Una alto cargo del Ayuntamiento de Alicante dimite por el escándalo del reparto de viviendas protegidas

La controversia generada por la adjudicación de viviendas de protección pública en una parcela subastada por el Ayuntamiento de Alicante ha provocado la primera dimisión de relevancia en el seno de la administración municipal. María Pérez-Hickman, quien desempeñaba las funciones de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, ha presentado su renuncia irrevocable a este cargo directivo. La decisión se produce inmediatamente después de que se hiciera público que dos de sus hijos resultaron adjudicatarios de sendos inmuebles en una promoción de la cooperativa Residencial Les Naus, situada en la demandada zona de Playa de San Juan.

Pérez-Hickman ha justificado su salida con la intención de evitar que la polémica afecte a su entorno familiar, aunque su vinculación con el consistorio no finaliza aquí, ya que regresará a su plaza como funcionaria de carrera al frente del área de Contratación, tal y como ha avandado el periódico Información y han confirmado fuentes municipales a elDiario.es. Esta circunstancia añade una capa extra de complejidad al caso, puesto que ella ostentaba esa misma jefatura durante el extenso proceso de enajenación del solar municipal, una operación que se prolongó entre los años 2018 y 2022.

El escándalo ha cobrado una dimensión política mayor al trascender que entre los beneficiarios de la misma promoción se encuentra también la actual concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, perteneciente al Partido Popular. La edil se incorporó a la corporación municipal tras las elecciones de 2023, si bien su inscripción en la cooperativa se remonta a cinco años atrás. A este listado de adjudicatarios vinculados a la administración local se suma el hijo de un arquitecto municipal, lo que ha alimentado las críticas de la oposición y ha puesto bajo el foco el sistema de selección de los cooperativistas.

Adjudicación por “orden cronológico”

Ante el revuelo mediático, la entidad gestora de Residencial Les Naus ha emitido un comunicado oficial para precisar la naturaleza de la promoción y corregir lo que consideran informaciones erróneas. La empresa subraya que se trata de una iniciativa “de carácter privado” y que la adjudicación de las viviendas “no la realiza ni el Ayuntamiento de Alicante ni ninguna administración pública”.

Según su versión, la parcela fue adquirida en un concurso público tras una larga batalla judicial que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el cual obligó al Ayuntamiento a adjudicarles el solar respetando las bases iniciales que primaban el orden de registro de las ofertas.

La promotora detalla que el proceso de inscripción de socios comenzó en el año 2018 bajo un sistema de lista de espera basado exclusivamente en el orden cronológico. Explican que, debido a los retrasos administrativos y judiciales, muchos interesados originales se retiraron, lo que permitió que la lista corriera y se incorporaran nuevos perfiles que cumplían con los requisitos legales. La gestora recalca que no es el Ayuntamiento ni ninguna administración pública quien realiza la adjudicación de los pisos, sino la propia cooperativa entre sus miembros, quienes asumen el riesgo económico de la obra y el pago del coste total.

Asimismo, la entidad destaca que el cumplimiento de los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial es verificado de forma objetiva por la Conselleria de Vivienda. Este organismo es el encargado de visar cada contrato tras contrastar los datos de renta de los solicitantes directamente con el Ministerio de Hacienda, garantizando así que ningún adjudicatario supere los umbrales de ingresos permitidos o posea otras propiedades a su nombre.

Investigación

En el ámbito institucional, el alcalde Luis Barcala ha reaccionado anunciando la apertura de un expediente para investigar los hechos para revisar el procedimiento seguido, asegurando que se dará traslado a la Fiscalía si se detectase cualquier indicio de irregularidad. Por su parte, los grupos de la oposición han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de fiscalización para investigar lo que consideran una situación ética y políticamente insostenible que afecta directamente a la confianza en la gestión del suelo público.