A Melody, con 'piel de mariposa', no le dejan dar clases: “Se basan en prejuicios, ¿qué profesor carga libros en 2026?”

Melody Rodríguez.

Iván Suárez

25 de octubre de 2026 20:21 h (Hora canaria)

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Melody Rodríguez es graduada en Filosofía, cuenta con dos másteres universitarios y forma parte de la lista de interinos para Secundaria y Bachillerato en Canarias, pero de momento no puede dar clases en la educación pública. No se lo permiten. La Comisión de Evaluación Médica del personal del sector público autonómico, dependiente de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas del Gobierno, la declaró “no apta” para la docencia en enero. Apenas dos meses antes, otro informe oficial del Equipo de Valoración y Orientación (EVO) del Centro de Valoración de la Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife había certificado, sin embargo, que puede ejercer como profesora. 

Melody tiene un grado de discapacidad reconocido del 80%. Padece epidermólisis bullosa, conocida popularmente como piel de mariposa, una enfermedad poco frecuente, genética y, hasta la fecha, incurable que causa una extrema fragilidad cutánea, ampollas y heridas con roces mínimos. DEBRA, una red global de pacientes y organizaciones sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a quienes conviven con esta patología, estima que afecta a dos de cada 100.000 personas y que hay más de 500 casos en España.

Apta para la oficina, no para el aula

En el caso de Melody se produce una paradoja. Está en dos listas de interinos: la de empleo docente en Secundaria y Bachillerato, en la especialidad de Filosofía, y la de técnico en administración general. En la primera no le permiten ejercer. En la segunda, sí. Desde mayo de 2024 trabaja como personal no docente precisamente en la Consejería de Educación. Fue declarada apta para este puesto y cubre una vacante. Se encarga de la gestión de contratos. “En estos dos años no he cogido ni una baja y trabajo sin adaptación ninguna”, cuenta.

Melody explica que “dentro de poco” se le acaba el contrato y que, por eso, pensó en activarse en la lista para ejercer como profesora de Filosofía, para lo que se ha formado: “En julio miré porque como venía septiembre me interesaba que me llamaran. Mi sorpresa es que al entrar aparezco como no disponible de oficio”. Tras preguntar, tuvo conocimiento de que la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado (Educación) había adoptado esa decisión después de que la inspección médica la declarara no apta para el puesto de docente.

La afectada señala que nadie le comunicó esa resolución de la comisión médica y que tampoco la citaron para examinarla. “Ellos saben quién soy, trabajo en el mismo edificio y ya me citaron aquella vez (cuando fue llamada para trabajar como personal no docente)”, dice.

Melody.

Un “no apta” en una sola frase

La Comisión de Evaluación Médica es un órgano colegiado que depende de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos (Consejería de Administraciones Públicas). Se encarga de valorar la capacidad y aptitud del personal autonómico para desarrollar determinadas funciones. El informe sobre Melody, fechado en enero de este año, se limita a declarar a la empleada pública “no apta” por “presentar patología grave y/o incompatible con los requerimientos del puesto”. No dice qué tareas no puede realizar ni si es posible una adaptación del puesto para poder ejercer como docente.

Ahora hay una propuesta de resolución que puede excluirla de las listas docentes. La información que se le ha trasladado de manera verbal es que no puede cargar libros ni exponerse en un aula, que supone un riesgo. “¿Para quién es un riesgo? ¿Qué profesor carga libros en 2026? Me están cerrando opciones laborales sin ninguna fundamentación más allá de sus prejuicios”, denuncia Melody, que recuerda que ya trabajó como docente sin ninguna incidencia cuando realizó prácticas en el Máster de Formación del Profesorado y que entiende que la actuación de la administración es discriminatoria.

“La enfermedad no me impide escribir ni utilizar el ordenador. Yo he estado escolarizada, he trabajado durante años sin ninguna baja ni adaptación. Soy docente de Filosofía para Secundaria y Bachillerato. No es para infantil, que tendría que coger a niños”, explica.

“Imposibilidad de llevar y coger peso”

Melody ya ha presentado alegaciones contra esa propuesta para excluirla de las listas docentes. La profesora incide en que hay un informe oficial donde se hace constar que dispone “de capacidades residuales suficientes para la realización del puesto solicitado (docente)”. Ese dictamen fue elaborado por el Equipo de Valoración y Orientación (EVO) del Centro de Valoración de la Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife (dependiente también del Gobierno regional) en noviembre de 2025, dos meses antes de que Inspección Médica la declarara no apta para trabajar como profesora de Filosofía en la educación pública.

