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Javier Ramajo

Periodista y antropólogo, desde 2002 tocando todos los 'palos' del periodismo y la comunicación en televisión, radio, periódicos y gabinetes de prensa, pasando por las redacciones de Onda Cero Marbella, ABC de Sevilla, El Pueblo de Ceuta o Europa Press Andalucía.

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Los memorialistas andaluces convocan otra vigilia este 18 de julio para exigir la salida de Queipo de Llano de la Macarena

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 vuelve a servir de motivo a asociaciones memorialistas para reivindicar que sean retirados los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena de Sevilla "por el cmplimiento de la Ley de Memoria de Andalucía, por respeto a las víctimas del franquismo y por dignidad democrática".

De nuevo la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas (Andalucía Republicana), por tercer año consecutivo, ha convocado "una vigilia laica y antifascista en la ciudad de Sevilla", en esta ocasión apoyada por la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo. Los precedentes de esta vigilia fueron en el 2018 y en el 2017.

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La consejera andaluza de Igualdad reclama "evidencias científicas" sobre la brecha salarial después de que Vox cuestionara su existencia

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha respondido con tibieza a la propuesta que trascendió este domingo por el partido que sustenta el Gobierno andaluz, Vox, en la que pide a la Junta que negara la existencia de la brecha salarial de género entre hombres y mujeres. Ruiz, que ha participado en Sevilla en el Fórum Europa Tribuna Andalucía, no ha contradicho el postulado de la extrema derecha y ha dicho que ha solicitado a los rectores de las universidades andaluzas "evidencias científicas" que corroboren dicha brecha salarial, que los sindicatos UGT y CCOO sitúan, respectivamente, en el 24,3%en el 23,5% en la comunidad autónoma, según estudios presentados este mismo año por las organizaciones sindicales. La Encuesta Anual de Estructural Salarial, presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 21 de junio, habla de una brecha salarial en España de un 21,9% (en Andalucía, una mujer cobra 5.888 euros menos que un hombre), según la estadística oficial, que la OCDE sitúa actualmente en un 13,6% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En el turno de preguntas tras pronunciar la conferencia-coloquio 'Una nueva forma de gestionar las políticas sociales', la consejera, que el pasado febrero dijo que la brecha salarial "sigue siendo un problema muy grave", ha aludido directamente a una reunión de este 5 de julio con los responsables de las instituciones académicas en la que les pidió "ayuda" en este sentido y les trasladó la necesidad de acudir a "investigaciones rigurosas para no confundir a la ciudadanía" en esta materia. "Es una guerra que no beneficia a nadie. Es importante basarse en evidencias científicas. Que nos den datos y cifras reales", ha comentado Ruiz, señalando al respecto que resulta "necesario buscar apoyos en investigaciones externas" e indicando, en todo caso, que "la brecha salarial en el sector público andaluz no existe".

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El sistema mantiene en prisión al 'hombre sin identidad' pese a reconocerle sus "anomalías sensoriales y psíquicas" y el "deterioro" que le provoca la cárcel

A causa de su sordera prelocutiva no sabe hablar, no puede oír, no conoce el lenguaje de signos, ni sabe leer o escribir, pero el sistema judicial y penitenciario sigue siendo el único que le sigue pidiendo cuentas a José María, una persona sin filiación conocida hasta ahora y cuya particular historia hizo pública eldiario.es Andalucía hace aproximadamente un año. Y cuando una luz en forma de informe médico forense recoge oficialmente sus "anomalías importantes tanto sensoriales como psíquicas", su "deterioro cognitivo apreciable en los últimos años" (la mayoría, en prisión) o sus "muy importantes problemas de comunicación", son los propios entresijos de ese sistema, a veces inexplicables, los que no le dejan escapar de él para poder recibir una atención de acuerdo a su discapacidad y a su indiscutible situación de exclusión social, aumentada al estar inmerso desde 1991 en el "agujero negro" de las personas sordas en prisión. José María sigue en la cárcel, según ha podido saber este periódico, pese a que un reciente auto ha suspendido una de las penas de prisión que se le impuso y pese a que el sistema reconoce el peligro que corre "si no se le tutela adecuadamente".

