El Gobierno valenciano tuvo tres equipos de detección de cáncer de última generación parados más de dos años

Tres equipos de detección de cáncer de última generación adquiridos en 2022 por el Gobierno del Botánico y recepcionados entre marzo y julio de 2023 con un coste de cuatro millones de euros han estado de dos a tres años inutilizados. De hecho, uno de ellos, el destinado a dar servicio en el Hospital General de Castellón, sigue sin estar operativo.

Así se desprende de la respuesta parlamentaria del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a preguntas del diputado del PSPV, Rafel Simó, del pasado 26 de diciembre. En su contestación, Gómez se desvincula de toda responsabilidad y achaca el retraso a “una planificación insuficiente en la fase inicial del procedimiento de contratación” que, asegura, no puede ser atribuible “a la gestión del actual equipo de la Conselleria de Sanidad”. Sin embargo, los socialistas han pedido su dimisión por su “desidia e incompetencia”.

Según la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “el acelerador destinado al Hospital Clínico Universitario de València fue recepcionado el 9 de marzo de 2023; el correspondiente al Hospital General Universitario de Castelló, el 21 de abril de 2023; y el destinado al Hospital General Universitario de Elche, el 12 de julio de 2023”. Sin embargo, no fue hasta el 14 de abril del pasado cuando se puso en marcha el primero de ellos, en concreto el del Clínico. Desde dicha fecha y hasta el momento actual, se han realizado cuatro intervenciones de radioterapia intraoperatoria. El pasado 13 de marzo, Sanidad aseguró que se acaba de activar el del General de Elche. Así, sigue sin estar operativo el del general de Castellón.

En su contestación, Gómez argumenta que “el contrato para el suministro de tres aceleradores de electrones móviles (expediente 503/2022) fue licitado en julio de 2022 y adjudicado en noviembre del mismo año sin que constara una planificación previa suficiente sobre el uso clínico de los equipos, la ubicación definitiva de los quirófanos ni un estudio del entorno físico conforme a los requisitos técnicos y estructurales exigidos”. Esta carencia ha condicionado “de forma decisiva los plazos de puesta en funcionamiento”.

De esta forma, afirma que “los retrasos en la operatividad de estos equipos obedecen a causas técnicas, normativas y estructurales objetivas, derivadas fundamentalmente de una planificación insuficiente en la fase inicial del procedimiento de contratación y de los estrictos requisitos de seguridad radiológica exigidos por el organismo regulador, sin que resulte atribuible dicha demora a la gestión del actual equipo de la Conselleria de Sanidad”.

Unas excusas que, para la diputada socialista, Yaissel Sánchez, no se sostienen Sánchez y ha recriminado al conseller de Sanidad su “desidia e incompetencia” en la gestión de la sanidad pública valenciana. No obstante, la diputada sospecha que esta “flagrante infrautilización” de tecnología “que salva vidas” no es casualidad: “el problema es Mazón y Pérez Llorca han puesto al frente de la Sanidad valenciana a un conseller, Marciano Gómez, al que solo le preocupa el negocio de la sanidad privada, y esta obsesión porque las empresas privadas hagan caja supone un peligro para todos los valencianos y, particularmente, para miles de mujeres valencianas”.

La responsable socialista de Sanidad en las Corts lamenta las “excusas de mal pagador” del conseller para “camuflar” su “incompetencia supina”, cuando en las respuestas intenta responsabilizar al Consell del Botànic de la “infrautilización” de los equipos. “Tres años después, salir a culpar al Botànic resulta ridículo, grotesco. No hay pretexto que valga, lo único que queda claro es la dejadez y el abandono de la sanidad pública por parte del conseller Gómez, que ejerce como un auténtico agente comercial de las empresas de la sanidad privada”.

Para Yaissel Sánchez, estamos “ante el PP de siempre”, “el PP para el que todo el mundo tiene la culpa menos él, el PP del Ventorro que igual se va de sarao en el peor momento en la historia de los valencianos que gestiona la sanidad o las viviendas de protección oficial como si fueran un botín a repartir entre los suyos”. “¿Qué les decimos a las personas que se han visto privadas de estas intervenciones de radioterapia intraoperatoria, estando los equipos guardados en los hospitales en una habitación como si fueran trastos?”, se pregunta la parlamentaria del PSPV-PSOE.

Para Sánchez, estamos ante “una más” del conseller Marciano Gómez. A su juicio, este asunto “se añade al escándalo del traje a medida en favor de las empresas privadas de sanidad, particularmente, Ribera Salud, que hizo el conseller en las liquidaciones anuales de las concesiones sanitarias que firmó aprisa y corriendo en 2025, en contra del criterio de la Intervención, en las que regaló a estas mercantiles decenas de millones de euros”. “Unas liquidaciones que la conselleria de Marciano Gómez negoció con su cuñada, directora financiera de Ribera Salud; además, se da la circunstancia de que posteriormente Ribera Salud compró por 120 millones la clínica de Benidorm, de la que es gerente el hermano del conseller”, señala la parlamentaria.

Por estos hechos, señala Sánchez, los socialistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el conseller, su cuñada y su hermano por el presunto trato de favor a esta empresa privada por la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó y de unas liquidaciones en condiciones económicas ventajosas que posibilitaron a su vez la compra de Clínica Benidorm. El PSPV-PSOE considera que se han podido cometer hasta cinco delitos, concretamente, negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat.