Ayuso cierra la crisis que mostró las costuras de su gobierno con un acuerdo insuficiente para las universidades

Isabel Díaz Ayuso cree que el acuerdo de mínimos suscrito el martes con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas le ha permitido dar por zanjada la crisis que ella misma abrió en su gobierno el pasado 19 de febrero con el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana, que provocó varias dimisiones en el ejecutivo madrileño. Se trata de un pacto que tanto la comunidad universitaria como la oposición consideran completamente insuficiente, pero que este jueves fue el único credencial que mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid durante su comparecencia en la Asamblea precisamente para hablar de las salidas después de dos semanas muy convulsas que han mostrado las costuras del gobierno regional.

Lo primero que hizo Ayuso fue justificar el cese del consejero, que fue lo que desencadenó una cascada de dimisiones: detrás de él fueron tres diputados del PP en la Asamblea, dos directores generales y Antonio Castillo Algarra, miembro de la dirección del Ballet Español de la Comunidad, al que se ha considerado una suerte de gurú de la presidenta madrileña en la política educativa. Él era, también, el líder de todos los dimitidos, conocidos internamente entre los populares como 'los Pocholos'. “Ha sido una decisión que me ha costado muchísimo tomar, pero que va a ser para mejor”, señaló ante el Pleno, después de otra turbia sesión de control a su ejecutivo en la que no escatimó en insultos contra la oposición. “Hace mucho pedí un giro en la política universitaria y esa es la razón por la que decidí que Mercedes [Zarzalejo] fuera la nueva consejera”, añadió.

No hubo ninguna explicación concreta sobre el cese de Viciana, ni una sola mención a Castillo Algarra y ningún tipo de autocrítica por la cascada de dimisiones en el área de Educación de la región. Es más, la presidenta madrileña defendió a 'los Pocholos', destacó su “profesionalidad” y aseguró que todos ellos han recibido en las últimas dos semanas “todo tipo de ataques y de insultos de manera desproporcionada e injusta”. Esa fue la única alusión a la crisis que ha agitado los cimientos de su gobierno, originada por las diferencias entre Viciana, que quería seguir asfixiando a las universidades públicas madrileñas –cercenadas por el PP durante años– con la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) y el viraje de Ayuso, que ante el profundo malestar de la comunidad universitaria decidió finalmente acercarse a los rectores.

Todo su discurso se centró precisamente en tildar de “histórico” ese acuerdo de mínimos. “Nace un nuevo proyecto, vendrá una ley de universidades, vendrá una ley de ciencia y vendrá una de consejos sociales”, anunció. Dirigiéndose a la oposición, Ayuso agregó: “Las cosas, a su pesar, van a ir mejor que nunca”. La bancada del PP, la que por sorpresa cambió su configuración por la salida de tres diputados del grupo de 'los Pocholos' y la llegada de sus sustitutos, aplaudió de forma efusiva. Este apoyo motivó aún más a la presidenta que concluyó su intervención con alabanzas al plan educativo madrileño: “Tenemos la mejor educación desde las escuelas infantiles hasta la universidad”.

Ayuso obvió que precisamente durante años la educación madrileña ha estado en manos del grupo de Castillo Algarra, también conocido como Rasputín por su aspecto físico, un dramaturgo amateur con tesis “supremacistas” y nostalgia del imperio español, según quienes le han tratado. Con el beneplácito de la presidenta madrileña, fue él quien colocó como diputados o altos cargos del área de educación a personas que trabajaron con él como actores o bailarines. Tras la caída de Viciana, todos ellos abandonaron sus responsabilidades y forzaron la reconfiguración del Ejecutivo madrileño. Este grupo, que se sitúa en sus postulados a la derecha de la dirección del PP, manejaba anualmente un presupuesto de 7.000 millones de euros con los que gestionaban a capricho la educación de los niños y jóvenes madrileños.

La oposición reprochó este jueves esta forma de gobernar. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, aseguró que Ayuso rectificó en sus planes más extremos contra la universidad pública “obligada, tras el cese de un consejero aupado por una secta de 'los Pocholos' y de Rasputín”, en alusión a Castillo. “Han retirado la ley de universidades porque los campos universitarios les han doblado el brazo”, señaló Bergerot, y “se acaban de comprometer con los rectores también obligados”.

