El PSPV denuncia ante el fiscal al conseller de Sanidad y a su cuñada, directora de Ribera Salud, por siete delitos

Las relaciones contractuales y personales de la Conselleria de Sanidad y de su máximo responsable, Marciano Gómez, con Ribera Salud, serán objeto de investigación de la Fiscalía Provincial de Valencia si admite a trámite la denuncia que recientemente ha presentado el PSPV-PSOE.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es y que firman el secretario de organización de los socialistas valencianos,Vicent Mascarell, y la diputada en las Corts, Yaissel Sánchez, denuncia a Gómez, a la directora financiera de Ribera Salud y cuñada del conseller, Sonia Hernández, y al gerente de Clínica Benidorm y también hermano del conseller, Juan David Gómez, por los presuntos delitos de “negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación inclusive una omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat Valenciana”.

La denuncia apunta a que habría existido un presunto trato de favor hacia la mercantil por la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó y de unas liquidaciones en condiciones económicas ventajosas que posibilitaron a su vez la compra de Clínica Benidorm, cuyo gerente es el hermano del conseller Marciano Gómez. También denuncia irregularidades en la gestión de Ribera Salud en el mencionado centro sanitario con la reutilización de material sanitario de un solo uso hasta 10 veces, según el correo electrónico destapado por elDiario.es en el que la empresa da la mencionada indicación.

En primer lugar el escrito aborda la “excepcionalidad” de la prórroga del contrato con Ribera Salud para mantenga hasta 2030 la gestión del departamento de salud de Elx-Crevillente en el que se encuentra el hospital del Vinalopó, a diferencia de lo sucedido en Alzira, Torrevieja, Dénia y Manises, donde la Conselleria asumió la gestión directa tras vencer los contratos con Ribera Salud y Sanitas, en el caso de Manises.

Al respecto, la demanda pone de relieve que el conseller Marciano Gómez y el expresidente Carlos Mazón deciden continuar con la concesión “a través de una prórroga muy ventajosa para el Grupo Ribera Salud, a pesar de la existencia de informes anteriores que evidenciaban las deficiencias estructurales de este tipo de gestión indirecta, la falta de eficiencia presupuestaria y control en la ejecución del contrato y después de haberse comunicado un año antes de la finalización del contrato a la concesionaria las normas de reversión”.

Al respecto, desde Sanidad han venido advirtiendo de que la prórroga se realizó “porque el informe de la intervención fue de conformidad; en este informe de conformidad, el interventor hace la observación de hacer la consulta al CJC, cosa que se hace a continuación. Ese es el orden correcto. Si el informe hubiera sido de disconformidad alegando que antes había que hacer esa consulta al CJC, no se habría formalizado la prórroga”.

Sobre la reutilización de catéteres de un solo uso, el conseller explicó en la sesión de control del pasado 18 de febrero que en las inspecciones realizadas no se acreditó esta práctica y que de detectarse cualquier irregularidad se aplicarían sanciones de hasta 120.000 euros.

Por su parte, desde Ribera Salud han comentado a preguntas de esta redacción que por el momento no han recibido ninguna notificación al respecto por parte de la Fiscalía y han rechazado “de forma rotunda cualquier acusación de irregularidad o conflicto de interés en la adquisición del Grupo HCB (Clínica de Benidorm)” y han defendido “la integridad de todos los profesionales que forman parte del Grupo Ribera”. Sobre la adquisición de la clínica han explicado que “se trata de una operación realizada conforme a criterios estrictamente legales y sometida a los correspondientes procesos” y que “actualmente la operación está pendiente de la aprobación por parte de Competencia”.

Sobre la supuesta reutilización de catéteres de un solo uso han insistido en que “en el Hospital Universitario del Vinalopó no se está reutilizando material de un solo uso” y han recordado que “así lo han evidenciado las inspecciones del servicio por parte de la Conselleria de Sanidad que han comprobado que no se reesteriliza material fungible”.

Posible conflicto de intereses

A continuación, el documento aborda el posible conflicto de intereses entre el conseller Marciano Gómez y su cuñada y directora financiera de Ribera Salud, Sonia Hernández, que fue “la encargada de las negociaciones con el departamento de Sanidad al respecto de las liquidaciones de la concesión con la administración, formando parte con voz y voto, junto con el CEO de la compañía Pablo Gallart, de las Comisiones Mixtas de Seguimiento entre la conselleria y la empresa, así como de las negociaciones en las que se acuerda la posterior prórroga del contrato”.

Es “evidente”, según el escrito, que “la relación de familiaridad existente entre ambos supone un inconveniente a la hora de garantizar la integridad e imparcialidad en la adopción de las decisiones del titular de la Conselleria de Sanidad, máxime después de conocerse las ventajosas condiciones ofrecidas a la concesionaria y de los hechos acaecidos con posterioridad que afectan a su total imparcialidad e independencia, al obtener directa o indirectamente una compensación a cambio”.

