La promotora de Cuna del Alma pidió sin éxito una orden de alejamiento contra cualquier persona opuesta al proyecto

La promotora del polémico proyecto turístico Cuna del Alma solicitó sin éxito a la justicia que prohibiera entrar al lugar donde está construyendo sus villas de lujo, el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), a “cualquiera que quiera protestar u oponerse” a las mismas, según documentación vista por Canarias Ahora.

La orden de alejamiento fue solicitada en el marco de una querella interpuesta en 2022 por la Junta de Compensación de la iniciativa, su director, Andrés Muñoz, y la empresa Segunda Casa Adeje contra más de veinte activistas después de que la tensión entre ambas partes escalara en el verano de ese mismo año, cuando se produjo una acampada reivindicativa ante el avance de las obras.

El proyecto luego fue paralizado durante año y medio. Pero cuando se reactivó en abril de 2024 con el vallado perimetral de la zona, los promotores de Cuna del Alma pidieron una orden de alejamiento de sus terrenos para los propios activistas y solicitaron que esta se hiciera “extensiva” a cualquier persona opuesta a la polémica urbanización de lujo, que ha protagonizado gran parte de las protestas contra la masificación turística en Canarias en los últimos años.

La medida nunca fue resuelta porque el juzgado de Arona que la tramitó la incorporó “por error” a un procedimiento judicial distinto, según consta en una resolución del 21 de enero de este año, manteniéndola por tanto en un cajón durante más de doce meses. La jueza preguntó entonces a los promotores de Cuna del Alma si seguía siendo necesaria estudiarla. A lo que respondieron que no, que los querellados, es decir, los activistas, “ya no están realizando actos violentos ni interfiriendo con el normal desarrollo de las obras”. Y solo la han pedido para uno de ellos, para el que solicitan que no se acerque a menos de dos kilómetros del Puertito de Adeje.

Una sentada “pacífica” contra el proyecto

Los promotores de Cuna del Alma buscaron prohibir el acceso de cualquier persona opuesta al proyecto alegando acciones de los activistas que “de forma continuada” entorpecían el desarrollo de los trabajos y ponían “en peligro” la integridad física de los trabajadores de la obra y de ellos mismos.

La petición de la medida cautelar dice que del día 22 de abril de 2024 al 30 de ese mismo mes, los activistas penetraron en los terrenos de la promotora y presuntamente coaccionaron a los operarios que allí estaban “con la intención de parar los trabajos”. También menciona una sentada en la pista de acceso a la zona de los trabajos, “en un nuevo intento de impedir” su desarrollo. E indica que, por las tardes, cuando los trabajadores ya habían finalizado su jornada, los soportes colocados durante el día para sujetar el vallado eran derribados.

La solicitud incorpora imágenes de uno de los activistas, precisamente contra el que persiste la petición de orden de alejamiento, tirando esos soportes. También estima los “daños causados” en más de 5.000 euros.

Un informe de la Guardia Civil solicitado por la jueza confirma que agentes de la Benemérita se personaron el 22 de abril de 2024 en El Puertito de Adeje porque se había dado el aviso de que el vallado de Cuna del Alma estaba “afectando” a la viborina triste, la planta endémica hallada en la zona que provocó la paralización de las obras hasta que el Ayuntamiento autorizó su traslado. Autorización que ha sido denunciada en los tribunales por la asociación ecologista Salvar La Tejita.

Los agentes también acudieron el 23, el 24, el 25, el 29 y el 30 de abril al lugar, siempre “porque varios activistas impiden el normal desarrollo de las obras”, según su escrito. En el acta del día 30, al que ha tenido acceso este periódico, se describe la sentada en la pista de acceso, se detalla que los activistas fueron advertidos de que debían “dejar el paso libre para la continuación de los trabajos”, a lo que ellos se negaron “rotundamente”, y también se reseña que “durante el transcurso de toda la protesta, la actitud de estas personas que protagonizaron la sentada fue pacífica, sin proferir amenazas o insultos contra los agentes, personal de seguridad y operarios presentes”.

Ese fue uno de los motivos esgrimidos por la defensa de gran parte de los manifestantes contra la orden de alejamiento: el carácter pacífico de sus reivindicaciones. “No hay ni un solo elemento de violencia en el desarrollo de la ejecución del derecho de protesta en los días 22, 23 y 30 de abril”, dijo en la contestación a la petición de la medida, agregando además que “ninguna” de las denuncias presentadas contra ellos por haber vulnerado derechos fundamentales de operarios, personal de seguridad o la propietaria del terreno o de la ejecución de la obra había “prosperado”.

La defensa también sostuvo que las manifestaciones estaban desarrollándose en suelo público, no en el interior del terreno de la obra ni en zona de carácter privado. En el escrito se incorporó un extracto de un informe de la Guardia Civil que reconoce que el lugar donde se produjo la sentada del 30 de abril (un camino de acceso a las obras con plataneras), “es de tránsito público”.

Otro de los argumentos fue que, al haber tardado la justicia cinco meses en trasladar la solicitud de la medida a las partes, y con el vallado ya terminado de forma “exitosa” y las obras reactivadas, era “innecesaria” y desproporcionada “dada cuenta de que supone una restricción de derechos fundamentales que a día de hoy no se encuentra justificada”.

Más aún, continúa el texto, si la prohibición iba a ser prácticamente universal. “Solo podemos concluir que lo que se busca con la solicitud de la medida es la restricción del derecho fundamental a la libertad de expresión y derecho fundamental a la manifestación, no, realmente, la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares o a otras personas”. La defensa recordó que la actividad de manifestación o concentración le estaba resultando “molesta” a los promotores de Cuna del Alma, “el proyecto que ha suscitado mayor interés y controversia social y pública en Tenerife en la última década”. Y que por eso buscaba su “represión” con la orden de alejamiento.

La Fiscalía nunca se posicionó a favor o en contra de la medida. En un escrito de septiembre de 2024 se limitó a pedir más pruebas sobre los supuestos sabotajes que denunciaba la empresa, así como una tasación pericial de los daños denunciados.

El informe de la Guardia Civil, por su parte, no solo detalla las veces en las que se personó en El Puertito en abril de 2024, sino también en mayo (días 2, 3, 6, 7, 8 y 10 de ese mes, casi siempre porque “un grupo de activistas impide el normal desarrollo de las obras), en junio (días 17 y 18, porque ”un activista increpa a personal durante los trabajos“ y ”por un nuevo incidente con resultado de lesiones, (…) de las que se deriva un juicio inmediato por delito leve“), en agosto (días 10 y 16, ”por daños intencionados al tirar varios de los manifestantes parte del vallado de la obra“ y por un ”incidente con un activista que accede al interior del recinto“) y en noviembre, cuando uno de los activistas se subió a una máquina retroexcavadora, ”impidiendo los trabajos (…) con detención de esa persona, y dictándose orden de alejamiento durante cuatro meses“.

La Benemérita recoge asimismo en su escrito que los integrantes de los grupos de protesta han tenido “varios puntos de concentración”, pero que fundamentalmente han estado en la acampada reivindicativa instalada en 2022, “dentro de los terrenos de titularidad de la Junta de Compensación [del Puertito de Adeje]”. Cuando uno de los activistas se subió a una máquina de trabajo también lo hizo en suelo privado, puntualizan los agentes, y una de las manifestaciones celebradas a finales de 2024 realizó un recorrido “por el margen exterior de la valla, la cual fue en un trazado derribada”.

El informe concluye que “la problemática en Cuna del Alma dimana de los movimientos y colectivos sociales contrarios al modelo turístico con el desarrollo de este tipo de proyectos”.