La batalla entre los taxis y los VTC se recrudece en la Comunitat Valenciana tras una sentencia que abre una vía para liberalizar el sector

La voraz competencia existente entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify ante un perfil muy similar de potenciales usuarios vive momentos de máxima tensión.

Los representantes de ambas modalidades se han manifestado en los últimos días por considerar que sus derechos se están viendo amenazados por el contrario. Las movilizaciones se enmarcan en la redacción de un nuevo decreto de la Generalitat para regular la movilidad, anunciado por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. Las asociaciones del sector del taxi prevén convocar nuevas concentraciones y paros durante todo el mes de marzo. Por su parte, las patronales mayoritarias de las VTC lanzaron una campaña de concienciación, con carteles instalados en los reposacabezas de los vehículos, para alertar a los ciudadanos de los “graves efectos” del futuro decreto y pedir al Consell que recapacite.

En concreto, los taxistas hicieron una huelga de 24 horas este miércoles 25 de febrero con protestas y manifestaciones por toda la Comunitat Valenciana. El sector del taxi, al menos las entidades que apoyaron la movilización y que representan a una mayoría (Confederación de Taxistas Autónomos, Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas, USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association) exigen que la Conselleria responsable de transportes “devuelva el equilibrio” al sector respecto a los VTC, un equilibrio que se ha venido cifrando en una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, ese ratio hace tiempo que dejó de cumplirse puesto que en la actualidad la Comunitat Valenciana cuenta con 4.700 licencias de taxi y 1.800 de VTC, es decir, un permiso de VTC por cada 2,6 de taxis.

Las entidades reconocieron la buena predisposición de Martínez Mus, para elaborar un decreto que proteja el equilibro entre los taxis y los VTC, pero ante la falta de plazos concretos y ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que abre una vía para la liberalización del sector y supone una amenaza para los taxistas, decidieron movilizarse “por el futuro de 7.000 familias”, explicaron.

Este fallo de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del pasado 21 de noviembre, recurrido por el sector del taxi, viene a avalar que los VTC puedan hacer servicios urbanos, un aspecto que no clarifica la ley 4/2019 que regula el servicio de VTC en la Comunitat Valenciana, y que para los taxistas es una puerta abierta para la liberalización del sector y para el servicio sin límite de los VTC.

El mencionado decreto establece en su artículo 1 que su objeto es “regular el transporte de personas viajeras en vehículos de turismo en régimen de arrendamiento con conductor (VTC) que se realice íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana” sin especificar si se trata de trayectos urbanos o interurbanos, un vacío que la Justicia interpreta que no impide ese tipo de servicios.

Protesta de los VTC

Pero si los taxistas están en pie de guerra al verse amenazados por los VTC, estos últimos no se quedan atrás y también realizaron una protesta masiva este jueves 26 de febrero. Fuentes del sector informaron de que más de 1.000 VTC se manifestaron en València en una marcha lenta organizada por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), con el apoyo de MOVVA, Unauto VTC y Feneval - VTC, para rechazar el decreto ley que prepara la Generalitat Valenciana y que según ellos limita la actividad de los VTC en los entornos urbanos.

Según explican, esta medida, de aprobarse, pondría en riesgo “la estabilidad de alrededor de 5.000 empleos en la Comunitat Valenciana y afecta gravemente a la oferta de este servicio, que se reduce en un 40%, perjudicando a los usuarios”. Además, se eliminarían “más de 104 millones de euros en salarios, se perderían más de 56 millones de euros en ingresos fiscales, y más de 42 millones de euros en gastos relacionados con suministros y servicios locales, que repercuten directamente en la economía de la Comunitat Valenciana”.

Al inicio de la concentración, los portavoces del sector de los VTC expresaron su rechazo a la normativa y criticaron la falta de información y diálogo por parte de la Generalitat. El secretario de Organización del sindicato SLT, José María Cazallas, subrayó que “los sindicatos que representamos a los trabajadores de los VTC no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Generalitat: les hemos pedido una reunión y no nos han contestado y la situación es que ahora no sabemos a qué atenernos para decirnos qué va a pasar”. Cazallas lamentó que se esté hablando de “una norma que afecta al 80% de la actividad de los VTC, que son trayectos dentro de las ciudades, sobre todo Valencia y Alicante, por lo que, si no nos permiten este tipo de servicios, muchos conductores dejarían de trabajar. Estamos hablando de más de 5.000 puestos de trabajo que irían al paro”.

La Generalitat Valenciana llama al diálogo

La Generalitat ha convocado para la próxima semana a los sectores del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) para “intentar que todas las partes tengan una solución que les complazca” tras sus protestas de los dos últimos días, según avanzó el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Mus afirmó que ambos sectores “tienen toda la legitimidad del mundo” para mostrar sus reivindicaciones, al tiempo que señaló que “hay que ver cómo recibe la sociedad” estas protestas. “No sé si es la mejor manera de ganarse a la población con ese tipo de medidas”, dijo. “Pero, en cierta manera, lo que nos preocupa a la Consellería es encontrar la manera de hacer que esa cohabitación que ya llevan haciendo en los últimos años sea más razonable y que, además, sirva para que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible”, comentó.

Es por eso que el conseller anunció que han convocado para la próxima semana a ambos sectores a una mesa para “entre todos para intentar buscar la manera de que todas las partes tengan una solución que les complazca si es posible”. “Y si no lo es, tendremos que tomar las decisiones oportunas”, advirtió.

Un conflicto que se remonta al año 2009

El conflicto entre el sector del taxi y los VTC viene del año 2009, cuando el Ministerio de Fomento, competente en la materia, modificó la normativa y dejó un vacío legal que aprovecharon diversas empresas para solicitar cientos de licencias de vehículos con conductor hasta el año 2015, momento en el que la ley se clarificó y se estableció el ratio legal por el que se considera que para que haya un equilibrio entre ambas modalidades de transporte, debe haber una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, en ese periodo se solicitaron miles de licencias en toda España a cambio de una tasa de entre 35 y los 40 euros. Licencias que hoy valen miles de euros. Las administraciones trataron de frenar este boom denegando licencias acogiéndose al ratio, pero las empresas que compraron las licencias de VTC, esgrimiendo ese vacío, recurrieron y hasta ahora los juzgados les han ido dando la razón cuando se trata de permisos denegados en ese periodo de tiempo.