Andalucía y Euskadi aparcan sus diferencias por la acogida de menores y piden un plan estructural migratorio

El desencuentro institucional a finales de agosto entre los gobiernos vasco y andaluz a cuenta de la derivación de menores extranjeros procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla ha tenido este lunes un punto de inflexión a mitad de camino, en la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, entre la consejera andaluza de Inclusión Social, Loles López, y su homóloga en Euskadi, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa. Ambas dirigentes han querido aparcar las diferencias expuestas públicamente por el presidente de la Junta y el lehendakari respecto a los menores que serán reubicados paulatinamente, y en un plazo máximo de un año, en otras comunidades, y han apostado por solicitar al Gobierno de España, al unísono, un “plan estructural” en la materia.

Después de más de un año de negociaciones baldías entre Moncloa y el PP, y una vez que el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto que detallaba finalmente la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, el Gobierno andaluz recurrió al “agravio” para recordar que es “frontera sur de Europa” y que se sitúa “a 14 kilómetros del continente africano”. “¿Cuántas pateras llegan a Euskadi?”, ironizó el presidente de Andalucía, que se quejó públicamente de que en el reparto de menores Euskadi quedara fuera por acoger ya más menores de los que le corresponden. La cuestión hizo saltar al mismo lehendakari, Imanol Pradales, quien criticó a Moreno por hacer “ruido” con ello y desvelando que incluso le había telefoneado para trata de aclarar el asunto.

Ese “ruido” ha quedado este lunes en el olvido para, a cambio, centrarse en otro 'enemigo'. “Nuestra discrepancia en materia migratoria no es con el País Vasco, sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido imponer un reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla que asigna cero menores para el País Vasco y Cataluña y casi 700 para Andalucía”, ha zanjado Loles López a través de un comunicado.

Melgosa lo ha dicho de manera más suave: “Lo que creo que pedimos las dos comunidades autónomas es que al referente de la materia, sobre todo al Estado español, que tiene esas competencias propias en materia política migratoria, que haga sus deberes”, defendiendo al tiempo que Euskadi “es la frontera norte” de España y siendo comprensiva con la petición de su homóloga, pues “también Andalucía como frontera sur también reclama sus características”. El plan estructural migratorio propuesto “no solamente tiene que hablar de niños y niñas y referentes familiares, sino que tiene que hablar de todas las políticas migratorias”, ha añadido.

Es de recordar que el Ministerio de Juventud e Infancia declaró el pasado 29 de agosto la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla tras la petición de estos tres territorios. Al sistema de reubicación se oponen diez comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, que han recurrido la reforma de la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional.

López ha subrayado que en la reunión “hemos aclarado cuestiones de gran importancia, entre ellas que ”en ningún momento el lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que se estuvieran enviando al País Vasco menores migrantes no acompañados tutelados por la Junta, y mucho menos que el Gobierno andaluz estuviese detrás de la organización de dichos traslados, como pretenden señalar terceras personas, entre ellas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero“. ”Es cierto que el País Vasco sufre un flujo migratorio que proviene desde Andalucía“, ha reconocido López, para señalar que ”no podemos olvidar que somos frontera sur y tenemos una situación geográfica sensible, con casi 900 kilómetros de costa a 14 kilómetros del continente africano“.

“Hemos aclarado cuestiones de gran importancia, entre ellas que ”en ningún momento el lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que se estuvieran enviando al País Vasco menores migrantes no acompañados tutelados por la Junta, y mucho menos que el Gobierno andaluz estuviese detrás de la organización de dichos traslados, como pretenden señalar terceras personas, entre ellas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero“, ha criticado López.

El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así las cifras, la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Catalunya y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones con mayor capacidad ordinaria que, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía (645 en Andalucía, que estarían ya al cien por cien), es la cifra clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

“Seguiremos reclamando al Gobierno de España que reconozca Andalucía como Frontera Sur, del mismo modo que es lícito que el País Vasco solicite este reconocimiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez, acorde con su situación geográfica”, ha apuntado en esa línea la consejera López.