determinantes para obtener su revocación”. 

El concejal de NC advierte, además, de los riesgos que entraña este procedimiento para el erario municipal, debido a la posibilidad de tener que asumir unas costas procesales, además de los gastos de representación y defensa y “del impacto presupuestario de mantener la controversia judicial”. 

La formación canarista reprocha a la alcaldesa que no se hayan contemplado alternativas para diseñar otra figura tributaria o modificar su regulación si el Supremo confirma su nulidad. “La ausencia de este análisis completo no significa que el recurso sea improcedente. Significa que los informes no ofrecen todos los elementos que podrían resultar útiles para evaluar su conveniencia desde una perspectiva jurídica, económica y de gestión pública”, sostiene Gabella, que ha pedido información sobre el dictamen formalizado con el despacho Cremades & Calvo-Sotelo y sobre su importe. 

“Se han centrado única y exclusivamente en hacer realidad lo que la alcaldesa anunció hace meses”, concluyó el portavoz de la oposición, que recrimina al gobierno municipal que sitúe los intereses políticos de Bueno “por encima de los intereses de Mogán y sus vecinos”. 

Otros contratos a despachos de abogados

No es la primera vez que el gobierno liderado por Bueno contrata a reputados despachos de abogados radicados en Madrid para tratar de solventar asuntos judiciales. Ya ocurrió cuando adjudicó un contrato menor de 15.000 euros al bufete del penalista José Antonio Choclán (letrado de la alcaldesa en la causa sobre la presunta trama de compra de votos y sus derivadas) para tratar de evitar que el Ayuntamiento de Mogán tuviera que pagar como responsable subsidiario la indemnización al vendedor ambulante de origen senegalés que fue torturado por dos policías locales del municipio. 

Más recientemente, el Ayuntamiento de Mogán pagó 17.000 euros al despacho Montero Aramburu, en el que trabaja el magistrado emérito del Supremo Rafael Fernández Valverde, para la defensa de la alcaldesa en una causa penal sobre el polémico historial de contrataciones a dos productoras emparentadas.