El Gobierno de Clavijo aprueba su propuesta de 'decreto Canarias' y pide el apoyo del PSOE
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la propuesta del 'Decreto Canarias' que se remitirá ahora el Parlamento en forma de comunicación para recabar aportaciones de los grupos parlamentarios.
En rueda de prensa, el presidente, Fernando Clavijo, ha insistido en que el texto trata de garantizar el “avance” de las islas en un contexto “incierto”, actualizar las partidas de los PGE de 2023 y “cumplir” con los compromisos de la 'agenda canaria'.
En ese sentido, ha dicho que el contenido fue avalado por PSOE y PP al comienzo de la legislatura por lo que cree que los socialistas buscan “excusas” para no apoyarlo. “Tienen el documento y los votos”, ha agregado, subrayando que en principio debería ser avalado de forma holgada en el Parlamento.
Ha apuntado que su Gobierno ha trabajado de manera “proactiva” desde agosto del año pasado cuando pactó esta hoja de ruta con el presidente Pedro Sánchez ante la “fragilidad” parlamentaria del Gobierno central, y remarcado que el documento “no va contra nadie” sino “a favor de Canarias”.
Frente a las críticas de los socialistas canarios, el presidente se ha preguntado “qué artículo” no está en la 'agenda canaria', el Estatuto de Autonomía ni los PGE de 2023 y ve “un pinto infantil” su exigencia de aprobar un decreto de competencias canarias.
Ha dicho que su Ejecutivo está “gobernando” y tiene tres presupuestos ya aprobados, algo que no ha hecho el estatal y ha insistido en reclamar “unidad” para afrontar la negociación con el Estado y evitar que el “ambiente tóxico” de las Cortes Generales llegue al archipiélago.
“Si mostramos unidad, Canarias triunfará, si no se prueba el decreto, a quien castiga es a Canarias y a los más vulnerables”, ha indicado.
Clavijo ha precisado que falta por añadir las aportaciones de los cabildos, si las hubiera, y del Consejo Asesor, con quien se reúne este martes, y ha avanzado que a finales de este mes solicitará una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abrir las negociaciones.
El presidente ha incidido en que el texto es “serio, riguroso y solvente” para dar “cumplimiento” a los acuerdos alcanzados con el Gobierno central y cree que si no se aprueba “será que el Gobierno no quiere cumplir lo firmado”.
Sin embargo, este mismo lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que la mayoría de las propuestas de este decreto son nuevas y no están incluidas en la llamada Agenda Canaria. Es decir, no se han pactado previamente. Por ello, invitó al Gobierno canario a presentarlas como nuevas propuestas, en vez de reclamarlas como algo ya acordado entre ambas administraciones.
Pese a ello, Clavijo ha insistido en que el decreto, que consta de cuatro capítulos con un total de 50 medidas y varias disposiciones adicionales, cuenta entre sus principales aportaciones con “todos los compromisos” suscritos con la Agenda Canaria (caso de los 45 millones del plan de empleo, 42 millones para infraestructuras educativas o la gratuidad del transporte, que ha ayudado a mejorar la movilidad y ha supuesto un “alivio” para la economía de los hogares“.
En el caso de La Palma se vuelve a pedir la bonificación del 60% del IRPF para que se descuente mes a mes y el abono de los 100 anuales para la reconstrucción. Sin embargo, el nuevo decreto lo extiende hasta 2028, mientras que lo pactado recoge solo hasta 2027, ha recordado Torres.
Más fondos para dependencia y vivienda
El segundo capítulo tiene, según el Gobierno canario, un marcado carácter social e incluye que las administraciones canarias tramiten el Ingreso Mínimo Vital, que se permite un complemento autonómico a las pensiones no contributivas, una partida de 120 millones anuales para dependencia -el Estado solo aporta el 22% de los fondos y le corresponde el 50%, señala el Ejecutivo regional- y 105 millones para la construcción de vivienda.
En el campo salarial, el decreto propone que las administraciones públicas canarias pueden subir un 2% adicional a quienes cobren por debajo del 150% del salario mínimo interprofesional o que se bonifique la cuota de la seguridad social a las empresas privadas que suban retribuciones por encima de convenio.
En los dos últimos capítulos se incluyen las compensaciones del Estado al archipiélago por su lejanía, caso del abono del Posei adicional, y garantizar y actualizar el convenio de carreteras.
Igualmente, ha detallado Clavijo, hay varias disposiciones adicionales que abordan la financiación de plazas de la Policía Canaria, el desarrollo del convenio ferroviario o participar en la toma de decisiones en las relaciones de España con Marruecos.
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