La cuestión es que la Audiencia de Sevilla ha estimado este mes de abril un recurso de apelación interpuesto por Lorena Lozano, su abogada de oficio en una de las causas que José María tiene abiertas, todas ellas por delitos contra la propiedad. El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a la que fue condenado por un juzgado tomando como referencia un informe médico forense, emitido meses antes, donde se deja clara constancia de sus limitaciones físicas y cognitivas y donde se advierte de que el contexto penitenciario no es el más adecuado para una persona de sus características.

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La Fiscalía abre una investigación por presuntos delitos de odio en la movilización contra la apertura de un centro de menores migrantes en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias de investigación tras estudiar la denuncia de un grupo de juristas relativa a supuestas "manifestaciones de odio" registradas en la capital hispalense por parte de algunos vecinos del barrio de la Macarena, respaldados por Vox, con motivo de la apertura de un centro para menores extranjeros no acompañados acogidos por la Junta de Andalucía a través de la Fundación SAMU.

Según ha podido saber eldiario.es Andalucía, la Fiscalía Especial de Delitos de Odio y Discriminación de Sevilla ha optado por investigar los hechos denunciados y no archivar la denuncia, interpuesta el pasado 25 de junio y que se dirige contra "autores cuya identidad se desconocen pero perfectamente identificables" al haber sido registrados por la Policía. Las diligencias de investigación "en trámite", señalan escuetamente fuentes de la propia Fiscalía.

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El Defensor del Pueblo denunció hace un año ante la Junta de Andalucía deficiencias en las inmovilizaciones a menores en Oria

Dos técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), organismo dependiente del Defensor del Pueblo, y un técnico de Defensor del Pueblo Andaluz, realizaron a finales de marzo del año pasado una visita multidisciplinar al Centro de Internamiento de Menores Infractores Tierras de Oria (Almería), donde este 1 de julio murió un joven de 18 años cuya avance de la autopsia ha revelado signos de asfixia durante una inmovilización en una cama. El organismo, dependiente del Defensor del Pueblo de España, planteó a la Junta de Andalucía  -que ostenta la titularidad de centro aunque está gestionado por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO)- un par de sugerencias relativas concretamente a la aplicación de las sujeciones mecánicas, que la Vicepresidencia de la Junta respondió con un informe remitido el pasado 24 de mayo, poco más de un mes antes de la muerte del joven.

El MNPT advirtió durante aquella visita sin previo aviso que en el centro no había "un libro de registro de medios coercitivos" y una "falta de adecuación de la habitación para la aplicación de las sujeciones mecánicas". Por ello, sugirió a la Junta de Andalucía "dotar al centro de un libro de registro de medios coercitivos en el que quede consignada su aplicación, con indicación, junto con el nombre del menor, del medio coercitivo empleado, el momento de inicio y cese de la medida, el motivo de su aplicación y el seguimiento por parte del personal sanitario".

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Abogados del caso ERE salen en defensa de la jueza Bolaños tras la denuncia de la Fiscalía: "Es un auténtico desatino"

Un grupo de abogados de Sevilla que están personados en diferentes macrocausas que instruye la jueza María Núñez Bolaños han elaborado un escrito en el que defienden la actuación profesional de la magistrada y cargan contra la Fiscalía por su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "desatencion y retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE, así como en el caso Avales y en el caso IDEA, achacando también al propio Ministerio Fiscal esa supuesta tardanza como parte de dichos procesos penales.

"Nos parece no ya profundamente injusto, sino auténtico desatino afirmar que por motivo de la actuación de esta Juez, llegada al Juzgado en 2015 y con el rumbo de estos procesos ya marcado, 'está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal'" como dice Anticorrupción en su denuncia, hecha pública el pasado día 3 de julio.

