La concertada se echa a la calle y utiliza a alumnos menores de edad para protestar contra la 'ley Celaá'

Niños de un centro concertado, en una acción contra la ley Celaá.

La escuela concertada va con todo contra la ley Celaá (LOMLOE). La plataforma Más plurales, más libres, más iguales, formada por varias asociaciones de la patronal de escuelas concertadas, organizaciones de familias católicas, sindicatos y alguna exfalangista, ha sacado este miércoles a su comunidad educativa a la calle, alumnado incluido, para mostrar su rechazo a la nueva ley de Educación, que se aprobará previsiblemente este jueves en el Congreso camino del Senado. La plataforma no se está guardando nada en su lucha contra la nueva ley educativa: instó a los centros a mostrar su rechazo e incluir al alumnado, da igual la edad, en las protestas. Muchos colegios acogieron la idea con entusiasmo y en los últimos días las imágenes de menores, tan pequeños como de unos cinco años, portando los lazos naranjas identificativos de la campaña o participando en acciones están por todas las redes.

La patronal Escuelas Católicas, brazo educativo de la Iglesia y que posee en torno al 60% de la escuela concertada, envió una misiva a sus centros hace diez días –al menos alguna de sus delegaciones territoriales lo hizo– en la que les explicaba que la plataforma había decidido convocar un paro con dos minutos de silencio frente a las puertas de los colegios, y les instaba a que "haya una representación de la comunidad educativa (directivos, profesores, PAS y alumnos)". Al final de la protesta se ha leído, en aquellos centros que la han seguido, el manifiesto elaborado por Más plurales con los motivos de su rechazo a la LOMLOE.

Los elementos que han motivado la campaña de la escuela privada sostenida con fondos públicos contra la LOMLOE son conocidos y se pueden resumir en estos argumentos, incluidos en el comunicado que se ha leído en la puerta de los colegios: "Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado (...). La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", sostiene, pese a que en ningún sitio de tal Declaración pone que la sociedad tenga que pagar a los padres su elección educativa. "Se inventa un derecho a la educación pública –cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación–", continúa, aunque en realidad se limita a poner la escuela pública como garante de la oferta de plazas públicas; "la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa", obviando que la mayoría de los países Europeos tienen poca escuela concertada o nada y que solo tres tienen más que España; "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio", la ley deja a la materia sin contar para la media, pero sigue siendo de oferta obligatoria por los centros; "y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial", que es su interpretación de que la ley dé un plazo de diez años para dotar a los centros ordinarios de recursos manteniendo los de educación especial.

El Gobierno está indignado con la campaña. Fuentes del ministerio y del PSOE explican que pueden llegar a entender la campaña, aunque no la compartan por estar basada, aseguran, en falsedades, pero añaden que el uso de menores –hay fotos en las redes de pequeños con apariencia de estar en Educación Infantil– supera todas las líneas. "Luego dicen que en Catalunya se adoctrina", se sorprenden. También añaden las fuentes que la escuela concertada, sobre todo en ciertas zonas como Madrid, recibe a familias de todo tipo de ideologías que no necesariamente tienen por qué estar en contra de la nueva ley.

La concertada no tiene planeado parar. Varios centros están enviando misivas a las familias solicitando su adhesión a la campaña de Más plurales. El Regina Mundi de Granada, por ejemplo, poco menos deja caer que la escuela concertada va a desaparecer: "La LOMLOE afecta a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus puestos de trabajo; a los 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos", explica. Otra de un centro de Salesianos anuncia "una acción colegial de protesta" por la que va a suprimir la última hora lectiva del próximo viernes 20 para realizar una cadena humana alrededor del colegio.

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18 de noviembre de 2020 - 22:19 h

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