El Gobierno canario reduce el papel del director de Costas en Cuna del Alma a “firmar un informe favorable”

El director general de Costas y Gestión del espacio marítimo canario, Antonio Acosta, sobre el Puertito de Adeje.

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El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este lunes que el Ejecutivo tiene “poca información” sobre la investigación judicial en torno a la urbanización turística de lujo Cuna del Alma, que se desarrolla en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, y ha reducido la participación del director general de Costas -que ha sido citado a declarar como investigado- a la “firma de un informe favorable”.

“Es la información que tenemos en este momento, por supuesto, máxima transparencia y colaboración con los organismos judiciales”, ha comentado a los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno y haber conversado con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

Antonio Acosta, nombrado por Coalición Canaria, ha sido citado para el próximo 14 de septiembre a las 10.00 horas. Se suma así al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, también citado a declarar como investigado, y al representante legal y administradores de la promotora del proyecto, Segunda Casa Adeje SL. Todos ellos declararán el 13 de agosto.

La magistrada también ha citado, pero en calidad de testigos, al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental del Gobierno canario, José David Marín, y al técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Ambos comparecerán el 16 de julio.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras instalaciones.

La Dirección General de Costas del Ejecutivo autonómico dio el visto bueno al entender que esas instalaciones beneficiaban a la actividad turística, tal y como adelantó Canarias Ahora.

Esas obras forman parte de la urbanización de 420 villas de lujo proyectada en este paraje, rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico. Sin embargo, solo ocupan el 5,25% de la parcela T2, de unos 45.000 metros cuadrados. El proyecto completo abarca cerca de 430.000 metros cuadrados.

La jueza ordenó paralizar las obras en la zona de servidumbre tras estimar la solicitud de la Fiscalía, que concluyó que los usos previstos por la promotora en esa franja de protección del litoral son incompatibles con la Ley de Costas.

La magistrada ha rechazado, no obstante, extender la suspensión cautelar a todo el proyecto, como había solicitado la acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, a raíz de un informe pericial. Lo hace asumiendo el criterio de la Fiscalía, según el cual “el presente procedimiento penal se centra en las obras autorizadas en la zona de servidumbre, por lo que no procede adoptar medidas respecto del resto”.

La querella que dio origen a la causa sí se dirigía contra toda la urbanización de lujo por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación en la tramitación de la iniciativa.

La Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre (que incluye a la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la familia Galindo, La Gaveta20A, el Tagoror Permanente de El Puertito de Adeje y Rebelión Científica, además de particulares) llegó a aportar un informe pericial elaborado por nueve expertos que estima que dos tercios del Puertito de Adeje ya han sido dañados por las obras de Cuna del Alma.

Pero la jueza ha cerrado la puerta a paralizar todo el proyecto sin entrar en el fondo del asunto y limitándose a señalar que el procedimiento penal solo investiga las obras ejecutadas en la zona de servidumbre.

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