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De la investigación a posibles embargos: las claves del cerco del Tribunal de Cuentas al ático del Gobierno de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, en un acto de campaña en Barcelona.

Elena Herrera / África Gelardo Arrebola

21 de noviembre de 2026 22:10 h

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El Tribunal de Cuentas investiga indicios de malversación de fondos públicos en la compra por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. Las pesquisas han avanzado a la fase de actuaciones previas, el equivalente a la investigación judicial. Y el próximo hito será el nombramiento del delegado instructor, un alto funcionario de la institución que hace tareas semejantes a las del juez instructor en el procedimiento penal, informan a elDiario.es fuentes del órgano. 

Esta figura recabará información y documentos para tratar de aclarar la relevancia contable de las denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y varios particulares. Estas denuncias están en el origen de la investigación sobre la compra de un ático que la propia Isabel Díaz Ayuso calificó por primera vez de “error” el pasado viernes tras meses de polémica. “No por lo que hicimos, sino por cómo lo explicamos”, dijo en una entrevista. 

La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que se iba a usar para oficinas y celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. 

Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta por casi 6,7 millones de euros, si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. Según anunció entonces el consejero de Presidencia y portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, tomaban esta decisión para destinar el dinero obtenido a la recuperación tras los incendios de la sierra, solo un día después de que saliera a la luz en prensa que la Comunidad había adquirido el ático en abril. Por ahora y después de meses, el inmueble se encuentra en oferta pública permanente: no se consigue vender y tampoco se usa. 

El auto que acordó seguir adelante con la causa tras las diligencias preliminares subraya que los hechos denunciados “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. E indica que los denunciantes aportaron “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”.

Esa resolución lleva la firma de la consejera de Cuentas Rosario García Álvarez, que era magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta su nombramiento para el Tribunal de Cuentas a propuesta del PSOE. A partir de ahora, será la Comisión de Gobierno del organismo la encargada de elegir al delegado instructor entre el funcionariado del propio Tribunal. Se trata de un cargo de “obligada aceptación”. 

La Comisión de Gobierno es la de más poder del organismo porque distribuye los asuntos entre las secciones. Está formada por la presidenta, Enriqueta Chicano, y las presidentas de las secciones de Fiscalización y Enjuiciamiento, Dolores Genaro Moya y Rebeca Laliga Misó, respectivamente. Las dos primeras fueron elegidas a iniciativa del PSOE y la tercera fue propuesta por el PP en la última renovación del órgano pactada en 2021. 

El Gobierno de Ayuso ya adelantó que pretende recurrir el auto del Tribunal de Cuentas. Un día después de que se conociera la decisión del órgano fiscalizador, la presidenta de la Comunidad la achacó a la “manipulación de la opinión” por parte del PSOE. “¿Por qué una consejera del PSOE en el Tribunal de Cuentas recoge una denuncia del PSOE, lo informan en la televisión pública que ha comprado el PSOE y entonces lo irradian a todos los medios que trabajan dirigidos desde el PSOE?”, preguntó la líder madrileña en un mitin.

Investigación por parte de un funcionario

La fase de actuaciones previas en la que se encuentra ahora el expediente del ático será comandada por un alto funcionario que suele ser letrado o auditor del propio Tribunal de Cuentas, de acuerdo a las fuentes consultadas. Durante este trámite serán citadas las partes: los denunciantes (PSOE, Más Madrid y el abogado Javier Flores) y los denunciados (la Comunidad de Madrid y la empresa pública Planifica Madrid, que compró el ático). Durante el desarrollo de esta fase se realizan labores de investigación con el objetivo de determinar la existencia o no de un posible daño al erario público.

Esa fase concluirá con un acta de liquidación provisional en la que se determinará, si es el caso, la cantidad presuntamente malversada y los posibles responsables. No todas las actuaciones derivan en una liquidación positiva. En 2025 se tramitaron 119 actuaciones previas, que dieron lugar a 117 liquidaciones provisionales, de las cuales 29 resultaron positivas por un importe conjunto de 4,44 millones de euros.

Si la liquidación es positiva se suele exigir una fianza —con el consiguiente embargo preventivo si no se deposita—, como ocurrió con los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso en 2021 a los líderes del procés por el dinero supuestamente desviado al procés a través de las delegaciones catalanas en el exterior y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat). 

Una vez concluida la investigación, el paso siguiente, de darse, sería el juicio en el que se determinará la existencia o no de responsabilidad contable. Esto solo sucederá en el supuesto de que la Fiscalía, el PSOE, Más Madrid o el citado abogado presenten demanda. La Comunidad de Madrid y Planifica podrán presentar sus alegaciones. 

Oídas las partes, se las convocaría a una vista previa en la que pueden solicitar distintos medios de prueba y cuestiones de naturaleza procesal. Una vez practicada la prueba, se convocaría la vista oral. Es decir, el juicio propiamente dicho, donde además de escuchar a los testigos y peritos, las partes realizarían sus alegaciones finales. 

El encargado de dictar la sentencia sería el consejero responsable de unos de los tres departamentos de primera instancia donde haya recaído el caso. Según la ley, sus 12 consejeros son elegidos por el Congreso y el Senado –seis cada uno– por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados o economistas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. Pero en la práctica es una institución muy influenciada por los dos grandes partidos, que se ponen de acuerdo para repartirse los puestos cuando expira cada mandato, con una duración de nueve años. 

Esa sentencia en primera instancia podría ser recurrida ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Esta Sala está compuesta por la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento y por dos de los consejeros de primera instancia que no han resuelto el caso previamente. 

El Tribunal de Cuentas cuenta con varios precedentes de sentencias de primera instancia que fueron revertidas por la citada Sala de Justicia. Es el caso de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y siete cargos de su Gobierno. Fueron condenados en primera instancia a pagar de su bolsillo 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre a un precio por debajo de mercado. La sentencia fue revocada gracias a los votos de dos consejeros propuestos en su día por el PP: Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano. 

Ambos también propiciaron la absolución de los dirigentes del PP Javier Maroto y Alfonso Alonso tras ser condenados a pagar casi 400.000 euros por el alquiler de un local de manera irregular cuando eran alcaldes de Vitoria. Desde 2021, el organismo tiene una mayoría progresista y está dirigido por una mujer, la jurista Enriqueta Chicano, que fue asesora en Gobiernos del PSOE. En la actualidad cuenta con seis consejeros propuestos por los socialistas, cinco por el PP y uno de consenso. 

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