Qué tipo de gente nos gobierna
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El escándalo de las VPO estalla en el corazón de la clase dirigente
Los datos dibujan un marcado perfil de derecha turística e inmobiliaria en el poder valenciano
Los datos aportan luz, ayudan a hacer visible la realidad. Podíamos intuir en manos de quién está el poder valenciano, pero no hay nada como corroborar con documentos objetivos lo que da a entender el comportamiento político de los dirigentes. La información extraída por este diario de las declaraciones de patrimonio que los altos cargos hacen en el portal de transparencia Gva Oberta y del Registro Mercantil dibuja un perfil de intereses inmobiliarios y en el sector turístico todavía más marcado del que se podía sospechar entre nuestros gobernantes.
Así, una treintena de altos cargos, entre los que se incluyen los miembros del Consell, tienen entre tres y ocho viviendas en propiedad. Más que un gobierno autonómico, parece el organigrama de una inmobiliaria. El presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, posee ocho pisos a través de una empresa familiar, tiene 126 participaciones en Alt de Pérez SL, con 833.000 euros en bienes, y 15 participaciones en Rancallosa I, SL, con 4,3 millones en activos.
La radiografía de las empresas en las que declaran participaciones los altos cargos de la Generalitat Valenciana revela una aguda concentración de intereses en el sector inmobiliario y en el negocio turístico. Entre Pérez Llorca y otros 16 altos cargos declaran participaciones en empresas con activos por valor de 40 millones de euros.
No hace falta ser muy listo para entender por qué hace tanto énfasis el PP valenciano en la reducción de impuestos sobre el patrimonio, se opone tan radicalmente a la tasa turística o desmonta en cuanto puede la protección del litoral y las garantías urbanísticas. En este contexto, el escándalo de las viviendas de protección pública que se han repartido en Alicante cargos del PP, familiares, amigos y conocidos adquiere un carácter más incriminatorio. Dice ahora Pérez Llorca que reforzará los controles en el reparto de VPO. Unos controles que había establecido el gobierno del Pacto del Botánico y que la derecha, con Carlos Mazón en la presidencia del Consell, suprimió en 2024. Reconoce ahora que hay que mejorar la gestión de las VPO y la oposición pide la dimisión de la vicepresidenta Susana Camarero y del alcalde de Alicante, Luis Barcala.
Convertido el acceso a la vivienda en un problema social de primera importancia, la Administración autonómica está orientada por la idiosincrasia menos adecuada para desplegar una política que fomente la asequilibilidad. La inveterada facilidad del PP, demostrada en demasiadas ocasiones, para derivar hacia la corrupción institucional ha hecho estallar el asunto en el caso de Alicante con consecuencias que todavía están perfilándose. Que dos de los agraciados con viviendas en el complejo residencial de la playa de Sant Joan hayan renunciado a las viviendas que les habían concedido hace, si cabe, más grotesca la situación.
La fiscalía ve indicios de prevaricación y fraude en la red de cargos del PP beneficiada por las VPO de Alicante. Habrá que seguir el recorrido judicial que ya ha comenzado la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante de un escándalo cuyas repercusiones extienden una sombra de sospecha sobre la política de vivienda del PP, comenzando por la conselleria del área que dirige Susana Camarero y alcanzando a todo tipo de medidas en este ámbito, como la permuta de suelo del Ayuntamiento que preside María José Català en València a una constructora para construir 400 viviendas de las que entregará 86 al parque público municipal, una operación que el PSPV ha llevado a la Agencia Valenciana Antifraude.
Precisamente como consecuencia de una denuncia de los socialistas, un juzgado contencioso administrativo investiga las permutas de vivienda pública del Ayuntamiento de València, que la oposición a la alcaldesa considera “pelotazos” porque no se justifica el interés general de esas operaciones. La colusión de los intereses de la clase dirigente con el sector inmobiliario planea sobre la política valenciana con más intensidad que nunca.
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