Mogán recurrirá ante el Supremo la anulación de la tasa turística: “No tiene afán recaudatorio”
El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) ha negado este martes que la tasa de quince céntimos de euro diarios que cobra a toda persona que pernocta en un establecimiento turístico de su municipio persiga un afán recaudatorio, cree que está justificada y defenderá su legalidad ante el Tribunal Supremo.
En rueda de prensa, la alcaldesa, Onalia Bueno, y el director general de la entidad Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, han anunciado que recurrirán el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) favorable a la patronal del sector turístico y han recordado que la tasa sigue en vigor hasta que se dice una sentencia firme.
El Consistorio de Mogán prepara ya los argumentos en los que fundamentará su recurso ante el Supremo, ya que considera que el servicio, la actividad y la finalidad a los que responde la tasa turística están “suficientemente justificados” y que el TSJC ha incurrido en “contradicciones” al anular ese tributo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC declaró contraria a derecho la tasa turística que cobra desde hace un año Mogán al estimar que “ni de lejos” cumple el principio legal de que lo recaudado paga un servicio prestado por el Consistorio.
“Al menos, nada ha acreditado la entidad demandada (el Ayuntamiento de Mogán) al respecto, siendo seguro que lo recaudado merced a la controvertida tasa no tiene como finalidad solventar el servicio, también ignoto en sus aspectos cruciales, que constituye el hecho imponible de la citada tasa turística”, concluye la sentencia.
A juicio de la alcaldesa de Mogán, el recurso de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) estimado por el TSJC “no se ajusta a la realidad del tributo, ignora la capacidad normativa de las entidades locales y pasa por alto la documentación técnica aportada por el Ayuntamiento”.
Onalia Bueno sostiene que “la legislación vigente permite a los municipios crear nuevas tasas siempre que cumplan los requisitos legales”, como afirma que ha ocurrido con la tasa turística de Mogán.
Entre otros ejemplos, ha mencionado la ecotasa creada y aplicada por el Cabildo de Tenerife, además de otras como las establecidas en Catalunya o Vigo, con tributos finalistas vinculados a la prestación de servicios, especialmente en materia de sostenibilidad y gestión de recursos naturales.
Bueno ha recordado que el propio tribunal aplaude el “loable” esfuerzo de Mogán por “garantizar la sostenibilidad del territorio”, aunque luego “termine tumbando la tasa por considerarla recaudatoria sin aportar prueba alguna, contradiciendo su propio reconocimiento previo de la finalidad sostenible del tributo”.
La alcaldesa de Mogán aprecia además “vaguedad técnica” en la sentencia del TSJC, que, a su juicio, “no entra en el fondo” y, por tanto, “no aclara nada en relación a la ordenanza de la tasa turística para poder corregir errores”.
También el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, ha defendido que las razones en las que se fundamenta la sentencia “no cuentan con una motivación jurídica técnica suficiente como para desmontar el estudio técnico-económico” del Ayuntamiento.
Además de discrepar en las fórmulas propuestas por los magistrado, Álamo “discrepa” de que la tasa turística tenga un afán recaudatorio.
“Nada más lejos de la realidad. Nosotros lo único que hacemos aquí es equilibrar nuestras cuentas, no hay más”, ya que Mogán “tiene unos gastos por unos servicios y lo que se ha hecho es calcular los ingresos que deberíamos tener para equilibrarlos y nunca pasamos un superávit”, ha alegado.
Entre los datos presentados, ha señalado que los servicios municipales afectados por la actividad turística y la sostenibilidad tienen un coste anual de 2,7 millones de euros y, dado que los turistas representan el 44,75% del uso de esos servicios, les corresponde financiar 1,2 millones de euros.
Esta tasa, ha insistido, “no tiene el fin de financiar otras actividades municipales o gravar al turista por el mero hecho de serlo, es exclusivamente para los servicios sostenibles que este recibe, tal como exige la normativa de las tasas” y que, a día de hoy, tienen “un coste no financiado aproximado de 2,7 millones de euros”.
Sobre la patronal del sector turístico, la alcaldesa de Mogán ha lamentado que “defienda solo sus intereses”, ya que cree que pretende que “no se implante ningún impuesto y ninguna tasa”-
“Aquí se quejan y recurren, pero en otros puntos del mundo donde están implantadas estas mismas cadenas hoteleras pagan la tasa”, ha reprochado Bueno a las empresas adscritas a la FEHT.
Para la alcaldesa de Mogán, eso es “tirar piedras sobre su propio tejado”, ya que los empresarios son los primeros interesados en que las inversiones que han realizado en el destino “vayan acompañadas de inversiones en las infraestructuras públicas que están alrededor de los establecimientos turísticos”.
Además, ha opinado que el argumento de que cobrar una tasa iba disuadir a los turistas de elegir Mogán con lugar de vacaciones “ha quedado desmontado por los datos, tanto de gasto medio por persona como de afluencia de turistas, que se ha incrementado en el mismo volumen que ha incrementado el resto de municipios”.
Desde que implantó la tasa en 2025, Mogán ha recaudado “alrededor de un 1,4 millones de euros”, unos fondos que mantiene “congelados” hasta que se dice una sentencia firme“.
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