La Fiscalía rechaza investigar por qué el Gobierno de Canarias no ha cobrado 15 millones en multas medioambientales

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha rechazado la denuncia presentada por el colectivo ecologista Turcón por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y administración desleal en el Gobierno de Canarias por no cobrar multas medioambientales valoradas en 14,8 millones de euros.

El Ministerio Público, en un decreto firmado a mediados de abril de este año, ha archivado la denuncia sobre el “mal funcionamiento” de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), el órgano encargado de proteger el medio ambiente del Archipiélago y de sancionar las infracciones contra el territorio, por tratarse de una acusación “genérica” que, además, excede sus funciones.

La Fiscalía explica que “no es un órgano fiscalizador de ningún otro órgano”, salvo que su funcionamiento constituya en sí mismo un “hecho constitutivo de infracción penal”. Aclara que todo lo relacionado con la actividad contable de una institución (como las partidas presupuestarias, las sanciones que no se cobran o las medidas que no se ejecutan), cuando se denuncia de manera “genérica”, corresponde a una actuación de auditoría reservada que no le compete. Y añade que hacerlo constituiría una “investigación prospectiva” no amparada por el marco legal.

El Ministerio Público matiza en el decreto que todo cambiaría si se denunciara una “inactividad concreta” de la ACPMN o de otro organismo público, supuesto en el que sí podría valorar si se ha cometido un delito. Sin embargo, en este caso, “visto los amplios términos en que se expresa la denuncia, no es posible apreciar la existencia de un genérico dolo existente en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural encaminado a dejar, de forma voluntaria y consciente, de cumplir sus funciones, causando de manera deliberada un quebranto al patrimonio público”.

La cifra de las multas sin cobrar a las que se refiere la denuncia de Turcón fue revelada en un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del sector público canario señaló en ese documento que existen “múltiples deficiencias en el procedimiento recaudatorio” de la ACPMN que dejan entrever “elementos indiciarios de que se está ocasionando un perjuicio al erario público”.

Casi la mitad del importe de las sanciones, 6,6 millones de euros, procede de ejercicios anteriores a 2018. Pero la pasividad se repite año tras año: 1,1 millones en 2021; 2,8 millones en 2022; y 3,8 millones en 2023. La Intervención General de la Comunidad Autónoma remarca que se trata de “una falta de seguimiento del proceso recaudatorio”.

Las infracciones medioambientales “muy graves” en las Islas caducan a los tres años de adquirir firmeza administrativa. Las “graves” y las “leves”, a los dos y uno, respectivamente. Así que es más que probable que una buena parte de las sanciones pendientes de cobro ya haya prescrito.

Poco después de conocerse el informe de la Audiencia de Cuentas, la ACPMN, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), anunció en la Cadena SER un “plan de choque” para cobrar las multas, con un “refuerzo del servicio” y un programa de actuaciones previsto para seis meses, dijo la directora de la ACPMN, Montserrat Ortega.

En agosto, siete meses después de aquellas palabras, la Agencia asegura estar “formando” ahora a una persona para que se centre “exclusivamente” en esta labor desde septiembre, así como al nuevo jefe de servicio cuando se incorpore. Fuentes del organismo detallan que ese aprendizaje “tiene que ver con el manejo de los programas contables para incorporar los datos de los expedientes, analizar su estado e impulsarlos”.

Esto último parecía imposible hasta hace apenas unos meses. La ACPMN llegó a reconocer a Canarias Ahora, a raíz de una solicitud amparada por la Ley de Transparencia que pedía conocer los nombres de las empresas sancionadas, que identificar a esas compañías supondría una carga de trabajo tan extraordinaria que directamente paralizaría su actividad.

La Agencia se escudó en que cuenta con un programa informático obsoleto que no ha digitalizado los listados de los procedimientos sancionadores y que tendría que realizar un “análisis administrativo expediente a expediente” (destacó que eran “miles”) a partir de la documentación física, lo que el órgano llama el “legajo correspondiente”.

Por otro lado, fuentes de la ACPMN defienden que ya existe un informe jurídico favorable que permite al órgano firmar un convenio con la Agencia Tributaria para que esta se encargue de la gestión recaudatoria. Aunque habrá que esperar a enero de 2027 para impulsarlo de manera definitiva.

Esas mismas fuentes añaden que los procedimientos sancionadores en fase voluntaria de pago ya han sido incorporados al sistema, mientras que los que se encuentran en “vía ejecutiva” están siendo enviados a la Agencia Tributaria “en situación de apremio”. Hasta ahora, aseguran, se han remitido multas por valor de dos millones de euros.