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Clamor del profesorado contra la orden de “neutralidad” de Ayuso: “Al alumno que lleva una pulsera de Vox, ¿se la quito?”

Foco
Los docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, en huelga desde el 14 de octubre, durante una nueva acción de protesta, este viernes. EFE/ Rodrigo Jimenez

Daniel Sánchez Caballero / África Gelardo Arrebola

20 de noviembre de 2026 22:08 h

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Había más tensión de la habitual en la concentración docente de este viernes frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Aunque esperada, la instrucción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de controlar el “adoctrinamiento” y garantizar la “neutralidad ideológica” en las aulas ha caído como una bomba entre, como poco, buena parte del profesorado y las direcciones de los centros, que lo ven como un intento de censura, ni siquiera original porque tiene precedentes en otras administraciones conservadoras, quizá ilegal y además inaplicable.

“La neutralidad no puede convertirse en una coartada para el silencio ante la injusticia, la discriminación o la vulneración de los derechos fundamentales”, recuerda Marta Viñes, profesora especializada en educación democrática. “Educar en democracia no es adoctrinar: es formar ciudadanos libres, críticos y capaces de cuestionar las relaciones de poder, también las institucionales”.

Es más, se pregunta un veterano director de la zona de este de Madrid que prefiere no ser identificado por temor a represalias, “¿qué es la neutralidad?”. “¿Lo que tú piensas? ¿Está recogido en algún sitio? ¿Qué es política? Tener la foto del rey en el despacho, ¿es política o es cumplir la ley?”. Estas reflexiones sin respuesta se concretan cada día en el centro. “Cuando un alumno, que los tengo, lleva una pulsera de Vox, ¿es política? ¿Qué hago, se la quito?”.

“Estamos acostumbrados a que en la Comunidad de Madrid ellos decidan qué es político y cuándo algo es político”, lamentaba en rueda de prensa este viernes Aída San Millán, secretaria general de educación en Madrid de CCOO. Y recordaba que a los centros les obligaron a colgar banderas de Ucrania cuando empezó la guerra —“nos hicieron ir a por el material y firmar al recogerlo para asegurarse que nadie faltara”, añade el director— mientras les prohíben hacer lo propio con nada que recuerde a Palestina porque “es político”. O la religión en la escuela, que “podría considerarse adoctrinamiento, porque la legislación dice al respecto que somos un Estado completamente aconfesional, pero no lo somos en las aulas”.

Tampoco vio adoctrinamiento alguno Ayuso cuando el movimiento Más Plurales utilizó a niños menores de diez años para protestar contra la ley educativa que tramitaba el Gobierno (Lomloe) de la mano de algunas patronales de la escuela concertada.

Los docentes se sienten, además, señalados. Viñes dice que son “conscientes” de las “obligaciones profesionales, controles institucionales y límites legales” asociados a su profesión. “Pero una cosa es exigir responsabilidad profesional y otra muy distinta es establecer mecanismos que puedan fomentar la sospecha generalizada sobre quienes enseñamos. Una administración educativa debe supervisar a sus docentes, pero también tiene la responsabilidad de protegerlos y respaldar su profesionalidad. Ambas obligaciones son inseparables”, añade.

Tres instrucciones, tres recursos

El comité de la huelga indefinida que se desarrolla en la región hace cinco semanas va a recurrir las tres instrucciones enviadas por la consejería —esta sobre la neutralidad, otra que amplía los servicios mínimos pese a que el Gobierno regional cree que la huelga no está teniendo apenas seguimiento y una tercera sobre un plan de refuerzo— porque piensan que aunque la consejera las llame “instrucciones”, realmente están cambiando toda una ley orgánica porque “vulneran las funciones de los docentes y las de los directores”, según explicó una asesora jurídica del comité de huelga.

En el peor de los casos, añadió, las instrucciones “tienen carácter de disposición general, modifican la normativa, la amplían y la innovan, aplica a todo el curso y es estructural. Tenía que haberse regulado con una disposición de carácter general y no con una instrucción de funcionamiento ordinario de un centro”. Pero lo hacen a sabiendas, explicó, porque aunque ahora se recurra, si no hay cautelarísimas que paralicen la aplicación de la instrucción, para cuando eventualmente las desestimara el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya habrían tenido el efecto deseado.

Adimad, la asociación de directores de centros públicos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, le ha pedido a la consejera, Mercedes Zarzalejo, que retire las instrucciones por “innecesarias”. El Consejo de Directores de Educación Infantil, Primaria, Especial y CEIPSOs de la Comunidad de Madrid también emitió un comunicado en tono conciliador que advierte que el profesorado está “extremadamente molesto (...) porque siente que su profesionalidad se pone en cuestión” y pide diálogo y una rebaja en el tono, sin mencionar a ninguna de las dos partes.