Ese informe del EVO identifica como única limitación funcional “la imposibilidad de coger y llevar peso” y la conveniencia, para facilitar el trabajo, de disponer de un teclado adaptado, aunque precisa que puede utilizar un teclado convencional.

“Se trata, por tanto, de limitaciones perfectamente delimitadas y que, por su propia naturaleza, no determinan una incompatibilidad sustancial con las tareas habituales de la función docente”, señala en sus alegaciones la afectada, que añade que este dictamen no se trata de “un informe genérico sobre discapacidad, sino de una valoración técnica emitida por el órgano especializado en la materia” y sobre el puesto de profesora. Melody aportó ese informe a la administración precisamente para regularizar su situación en las listas de empleo docente.

Melody sostiene en sus alegaciones que, en caso de que mantenga dudas sobre su capacidad funcional a pesar de lo expuesto, la administración no debe resolver en su contra “sobre la sola base del escueto informe de 2026”, algo que en su opinión “no resultaría jurídicamente procedente”. En su lugar, reclama una nueva valoración médica “individualizada y contradictoria” antes de adoptar una medida que pueda impedirle acceder al empleo público docente. Es decir, un procedimiento en el que pueda aportar las pruebas y discutir las conclusiones.

Melody Rodríguez.

Esa valoración, según la afectada, tendría que ponderar expresamente cinco elementos: el dictamen del EVO de noviembre de 2025, su evolución clínica entre ambas fechas, las tareas esenciales de la especialidad docente, su experiencia profesional y las adaptaciones razonables posibles. También pide acceder al expediente completo: la solicitud que originó la valoración, la documentación que se envió a la Comisión Médica, las actuaciones practicadas y el informe completo y motivado que sustenta la declaración de “no apta”.

“Los límites, que se los pongan ellos”

Aira Megías, trabajadora social de DEBRA, asociación a la que pertenece Melody y con la que ha estado en contacto, asegura que nunca se había encontrado algo así en el sector público. “Es la primera vez que me enfrento a un rechazo de este tipo. Nunca nos había llegado algo similar”. Según explica, la primera barrera laboral de las personas con piel de mariposa es física, porque hay trabajos que exigen un esfuerzo “que no pueden hacer” y que son los propios afectados quienes deciden no optar a esos empleos, pero “la mayor”, precisa, “es el desconocimiento”. “Si no sabes en qué consiste la enfermedad y qué repercusiones físicas puede causar, no vas a saber cómo adaptar el puesto de trabajo. Ese rechazo se ve sobre todo en el sector privado”, dice.

Megías destaca que muchos afectados ejercen en la administración y en tareas de oficina y que las adaptaciones suelen ser instrumentales. Por ejemplo, en el uso del ordenador, según el tipo de enfermedad y la capacidad de manipulación. “En la forma distrófica, una de las complicaciones principales es la retracción de las manos, con sindactilia (unión de los dedos). Aun así, hay adaptaciones que permiten trabajar”, apunta.

La trabajadora social incide en que Melody “es una persona muy capaz, muy coherente y muy valiosa” y que “ya ha demostrado que es válida porque ha estado trabajando a nivel de administración”. Dar clases de Filosofía en Secundaria o Bachillerato “no supone un cambio muy significativo”. Pone de ejemplo a otra persona que trabajó durante muchos años como auxiliar de enfermería hasta que la enfermedad evolucionó y tuvo que dejarlo.

Megías explica que la asociación forma a equipos sanitarios y sugiere que en la decisión de la Comisión de Evaluación Médica puede haber cierto “paternalismo”. Para la trabajadora, se trata, en cualquier caso, de un acto discriminatorio. “Los límites, mejor que se los pongan ellos, que sean ellos los que nos digan hasta dónde”, sostiene.

La trabajadora social remarca el impacto emocional que decisiones de este tipo tienen sobre la persona que padece esta enfermedad poco frecuente. La asociación acompaña a Melody y la asesora sobre la vía legal para que no tenga que renunciar a la docencia, “a lo que desea”.

Consultada por este medio, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de la que depende la Comisión de Evaluación Médica, se limita a responder que “es información confidencial” y que la afectada “tiene la vía administrativa para reclamar”. Por su parte, la Consejería de Educación tampoco se pronuncia por el mismo motivo. El 24 de agosto Melody presentó alegaciones en el procedimiento que Educación (sobre la base de ese informe médico) abrió el 13. Sigue pendiente de resolución. 

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