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Las "incomprensibles" acusaciones del PP andaluz contra la jueza Bolaños se topan con la Audiencia: "No hay pérdida de imparcialidad"

"Porfiar: discutir obstinadamente y con tenacidad; importunar repetidamente con el fin de conseguir un propósito; intentar con tenacidad el logro de algo para lo que se encuentra resistencia". Para la Audiencia de Sevilla, "el recurrente [el PP] porfía de forma incomprensible en su infundado argumentario" para atacar las decisiones de la jueza María Núñez Bolaños, a quienes los jueces defienden pese a la reapertura de la macrocausa de la formación conocida este lunes. "No existe dato alguno que implique pérdida de imparcialidad por parte de la magistrada a quo y sólo el normal proceso de cualquier instrucción", señala la Audiencia en su auto, donde se alude a los numerosos intentos de recusación de la jueza por parte de los populares.

Las casualidades de la vida judicial han provocado que lo ordenado por la Audiencia (casi tres años después del archivo provisional acordado por Bolaños) coincida con la denuncia hecha pública por la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "desatención y retraso injustificado" en la actuación de Bolaños respecto a las macrocausas. Compañeros jueces y juezas de Instrucción de Sevilla han pedido, por cierto, "respeto" para Núñez Bolaños, a quien han trasladado su "apoyo" tras la denuncia de Anticorrupción.

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La Audiencia de Sevilla ordena reabrir la macrocausa de los cursos de formación en Andalucía como pedía el PP

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el Partido Popular de Andalucía contra el auto en el que la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, decretó en octubre de 2016 el sobreseimiento y archivo provisionales, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de la pieza principal de la causa de los cursos de formación. En esta macrocausa fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Ahora, el juzgado dirigido por Bolaños, ahora de baja, deberá practicar una serie de diligencias de investigación tanto pendientes como nuevas solicitadas por la acusación recurrente.

En un auto notificado este lunes a las partes personadas, pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciara a Bolaños ante el CGPJ por "retraso injustificado" al instruir causas, la Sección Primera de la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso del PP-A contra el auto de archivo dictado por la juez el 11 de octubre de 2016 (resolución ratificada por la magistrada el 1 de febrero de 2017) en el sentido de ordenar la práctica de las pruebas ya admitidas y no llevadas a efecto por decretarse inicialmente el sobreseimiento de la causa, cuyo objeto son las presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el periodo 2009 a 2012.

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La Fiscalía investiga si fondos de inversión radicados en paraísos fiscales marcan los precios del agua en Huelva

La Fiscalía está investigando si fondos de inversión radicados en paraísos fiscales están marcando el precio del agua en Huelva. Para ello, el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, acaba de solicitar un informe "lo más amplio y detallado posible" a la presidenta de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS), la alcaldesa socialista de Niebla, Laura Pichardo, a raíz de una denuncia de la Confederación General del Trabajo (CGT) dirigida también contra la empresa pública Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa), dependiente de la MAS. La organización puso en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que, a su juicio, podrían suponer delitos de prevaricación y de maquinación para alterar el precio de las cosas.

En un escrito de 21 de junio firmado por Flores, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el fiscal jefe señala que ha remitido oficio a la presidenta de la MAS acerca del procedimiento seguido para la fijación de los precios del agua en cuanto que prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, a fin de conocer la "verdadera naturaleza jurídica" de los hechos denunciados por la CGT, sobre las cuales ha incoado diligencias de investigación.

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Periplo laboral de Francisco Serrano: juez y parte, abogado con escaño y diputado cuestionado

"Viaje o recorrido, por lo común con regreso al punto de partida". Lo de Francisco de Asís Serrano Castro parece ser siempre lo que el diccionario de la RAE define como periplo. Una vuelta al mundo judicial, en su caso, que le sobrevuela en los últimos tiempos después de que su propio partido, Vox, le amenazara con tomar "medidas" si persistía en cuestionar una decisión, precisamente judicial, como ha sido la del tribunal que elevó la condena en firme de los miembros de La Manada. Una triple vertiente laboral (juez, diputado y también abogado) con muchos matices y, precisamente, muchas resoluciones judiciales y administrativas de por medio.

Aunque su nombre suena más en los últimos tiempos, Serrano no es nuevo ni en la justicia ni en la política. Fue el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas de 2015. Los de la extrema derecha parece que no encontraron otra opción mejor y Serrano repitió, consiguiendo sus primeros escaños (12) en un Parlamento español.

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