Pero Ayuso engrosa la lista de insultos contra los docentes en huelga cada vez que tiene oportunidad. “Dentro del sistema, como garrapatas, se han metido a vivir de lo público personas que no aman lo que dicen defender porque solo quieren cobrar y que no les exijas nada”, dijo, en una de sus últimas declaraciones. Unas palabras que le valieron los reproches de la oposición de Más Madrid, que durante el pleno de la Asamblea cargaron contra la líder madrileña: “Lleva toda la vida chupando del presupuesto público y se atreve a llamar garrapatas a los profesores de nuestros hijos”, le espetó la portavoz del partido, Manuela Bergerot.

Ayuntamientos que dicen que no

Pese a que se enviaron el pasado jueves, las instrucciones vienen afectando a los centros desde que se anunciaron el pasado 11 de noviembre. En algunos centros se retiraron carteles o pancartas de las fachadas anticipando lo que iba a suceder. En otros han aparecido frente al edificio, en la calle, ocasionando un problema que nadie vio venir porque las instrucciones incluyen un apartado que habla de los “elementos colocados por terceros o en espacios de titularidad municipal”, o sea, fuera del espacio físico del centro y, por tanto, de las competencias de la Consejería de Educación.

Este artículo ha estallado ya en algunos centros como Nuestra Señora de la Paloma, en Madrid. Pese a que la instrucción del Gobierno regional dice que los directores no deben retirarlos, sino comunicarlo a la consejería, la inspección educativa ha ordenado a la dirección de este colegio quitar unas cintas verdes (el color de la protesta) y otros elementos similares que las familias han colocado en árboles y bolardos situados en la acera, a lo que la directora se ha negado, según han contado las familias, en un episodio que con algún matiz han referido desde otros centros.

Las cintas reivindicativas sobre un árbol frente al Colegio Público Nuestra Señora de La Paloma de Madrid que la consejería quiere retirar.

Algunos ayuntamientos de la región ya han anunciado que no lo van a permitir en el marco de sus competencias. “No existe inconveniente en que la comunidad educativa coloque pancartas u otros elementos reivindicativos en las instalaciones municipales”, recordó este jueves el de Getafe en un comunicado. “La Dirección de Área Territorial carece de potestad, al amparo de esta instrucción, para dirigir al personal municipal o disponer sobre nuestras infraestructuras. Ningún conserje o empleado municipal ejecutará la retirada de esos elementos ni aplicará la instrucción de la Comunidad de Madrid”.

Los antecedentes

Las instrucciones enviadas por la consejería tienen precedentes en otros gobiernos similares. El ejemplo más próximo es el de la Comunitat Valenciana. En agosto de este año, el gobierno del popular Pérez Llorca ya convirtió a la Inspección en una especie de policía educativa para asegurar, de nuevo, esa “neutralidad ideológica” en los centros. En este caso, la Conselleria incorporó un nuevo apartado en el documento que regula la función de los inspectores. Ahora deberán supervisar que “las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento”. También en esta comunidad autónoma cuentan con canales de comunicación para denunciar hechos que se considere que incumplen las normas. 

En Alemania, la ultraderecha de AfD arrancó en 2018 portales llamados Neutrale Schule (Escuela neutral) en diferentes regiones, como Hamburgo. Viñes, docente funcionaria en ese estado, considera que el caso tiene similitudes, pero también diferencias con el de la Comunidad de Madrid. “Lo que considero especialmente significativo, desde mi experiencia, es la respuesta de las autoridades educativas alemanas. Frente a una iniciativa que podía fomentar la desconfianza y el señalamiento del profesorado, se defendió la legitimidad de su función educativa y la necesidad de protegerla frente a posibles presiones políticas”, asegura la docente. Para la profesora la clave está en que, en este caso, quienes promueven estas actuaciones son las propias administraciones, no un partido político como en el caso alemán. En la Comunidad de Madrid, además, ya hay mecanismos de supervisión: “Me inquieta que una administración educativa pueda transmitir a su profesorado un mensaje de desconfianza”.

También hay otro tipo de antecedentes. Como el que estableció el Tribunal Constitucional en 2018, cuando anuló la sanción de un mes de empleo y sueldo impuesta en Castilla-La Mancha por el Gobierno de María Dolores de Cospedal a un profesor de Primaria que había explicado en clase por qué iba a secundar una huelga. La sanción se apoyó en parte en que el docente había incumplido su deber de neutralidad contando a su alumnado que secundaría la huelga, pero el TC explica en su sentencia que “reflejar su posición favorable al paro”, como hizo el docente, “no denota, por sí sola, un afán de adoctrinamiento o, al menos, un propósito de influir tendenciosamente en el alumnado”.

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