Así, siendo la directora financiera del Grupo Ribera Salud una persona directamente vinculada al conseller, Sonia Hernández ha formado parte de las últimas tres Comisiones Mixtas de Seguimiento en las que se abordan cuestiones de facturación de la concesión en el Departamento de Salud Elx-Crevillente. Finalmente se acuerda que “el montante total de las liquidaciones a favor de la concesionaria Ribera Salud se sitúa en más 34 millones de euros”.

La vinculación familiar directa entre el titular de la conselleria con la entonces directora financiera de la concesionaria, “podría haber contribuido a aumentar la cuantía de las liquidaciones económicas que la administración acaba abonando a la concesionaria, especialmente en el período 2023, beneficiándose después de una prórroga del contrato hasta 2030 en el que se mantiene el precio por paciente del departamento de Elx-Crevillente acordado de manera excepcional durante el periodo de la pandemia del COVID-19 (2020-2022), a pesar de no encontrarnos en la actualidad en dicha situación”.

Para apuntalar esta afirmación se remite al informe de la Sindicatura de Comptes en el que se pone de manifiesto que “el incremento excepcional producido en la pandemia de la covid 19 del gasto sanitario, se habría arrastrado durante la prórroga del contrato sin que el órgano de contratación haya justificado el supuesto excepcional y extraordinario, previo informe del Consell Jurídic Consultiu (CJCCV), la fórmula de actualización de la prima per cápita, que pudiese evitar así posibles enriquecimientos injustos del contratista”.

Al respecto, el conseller de Sanidad ya anunció que se ha emplazado a las empresas concesionarias a una reunión para recalcular las liquidaciones posteriores a la pandemia puesto que una vez normalizada la situación no se tuvo en cuenta la menor demanda de atenciones y medicación, por lo que tendrán que compensar a la administración devolviendo lo que se haya cobrado de más.

La Consellería de Sanitat, prosigue la denuncia, “a través de las liquidaciones efectuadas y la firma de la posterior prórroga habría intentado consolidar un canon por paciente inflado que provocaría un enriquecimiento injusto a favor de la concesionaria; en la Resolución de Prórroga, de 22 de mayo de 2025, firmada por el conseller acuerda que la prima per cápita se sitúe en 1.066,44 euros, para las 155.049 personas susceptible de ser atendidas dentro del Departamento de Salud de Elx-Crevillent”.

Solo con la prórroga del contrato, según las propias cuentas de Ribera Salud presentadas en el Registro Mercantil de 2025, “la empresa incrementa en 40 millones de euros sus ingresos anuales”, por lo que consideran los denunciantes que existen “suficientes indicios de criminalidad para vincular sus beneficios con las liquidaciones ventajosas aprobadas por el titular de Sanidad y el posterior acuerdo de prórroga firmado en mayo de 2025 hasta mayo de 2030”.

Compra de la Clínica Benidorm, cuyo gerente es hermano del conseller

La denuncia pone de relieve que “poco después de anunciarse la prórroga acordada por el conseller Marciano Gómez, que permite a Ribera Salud continuar gestionando el área de Elche-Crevillente hasta 2030, el grupo sanitario, con Sonia Hernández como Directora Financiera de la Entidad, cierra a finales de 2025, la compra de la Clínica Benidorm, por un montante de 120 millones de euros, cuyo gerente del grupo es su propio marido David Gómez Gómez, hermano del conseller de Sanitat”.

Aunque según publica el grupo Ribera Salud, la decisión de comprar la Clínica Benidorm está enmarcada dentro del plan estratégico de desarrollo y crecimiento del grupo, consideran los denunciantes que “este hecho sumado a todo lo expuesto con anterioridad, más bien parece responder a una compensación económica al conseller de Sanidad y su entorno, por la continuación excepcional de la concesión administrativa del departamento de Elx-Crevillente, que indudablemente ha resultado más beneficiosa para el grupo tras las liquidaciones aplicadas, la subida del precio per cápita de los usuarios y del aplazamiento de las obligaciones en cuanto a las inversiones que debían haber realizado el grupo Ribera Salud”.

Por todo lo expuesto, Mascarell y Sánchez piden a la Fiscalía que proceda a incoar “las diligencias preliminares de investigación practicándose cuantas resultaren necesarias para el esclarecimiento de los hechos, además de ejercer cuantas acciones jurídicas en defensa de la legalidad y del interés público resultaren necesarias a fin de depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos puestos en su conocimiento, informando a los aquí denunciantes de la decisión de la Fiscalía de la judicialización de esta cuestión”.