Una ley contra el “colapso” de la sanidad pública: 57.000 firmas ciudadanas fuerzan a Moreno a repensar su modelo sanitario

Apenas dos semanas después de que el Servicio Andaluz de Salud haya conseguido en pleno mes de agosto el aval definitivo a la adjudicación del acuerdo marco de procedimientos quirúrgicos para volver al concierto público con la sanidad privada, tras cinco años prorrogando contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, la cuestión sanitaria vuelve a escena con la apertura del curso político andaluz pero esta vez de la mano de la sociedad civil. En concreto de una Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, a la que acompañan los cuatro sindicatos más representativos en el sector y los partidos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía), para tratar de que se apruebe una ley en contra del modelo sanitario que abandera Juan Manuel Moreno, cuya mayoría absoluta hace más que improbable que salga adelante en el Parlamento autonómico esa propuesta “para recuperar la calidad del sistema sanitario público”.

Son más de 57.000 firmas ciudadanas las que al menos van a conseguir llevar a la Cámara andaluza unas cuestiones que han sido apartadas del debate parlamentario pese a los repetidos intentos de los partidos de la oposición y que se han centrado en el aumento de plantilla sanitaria con empleo estable, la reducción de las listas de espera y el blindaje del sistema sanitario público andaluz frente a su “privatización”, contra la que han clamado “unas 5.000 personas” este mismo martes durante el registro de la Proposición de Ley elaborada por las Mareas, que vienen acusando a Moreno y a la Consejería de Salud desde plataformas territoriales de alentar “una sanidad para ricos”.

La cuestión la ha ido sorteando el Gobierno del PP desde hace tiempo. Por ejemplo, hace casi un año, en octubre, las fuerzas de izquierdas y Vox respaldaron una iniciativa del PSOE para reforzar el control interno del gasto en el SAS tras la apertura de la investigación judicial por los contratos de emergencia postcovid. Pero la medida se estrellaba contra la mayoría absoluta de Moreno. En un debate más general, en noviembre, pero también con el mismo trasfondo sanitario, la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox tumbaron las enmiendas a la totalidad de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, aliados ahora con Mareas Blancas y sindicatos, contra el proyecto de presupuestos andaluces para 2025.

Esos tres grupos, al hilo también de lo que venían reivindicando los mismos sindicatos con representación en la mesa sectorial de la sanidad, denunciaron ya por entonces el “colapso” de la atención primaria, las abultadas listas de espera para operarse, los informes “desfavorables” de la Intervención General que han cuestionado a contratación a dedo con clínicas privadas y, sobre todo, una causa judicial abierta contra el Gobierno andaluz por un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros a empresas privadas amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia ya derogado.

La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que aquel mismo noviembre logró reunir a miles de andaluces para denunciar en las calles que la sanidad pública “se ha convertido en un negocio” bajo el actual Gobierno andaluz, retoma ahora el pulso reivindicativo después de que la vía judicial fracasara cuando las fiscalías de las ocho provincias andaluzas acordaran el archivo de sus denuncias por el “colapso” de las listas de espera sanitaria.

Ahora, sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública lanzan, como han dicho este martes, “un grito de auxilio ante una situación insostenible” y contra la “estrategia deliberada” de la Junta de “debilitar lo público para justificar la progresiva privatización de la sanidad pública andaluza”, señalan. Para la Junta, “el presupuesto sanitario se ha incrementado un 55% y alcanza los 15.249 millones de euros”, argumentado el consejero Antonio Sanz, quien reconoció este mismo martes que “siempre” hay cosas que mejorar y que es “lógico” que el ciudadano que se pueda ver afectado “nos reclame agilidad”.

La Proposición de Ley de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que viene acusando a Moreno y a la Consejería de Salud de alentar “una sanidad para ricos”, ya fue admitida a trámite por la Mesa del Parlamento. Será la segunda ILP que se debata en el Parlamento en esta legislatura. En diciembre de 2022, el Parlamento, de acuerdo a la mayoría de votos del grupo popular, rechazó la iniciativa impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir el número máximo de alumnos por aula.

El Gobierno andaluz sustituyó la contratación ordinaria en abierto por los contratos de emergencia (a dedo) en la primavera de 2020, cuando la pandemia de coronavirus desencadenó una crisis sanitaria sin precedentes que desbordó la capacidad de respuesta asistencial del sistema público. En ese sentido, un juzgado de Sevilla investiga la adjudicación a dedo de cientos de contratos de emergencia a la sanidad privada entre 2020 y 2024 por más de 234 millones de euros.

La Junta tiene enfrente a una multitud de profesionales y el arco completo de fuerzas de izquierdas que contabiliza los contratos masivos de la administración del SAS con la sanidad privada y el aumento de seguros privados en Andalucía que, como consecuencia de las listas de espera de pacientes para operarse, se han disparado hasta los dos millones.