Depredadores de vivienda protegida

Gracias a la falta de transparencia y las facilidades dadas por el PP

Pervertido en Alicante el acceso a pisos de protección pública

Se ve que para alguna gente el problema de acceso a la vivienda no es tan grave, o quizás precisamente porque sí que lo es en el caso de la mayoría del resto de ciudadanos, como para que no se produzcan maniobras tramposas en ese ámbito típicas de un comportamiento oligárquico del que ciertos sectores de la derecha no se han desprendido desde los tiempos de la dictadura franquista. Me refiero a la mentalidad que lleva a algunos a pensar que las reglas que valen para la mayoría pueden ser esquivadas con el apoyo de algunas facilidades políticas, estrechas complicidades de clase y un comportamiento depredador de lo público que carece de escrúpulos. Hacía 20 años que no se construía vivienda protegida en Alicante y han tenido que acabar los pisos de la promoción que ha roto la sequía en manos de lo que Sergi Pitarch ha calificado en un artículo como “jetas de protección pública”.

Altos cargos del Ayuntamiento de Alicante, una concejala del PP (la de urbanismo, para más inri), un funcionario de la Generalitat Valenciana involucrado en el proceso y miembros de conocidas familias de la ciudad, no precisamente humildes, han conseguido pisos en un complejo residencial construido en la playa de Sant Joan por el procedimiento de las viviendas de protección oficial, es decir, la cesión a buen precio de suelo público a cambio de limitaciones en el coste de los pisos y en las condiciones económicas exigidas a sus compradores. Destapado el escándalo por el diario Información, dimitió primero la alto cargo implicada, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos se hicieron con sendos pisos en el complejo residencial. Después lo hizo la concejala del PP Rocío Gómez, que había comprado otro y contaba hasta ahora mismo con la plena confianza del alcalde, Luis Barcala, a quien ha explotado un asunto de perfiles muy feos pese a que un informe municipal de 2025 al que no hizo caso alertó de que funcionarios que tramitaron las viviendas se quedaron pisos.

También a la Generalitat Valenciana le ha salpicado el escándalo y la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario, encargado precisamente de tramitar y acreditar que los solicitantes de las polémicas viviendas protegidas de Alicante cumplieran con todas las condiciones pero que aprovechó su puesto para adjudicar uno de los pisos a su esposa, tras esconder convenientemente su vínculo.

El papel del Consell que ahora preside Juan Francisco Pérez Llorca ha resultado relevante, como facilitador de las condiciones que han hecho posible un uso tan poco estético de la figura de la vivienda de protección oficial o pública (VPO o VPP), cuyo objetivo teórico es facilitar el acceso a personas con ingresos limitados, ofreciendo precios más asequibles que el mercado libre a cambio de cumplir determinadas condiciones de uso, de superficie y de ingresos. Con su predecesor Carlos Mazón en la presidencia, de cuyas políticas es tan continuista Pérez Llorca como para mantener a Susana Camarero al frente del departamento de vivienda, se rebajaron el régimen de protección temporal de las VPP y las limitaciones en su venta o alquiler.

Tal como ha explicado en este diario Carlos Navarro Castelló, además de aumentar de 46.800 a 54.600 euros el límite de renta para poder acceder a estos inmuebles, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplían algunos requisitos, y de elevar de 200 a 2.400 euros el precio del metro cuadrado, Mazón eliminó controles activados anteriormente por el gobierno de izquierdas del Pacto del Botánico para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante. Lo que implica dejar en manos de los promotores privados que construyan vivienda pública todo el proceso de adjudicación hasta el momento de escriturar las casas, en el que la conselleria sí que se encarga de supervisar que todos los adjudicatarios cumplen con los requisitos establecidos. Mientras la normativa del Botánico de mayo de 2023 apostaba por el carácter “permanente” de la protección de las viviendas protegidas tanto de promoción pública como privada, el decreto aprobado por el Consell de Mazón en diciembre de 2024 estableció un plazo “máximo” de protección para las de gestión privada de entre 15 y 30 años, un periodo tras el cual se pueden vender a precio de renta libre.

Viviendas protegidas del polémico complejo residencial de Alicante que ganaron cargos del PP se publicitaron en alquiler a 1.600 euros en algún portal inmobiliario y hay noticias de ofertas de venta de algunos de los pisos a precios que solo pueden satisfacerse con un buen porcentaje de la compra en dinero negro. El despropósito es mayúsculo y no puede ser socialmente más escandaloso, dada la crisis habitacional que afecta a las nuevas generaciones. De ahí que el PSPV haya llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción con la denuncia de cinco posibles delitos, mientras Compromís ha pedido la creación de una comisión de investigación en las Corts Valencianes. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, calificó de “lamentable” la situación y recordó que en la ciudad hay actualmente más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública. El portavoz valencianista en la Cámara autonómica, Joan Baldoví, ha descrito la operación como “el plan vividores, que es en definitiva el modus operandi que siempre ha tenido el Partido Popular: beneficiar a los suyos”.

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