Así se adjudicaron las viviendas protegidas que se han quedado cargos de Alicante: lista de espera privada y por antigüedad

Una polémica relacionada con la adjudicación de vivienda protegida a determinados cargos del Ayuntamiento de Alicante ha provocado un auténtico terremoto político. En concreto, saltó a la luz que la concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez; los dos hijos de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro viviendas protegidas de una promoción de 140 inmuebles que cuenta con zonas comunes, con piscina y pistas de pádel.

Se trata de la primera promoción de vivienda protegida que se construye en la ciudad en décadas en un contexto de burbuja inmobiliaria con precios desorbitados, lo que hace de este tipo de pisos a precios más asequibles tengan una altísima demanda. El residencial es de iniciativa privada y lo levantó y comercializó Residencial Les Naus, Cooperativa Valenciana sobre un suelo municipal que adquirió por 6,6 millones de euros mediante un proceso previo de enajenación.

Al ser vivienda protegida se aplicaron los precios tasados por la administración que en este caso fueron de 1.200 euros el metro cuadrado por lo que las viviendas salieron por entre 200.000 y 230.000 euros, la mitad del precio de mercado en una zona atractiva como es la playa de San Juan.

Una de las claves de esta llamativa situación adelantada este jueves por el diario Información es la fórmula bajo la que se ha gestionado la adjudicación de las viviendas, un aspecto que, en este caso, ha correspondido a la propia cooperativa al tratarse de una entidad privada.

Al respecto, un responsable de Fraorgi S. L., promotora de la mencionada cooperativa, comenta a elDiario.es que al ser una promoción privada es la propia cooperativa la que establece los mecanismos por los que se adjudica y que en su caso se hace por rigurosa antigüedad: “Cualquiera puede darse de alta como cooperativista a través de nuestra web y a partir de ahí entras en lista de espera. Cuando hay una promoción se envía la información a todos y con los que muestran interés por optar a una de las viviendas, empieza el proceso con la aportación de una cuantía económica, siempre por orden de antigüedad en esa lista de espera. Ahora mismo tenemos una lista de 2.000 personas para futuras construcciones”.

En el caso de esta promoción, explica que fue entre agosto y septiembre de 2018 cuando se apuntaron la mayoría de los aspirantes que han obtenido finalmente la vivienda, una fecha que coincide con la licitación del contrato de compra venta del suelo por parte del Ayuntamiento de Alicante, según recoge la Plataforma de Contratación. Sin embargo, el procedimiento de venta del suelo se paralizó por diversos recursos judiciales hasta que se reactivó y finalmente se adjudicó el 25 de marzo de 2022.

El mismo responsable de la promotora explica que en el caso de la concejala Rocío Gómez, “fue su marido el que entre agosto y septiembre de 2018 se apuntó para optar a una de las viviendas”, un extremo sobre el que fuentes del equipo de Gobierno de Alicante no se han pronunciado a preguntas de esta redacción. En ese momento, Luis Barcala (PP) ya era alcalde tras la moción de censura con la que desbancó meses antes a los socialistas. Sin embargo, Gómez entró como concejala en el año 2023.

El miembro de Fraorgi S. L, afirma además que la mayoría de los adjudicatarios se apuntaron por esas fechas, pero que hubo otros que entraron a finales de 2021, cuando se retomó el proyecto, y que pudieron acceder porque varios de los iniciales ya no estaban interesados puesto que optaron finalmente por comprar en otras promociones.

El responsable de la cooperativa asegura que fue precisamente entre febrero y marzo de 2022 cuando se adjudicaron las viviendas y empezaron a firmarse los contratos de adquisición e insiste en que “todos los adjudicatarios fueron seleccionados por orden de cola, si alguien renunciaba o no contestaba a los avisos que se le daban, lógicamente la cola iba corriendo”.

Por último, garantiza que todos los adjudicatarios cumplen las condiciones marcadas por la administración para optar a estas viviendas ya que se le remiten todos los datos a la propia Conselleria para que vise los contratos. Por ejemplo, el adjudicatario no debe tener otra vivienda en propiedad y no superar 54.000 euros de ingreso por unidad familiar.

Barcala anuncia una investigación interna

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ordenó este jueves la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con lo sucedido. El primer edil recalcó que “llegará hasta el final” por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico.

“Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente”, destacó Barcala. “Y, por ello, este mismo miércoles 28 de enero pedí al secretario general del Ayuntamiento que iniciara un expediente de averiguación de hechos”, dijo.

“Aclarar que si este equipo de Gobierno tiene la menor sospecha, llevaremos el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda”, ha proseguido el primer edil. Barcala también se comprometió “a informar con todo detalle de la tramitación del expediente durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión”.

El informe de averiguación de hechos ordenado por el alcalde requiere información a la Concejalía de Urbanismo, a la Concejalía de Patrimonio y a la Concejalía de Contratación. A estos departamentos municipales se les solicita que informen de la relación de personal que ha participado en el expediente urbanístico, sea cual fuere la condición de funcionario, personal laboral o su puesto en dicha área. El responsable designado para instruir este informe de aclaración es el secretario general del Ayuntamiento de Alicante.

PSPV y Compromís exigen dimisiones

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, exigió la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y reclamó al alcalde, Luis Barcala (PP), que comparezca de inmediato en un pleno extraordinario y que ponga en marcha una comisión de investigación para dar explicaciones y fiscalizar qué ha ocurrido con la adjudicación de vivienda pública en Alicante. Además, aseguró que llevará el caso a la Fiscalía.

La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, denunció este jueves que “la única promoción de vivienda de protección pública construida en Alicante en los últimos 25 años ha sido repartida entre concejales, técnicos municipales y familiares del Partido Popular”, una situación que calificó de “escándalo” y que, a su juicio, “demuestra que al PP solo le interesa la vivienda cuando sirve a intereses propios”. 

Por su parte, Compromís ya ha movido ficha y ha presentado por registro en Les Corts para que Conselleria de Vivienda aporte toda la documentación de los expedientes de visado de los contratos de compra venta de la promoción.

El portavoz de la coalición valencianista en la corporación municipal, Rafa Mas, pidió la dimisión del alcalde, Luis Barcala, y calificó el asunto de “escándalo”.