“Ahora se echa en manos de 'los Pancetas'”, le reprochó, por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en alusión a otro grupo interno del PP en el que algunos medios han situado, por ejemplo, al portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. “Spoiler, va a salir mal porque por encima de todo están los que mandan, 'los Quirones'”, le espetó Espinar, sacando a colación la vinculación de la pareja de la propia Ayuso al Grupo Quirón. “Está bien pringada hasta arriba. 'Pocholos', 'Pancetas', 'Quirones'... en el PP de Madrid hay más bandas que en el Chicago de los años 20”, ironizó.

Una crisis cerrada, otra sigue abierta

Con el acuerdo presentado el martes, la presidenta puede haber cerrado la crisis institucional que tenía abierta con los rectores, pero la universidad sigue en pie de guerra. Una carta abierta de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, respaldada por las seis plataformas en defensa de las universidades públicas, califica de “decepción” el pacto una vez estudiada la letra pequeña de lo poco que se conoce de él (ni la Comunidad de Madrid ni los rectores han querido compartir los detalles específicos).

Las plataformas explicaron el mismo día que se firmó el texto que si la financiación pública no se acercaba al menos al 1% del PIB, la cifra de referencia en la ley universitaria, no respaldaría el acuerdo. Y no lo hace. De hecho, pacto incluido, en los próximos seis años la partida pública para financiar los campus apenas pasará del 0,4% al 0,5%. Y eso en el escenario bueno, sin contar la más que probable subida del PIB en el próximo lustro, que reducirá un poco esta cifra. La media española ronda el 0,6% y la europea el 1,2%.

Ayuso presentó el acuerdo mezclando conceptos y fuentes de ingresos para ofrecer una cifra de financiación global, 14.800 millones de euros durante seis años para los seis centros públicos, que sin ser falsa apunta a una gran subida en las partidas de la Comunidad de Madrid que no se corresponde con la realidad.

Esos 14.800 millones de euros para los seis centros públicos de los que presumió Ayuso incluyen la financiación del Gobierno regional, sí, pero también los ingresos por tasas y precios públicos, una partida diferente a la del Ejecutivo, y 2.500 millones de euros que las universidades tendrán que buscar por su cuenta. Según se va desglosando la cifra va menguando la aportación de la Comunidad.

De los 12.294 millones de euros que Ayuso dijo que iba a aportar el Gobierno regional (siempre para el periodo 2026-2031), aproximadamente un tercio corresponden al capítulo III, que son los ingresos de las universidades por tasas, precios públicos, matrículas, etc. Esa parte, que la presidenta cuenta como aportación del Gobierno, la ponen básicamente las familias (excepto las personas con beca, que en su mayor parte las otorga el Gobierno central).

Así, la subida efectiva que asume la Comunidad de Madrid será de un 41% acumulado durante seis años. En cifras: este 2026 va a aportar 1.239 millones de euros para los seis centros públicos; en 2031 serán unos 1.710 millones de euros. Eso quiere decir que, si fuera lineal, la subida anual sería de 80 millones de euros. Dicho de otra manera, el Gobierno regional subirá su aportación anual para las universidades alrededor del 6,5%. Exactamente lo mismo que ha aumentado este 2026 (75 millones de euros), una cantidad que los rectores entonces veían insuficiente (necesitaban unos 200 millones de euros, dijeron).

El resultado final del acuerdo, celebrado por las partes como “un hito”, es que, durante los seis años que cubre, la Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid un total de 2.914,2 millones de euros (485 millones al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio); la Autónoma, 1.260,5 millones (un 16% de subida media); la Universidad de Alcalá, 763 millones (6,7% más); la Carlos III, 850,1 millones (8%); la Politécnica, 1.676,3 millones (6,4%), y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros (13,2%).

La comunidad educativa articulada en torno a las plataformas en defensa de las universidades públicas rechaza el acuerdo y sostiene que no arregla los problemas de los campus. En el caso de la Complutense (UCM), la universidad con peor estado de las cuentas –ha perdido 140 millones de euros en los dos últimos ejercicios y ha tenido que pedir un crédito de 34 millones de euros a su teórica financiadora, la Comunidad de Madrid–, la transferencia que realiza el Gobierno regional no cubre los gastos actuales de personal (en nóminas, el capítulo I) ni siquiera contando toda la subida prevista en el acuerdo para los próximos seis años, según ha denunciado la CGT en una nota. En este momento, la UCM invierte 537 millones de euros en personal y recibirá de la Comunidad 485 millones de euros de media durante los seis próximos ejercicios.