Nuevo revés judicial para las teorías conspirativas de Trump: el Supremo rechaza anular 20.000 votos en California antes de las legislativas

Nuevo revés judicial para las teorías conspirativas de Trump. El Tribunal Supremo de EEUU ha rechazado este lunes el recurso de la Administración Trump para anular 20.000 votos por correo en California en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

La Administración Trump había recurrido este lunes ante el Tribunal Supremo después de que un tribunal de apelación, por dos votos frente a uno, rechazara la solicitud de descartar los votos de unas 20.000 personas de las que el Gobierno federal sospecha que podrían no tener ciudadanía estadounidense.

Además, la decisión se ha producido apenas unas horas antes de que otro juez federal fallara en contra de los intentos de la Administración de introducir cambios de última hora en las elecciones de California.

El Gobierno federal sostiene que esos votos no deberían contarse hasta que se pueda verificar la condición de los votantes. Las autoridades de California afirman que la lista es muy poco fiable y que probablemente incluye a muchas personas que son ciudadanos estadounidenses.

La Administración Trump ha dado prioridad este año a la identificación de votantes sin ciudadanía, a pesar de que estos casos son excepcionales.

Un juez de un tribunal de distrito ya había denegado la solicitud del Departamento de Justicia y había advertido de que dicha exigencia podría privar del derecho al voto a ciudadanos en las elecciones de mitad de legislatura del martes, que determinarán el control del Congreso.

También este lunes, en Washington, el juez presidente de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó a la Administración Trump que dejara de plantear sus exigencias, al considerar que violaban la Constitución de EEUU: “Es probable que el Poder Ejecutivo haya violado la cláusula electoral de la Constitución, que atribuye la competencia sobre las normas electorales exclusivamente a los estados y al Congreso”.

La Administración ha sufrido una notable racha de derrotas judiciales en su campaña, además de críticas por esperar hasta unas semanas antes de las elecciones para presentar sus exigencias a los responsables electorales de California con una lista que, como incluso admite el propio Departamento de Justicia, no es del todo fiable.

Durante una vista sobre si debía levantarse su propia orden, que prohibía al Gobierno amenazar con procesar a los trabajadores electorales que permitieran votar a electores potencialmente ilegales, la jueza del Tribunal de Distrito Trina Thompson profundizó en los informes sobre inexactitudes generalizadas en los datos del Departamento de Justicia.

“¿Estaría de acuerdo en que hay una alta tasa de error?”, preguntó Thompson a Kenneth Kao, abogado del Departamento de Justicia.

“Esa es una afirmación acertada”, respondió Kao. “Por eso solicitamos la ayuda de los registradores para verificar que todos estos votantes sean válidos”.

Al mismo tiempo, Bill Essayli, el fiscal federal al frente de la oficina del Departamento de Justicia en Los Ángeles, afirmó en una rueda de prensa que estaba totalmente convencido de que las personas que figuraban en la lista no tenían derecho a votar: “Esto no es una especulación. No es una teoría”.

Ante el Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia solicitó una “medida cautelar limitada” que obligara a California a apartar las papeletas mientras se resuelve el caso.

“Una vez que California mezcle las papeletas impugnadas con las válidas, no habrá forma de recuperar las impugnadas”, escribió el fiscal general adjunto D. John Sauer.

La votación está en marcha en California, un estado mayoritariamente demócrata, desde principios de octubre. A los aproximadamente 23 millones de votantes registrados del estado se les envía una papeleta por correo. Ya se han procesado cientos de miles de papeletas. Los responsables electorales de California han afirmado que localizar y apartar ahora las papeletas impugnadas sería logísticamente imposible.

El fiscal general de California, Rob Bonta, del Partido Demócrata, afirmó que el recurso “apesta a desesperación y es otro intento de socavar nuestras elecciones y pisotear el Estado de derecho”.

Los tribunales de primera instancia se han puesto del lado del estado, y un juez de distrito ha advertido de que separar las papeletas “causaría estragos” en las elecciones de mitad de legislatura y minaría la confianza en el proceso democrático.

“Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso por acusaciones sin pruebas, entonces nuestra democracia está en peligro”, escribió el juez de distrito de EEUU David O. Carter, que fue nombrado por el presidente Bill Clinton, demócrata.

Un tribunal de apelación, compuesto por un panel de tres jueces, confirmó su orden por dos votos frente a uno: votaron a favor un juez nombrado por Trump y otro nombrado por el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata. El tercer juez del panel, también nombrado por Trump, argumentó en un voto particular que la negativa de California a separar las papeletas fomenta la “violación de la ley federal”.

El Departamento de Justicia ha intentado acelerar el proceso, solicitando sin éxito a un tribunal de apelación que interviniera de forma anticipada.

La Administración de Trump ha acumulado una serie de victorias en recursos de urgencia ante el Tribunal Supremo durante su segundo mandato, pero los magistrados ya rechazaron anteriormente la presión del presidente para restringir el voto por correo antes de las elecciones de mitad de legislatura.