Sanidad prorrogó a Ribera Salud la gestión del hospital del Vinalopó con el precio hinchado pese a la advertencia de la Intervención

El 30 de mayo del pasado año, la Conselleria de Sanidad hizo efectiva la prórroga de la concesión en favor de Ribera Salud para alargar durante cinco años, hasta 2030, la gestión privada del hospital del Vinalopó, dentro del área de salud de Elche-Crevillente. Lo hizo, eso sí, siempre y cuando se cumplieran una serie de condiciones en materia de calidad asistencial que finalmente se consideraron satisfechas, aunque sin hacer pública prueba documental alguna que lo avalara.

Sin embargo, recientes informes tanto de la Sindicatura de Comptes como del Consell Jurídica Consultiu (CJC) ponen de manifiesto que los términos de la prórroga del contrato, en concreto, en lo que se refiere a la cápita, el precio que paga la administración a la mercantil gestora por cada una de las personas susceptibles de ser atendida dentro del área sanitaria a la que se da cobertura, son incorrectos al estar hinchados como consecuencia del impacto que tuvo la pandemia en las cifras asistenciales.

Como ha informado este diario, el CJC ha concluido en un reciente dictamen solicitado por la propia Conselleria que el precio de la cápita que cada año se actualiza en función de unas variables está sobrevalorado desde el año 2020 por el gasto extraordinario que supuso la pandemia, puesto que una vez se normalizó la situación sanitaria, no se descontó de la ecuación y se consolidó así en los años sucesivos.

En este sentido, la Sindicatura de Comptes pone de manifiesto que Sanidad hizo efectiva la prórroga sin corregir este desfase meses después de que un informe de la Viceintervención General para la Administración Sanitaria (VGAS) advirtiera de esta situación. Incluso la cápita se actualizó al alza, en un 1,50%, quedando por tanto ésta fijada en 1.066,44 euros por persona, como advirtió esta redacción.

Según la Sindicatura, “el efecto del Covid incrementó excepcionalmente los indicadores que sirven de base para el cálculo de la cápita desde 2020” lo que supone “un posible enriquecimiento injusto a favor del contratista, según concluye la VGAS, dado que las liquidaciones son a favor de la concesionaria a partir de esa fecha”.

La Conselleria, prosigue el órgano de fiscalización, “solicitó el informe a la Abogacía General de la Generalitat el 17 de mayo de 2024 para ver qué conceptos deben tomarse en consideración para el cálculo de la cápita en una posible prórroga y el informe emitido en agosto de 2024 señala que, al no haberse facilitado elementos de referencia por la Conselleria, no es posible concretar la respuesta con la consulta realizada y por ello debe aplicarse lo previsto en el contrato en caso de prórroga”.

El informe de la Sindicatura añade: “Los informes de la VGAS de febrero de 2025 sobre las últimas liquidaciones del período COVID-19 señalan un posible enriquecimiento injusto a favor del contratista por el efecto de la pandemia en la cápita. No obstante, el 22 mayo de 2025, la Conselleria ha concedido una prórroga del contrato por cinco años, con inicio el 1 de junio de 2025, en los mismos términos que el contrato inicial, lo que previsiblemente dará lugar a liquidaciones a favor de la concesionaria. El efecto del Covid sobre la cápita se consolida, por lo tanto, en la prórroga suscrita”.

Al respecto, fuentes de Sanidad han explicado que “la prórroga se realizó porque el informe de la intervención fue de conformidad; en este informe de conformidad, el interventor hace la observación de hacer la consulta al CJC, cosa que se hace a continuación. Ese es el orden correcto. Si el informe hubiera sido de disconformidad alegando que antes había que hacer esa consulta al CJC, no se habría formalizado la prórroga”.

Desde el departamento que dirige Marciano Gómez han insistido en que “la determinación de la cápita que se debe abonar a las concesionarias es un proceso totalmente objetivo, está basada en cálculos establecidos por los pliegos, el contrato y los datos económicos publicados, como IPC y gasto consolidado de sanidad, tanto de la Comunitat Valenciana como del Estado”. Por lo tanto, “es un ajuste matemático, que no se negocia, al igual que las liquidaciones, en las que se aplican criterios técnicos y objetivos establecidos en resoluciones judiciales y por la Intervención General de la Generalitat”.

Las mismas fuentes han asegurado que en las próximas liquidaciones se regularizará la situación y se compensarán las cuantías a descontar como consecuencia del impacto de la Covid: “A partir del nuevo dictamen del CJC, en respuesta a solicitud de la Conselleria, la administración tiene la voluntad de compensar en posteriores liquidaciones. Esto no hubiera sido posible si no se hubieran realizado las liquidaciones que se han ejecutado desde 2023 y si no se hubiera pedido al CJC que revisara su criterio de 2012. El chollo de las concesionarias, si existía, lo tenían con el Botànic, que no hacía liquidaciones”.

Precisamente, la Conselleria de Sanidad aprobó un gran número de liquidaciones antes de verano en las que no se ha tenido en cuenta el criterio del CJC. En concreto, han sido un total de 35 las liquidaciones pendientes de los años 2010 al 2022 las realizadas entre febrero y mayo de 2025 por las que entre Ribera Salud y Sanitas han abonado 300 millones de euros a la Conselleria de Sanidad. Unas cifras que a tenor del informe podrían ser insuficientes.

En este sentido, la Sindicatura de Comptes advierte que las liquidaciones se deberían haber hecho tras conocer el resultado del dictamen del CJC y que al haberlas realizado antes será más complicado reclamar a las empresas: “La Conselleria de Sanidad ha aprobado las liquidaciones en febrero y mayo de 2025 y ha solicitado después el citado dictamen del CJC en junio de 2025 (...). Consideramos que este dictamen debería haberse solicitado antes de la aprobación de las liquidaciones, dado que las resoluciones de aprobación de las liquidaciones son actos administrativos, cuya anulabilidad posterior podría derivarse de la aplicación del criterio del CJC, lo que requeriría un procedimiento de revisión de oficio por la Administración especialmente complejo”.