El nuevo CIE de Algeciras funcionó sin habilitación legal durante tres meses
La apertura del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras sorprendió a casi todos el pasado 6 de noviembre. El Ministerio del Interior no avisó ni siquiera al alcalde José Ignacio Landaluce (PP), que montó en cólera porque el ministro Marlaska no le pegase al menos “un telefonazo”. Sin embargo, el nuevo CIE de Algeciras (el único que hay en Andalucía) no ha existido oficialmente hasta tres meses después.
El pasado 7 de febrero el BOE publicó la norma que “dispone la creación” del nuevo centro y la supresión del anterior en la misma localidad, con entrada en vigor al día siguiente. En los tres meses que van del 6 de noviembre al 8 de febrero, el CIE de Algeciras ha servido para retener a unos 60 individuos extranjeros privados de libertad sin existir jurídicamente. La falta de soporte normativo puede poner en cuestión esas detenciones.
La Coordinadora CIE No Cádiz (integrada por entidades como Algeciras Acoge, APDHA Campo de Gibraltar o ECCA Social Andalucía) ha elevado una queja al Defensor del Pueblo, pidiéndole que promueva procedimientos de habeas corpus respecto de todas aquellas personas que fueron internadas en el nuevo CIE antes del 8 de febrero de 2026 y cuya privación de libertad se haya ejecutado en un centro “no formalmente creado conforme a Derecho”, instando a su inmediata puesta en libertad. Además, está aconsejando a los abogados que atienden a la veintena de internos que hay en la actualidad que lo hagan a título individual.
Las organizaciones denuncian el escaso respeto por la legalidad que denota encerrar a personas en unas instalaciones antes de darles entidad jurídica. La propia Orden que crea el CIE dice en su Preámbulo que “se adecúa” a los principios de buena regulación y que “refuerza el principio de seguridad jurídica ya que se da publicidad al cierre de un centro y a la creación de otro de nueva construcción”. El internamiento de personas antes de aprobar esa Orden sugiere que la actuación material ha ido por otro camino.
No es la única norma en contradicción con la realidad material. El reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (Real Decreto 162/2014) establece que éstos se crean, modifican o suprimen mediante orden del Ministro del Interior, por lo que se presupone que “no existen” si no se dicta y publica tal Orden. La Ley de Extranjería regula la privación de libertad de personas extranjeras en situación irregular respecto a las que se haya dictado orden de expulsión, y dispone que debe ejecutarse por orden de un juez en un centro de internamiento creado conforme a la normativa, en garantía del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Española.
“La privación de libertad es la medida más dura del ordenamiento jurídico, tiene que haber un rigor para aplicarlo”, protesta Jesús Mancilla, uno de los portavoces de la Coordinadora y Presidente de Algeciras Acoge. “Esto afecta a personas migrantes, pero se puede extrapolar a otros colectivos, y denota que el Ministerio no está funcionando bien”, lamenta.
El Ministerio del Interior deriva a la Policía, cuyo gabinete de prensa no ha respondido las preguntas de este medio.
Un CIE de gran tamaño: 507 plazas, el 43% del total
La relación de Algeciras con los CIE viene de antiguo. El de La Piñera, una cárcel reconvertida, empezó a funcionar en 2004, y durante más de veinte años pasaron por él miles de extranjeros, acumulando denuncias por la precariedad y saturación o por la detención de menores. Tenía capacidad para unas 60 personas, aunque rara vez había en él más de veinte.
En 2017, el entonces ministro José Ignacio Zoido (PP) presentó el proyecto de otro CIE, de nueva planta y con capacidad para más de 700 personas. Era un momento en que arreciaban las críticas al modelo, pero también un año en el que se triplicaron las llegadas por mar a España (unas 21.000, según la Organización Internacional para las Migraciones), con especial presión en la zona del Estrecho. Zoido presentó el proyecto como una oportunidad laboral en una zona muy deprimida.
El Consejo de Ministros (ya del Gobierno de coalición) no aprobó la autorización para iniciar la construcción hasta 2019, y aún pasaron otros seis años más hasta que listo para usarse. Se ubica en una parcela de 20.000 metros cuadrados, cerca del centro penitenciario de Botafuegos y tiene capacidad para 507 personas (el de mayor capacidad de España, y uno de los mayores de Europa), el 43,7% del total de las que hay en España. Ha costado 21,5 millones de euros, según detalló el Gobierno en una respuesta parlamentaria.
El 6 de noviembre de 2025, la agencia EFE adelantó que había empezado a funcionar “en fase de pruebas” antes de su “inauguración oficial”. Otras fuentes señalan que había empezado a recibir internos el 3 de noviembre. Las entidades asisten a los internos desde entonces.
La sorpresiva puesta en marcha del CIE provocó la reacción no sólo de las entidades de derechos humanos, que convocaron manifestaciones, sino del propio alcalde Algeciras: “Es ilógico, no es sensato ni cabe en ninguna cabeza humana cabe que el ministro del Interior no le pegue un telefonazo a este pobre alcalde y le diga que el CIE se va a abrir”.
Expulsados que podrían acogerse a la regularización
Mancilla observa que no es la primera vez que el Estado se muestra poco escrupuloso con el cumplimiento de la legalidad en los CIE. El de La Piñera empezó a funcionar en 2004 pero la Orden que lo creó es de 2006. Años después, en 2017, Interior encerró a más de 500 argelinos recién llegados a las costas de Almería en un centro destinado a cárcel en Archidona (Málaga) sin inaugurar, que usó durante semanas como CIE “provisional”. Las ONG denunciaron las condiciones del internamiento de personas que no habían cometido delitos y el uso irregular de la futura cárcel como CIE. En ese tiempo murió Mohamed Bouderbala, de 36 años, que fue hallado ahorcado en su celda.
Según las ONG, en el nuevo CIE de Algeciras hay actualmente unas veinte personas. Son ciudadanos extranjeros de nacionalidades diversas en situación irregular que están en España desde hace meses o años, explican. Predominan los marroquíes, pero hay también nacionales de China, de Estados Unidos o de países latinoamericanos. Algunos tienen antecedentes, pero otros no, y podrían aspirar a la regularización recién anunciada por el Gobierno. “Tenemos constancia de expulsados que no tenían antecedentes penales, y con familiares que ya tienen nacionalidad española”, asegura el portavoz de la Coordinadora.
Por ahora, el Centro funciona al ralentí, apenas al 4% de su capacidad, en un momento en que las llegadas por la ruta del Estrecho han caído a mínimos de una década. Al coste de mantener las instalaciones se suma que, para expulsarlos, el Ministerio debe trasladar a los internos de Algeciras a Madrid, desde donde parten los “macrovuelos de deportación” a sus países de origen. Este martes hubo uno con destino Perú y Colombia. “Si el Gobierno quiere hacer una regularización extraordinaria, no es compatible con mantener redadas policiales y macrovuelos de deportación, y que no se les aplique una moratoria a personas que podrían acogerse a ella”, protesta Mancilla.
El también presidente de Algeciras Acoge lamenta que se dedique una inversión tan relevante a la “represión de la población migrante” en una zona con una de las tasas de desempleo más alta del país, con la Educación y la Sanidad bajo presión y con graves carencias en otros servicios públicos. Los juzgados de lo penal de Algeciras (el palacio de Marzales) están cerrados temporalmente por la ruina del edificio, lo que ha retrasado decenas de juicios pendientes, y el trayecto por tren de alta velocidad une Algeciras con Madrid se realiza en autobús hasta Antequera por tiempo indefinido.
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