El Consell Jurídic concluye que Sanidad pagó un precio “inflado” a las concesionarias de hospitales privatizados tras la Covid

“La concurrencia de un acontecimiento extraordinario y ajeno al riesgo normal del contrato -como fue la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19- ha provocado una alteración sustancial de la base económica (...), generando un efecto de arrastre y consolidación de gastos no estructurales”. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) se manifiesta en estos términos en el informe (documento completo al final de la información) que se ha hecho público este lunes según el cual la Conselleria de Sanidad habría abonado a Ribera Salud, como empresa gestora de los hospitales públicos de Torrevieja, Dénia y Elche-Crevillente, y a Sanitas, como concesionaria del hospital público de Manises, un precio “inflado” por el servicio prestado por habitante (cápita) a partir del año 2020 al haber consolidado el aumento del gasto registrado de forma extraordinaria como consecuencia de la pandemia.

El informe, avanzado por El Confidencial, lo solicitó la propia Conselleria de Sanidad para dar cobertura legal a las liquidaciones realizadas con las empresas concesionarias (actualmente solo queda el hospital de Elche-Crevillente de gestión indirecta). La liquidación es el balance anual entre lo abonado por la administración en concepto de cápita y los servicios realizados finalmente por la empresa. La diferencia suele ser favorable a la administración, por lo que a la mercantil le toca devolver el excedente de lo abonado. Según el CJC, las liquidaciones calculadas a partir de la pandemia no son correctas puesto que el precio de la cápita que cada año se actualiza en función de unas variables está sobrevalorado por el gasto extraordinario que supuso la pandemia, puesto que una vez se normalizó la situación, no se descontó de la ecuación.

La conselleria de Sanidad venía aplicando desde el año 2012 el criterio del propio CJC, según el cual, se tenía que tener en cuenta el gasto real efectuado por la empresa a la hora de realizar las liquidaciones. Sin embargo, en su resolución actual advierte de que en el caso de que se produzca una situación extraordinaria como fue la pandemia, no se puede aplicar el gasto real de ese ejercicio como criterio para actualizar la cápita de los siguientes.

“Dicha problemática obedece a que el pliego no incorpora una previsión específica para el tratamiento de eventos extraordinarios de gasto. En consecuencia, cuando sobreviene un shock extraordinario, el sistema de actualización actúa de modo automático sobre magnitudes consolidadas, generando potenciales efectos permanentes que el propio pliego no distingue ni corrige”, dice el CJC.

El órgano consultivo añade que “la eventual corrección de los efectos estructurales derivados de un ejercicio 'base' distorsionado debe abordarse no como una dispensa discrecional del pliego, sino mediante la activación motivada del reequilibrio económico-financiero en sentido bidireccional, en cuanto instrumento de restablecimiento de la ecuación del contrato al concurrir circunstancias acreditadas que, de proyectarse mecánicamente, desvíen el contrato de su finalidad y produzcan asimetrías persistentes”.

Precisamente, la Conselleria de Sanidad aprobó un gran número de liquidaciones antes de verano en las que no se ha tenido en cuenta el criterio de este informe del CJC. En concreto, han sido un total de 35 las liquidaciones pendientes de los años 2010 al 2022 las realizadas entre febrero y mayo de 2025 por las que entre Ribera Salud y Sanitas han abonado 300 millones de euros a la Conselleria de Sanidad. Unas cifras que a tenor del informe podrían ser insuficientes.

Al respecto, fuentes de Sanidad han asegurado que en las próximas liquidaciones se regularizará la situación y se compensarán las cuantías a descontar como consecuencia del impacto de la Covid: “A partir del nuevo dictamen del CJC, en respuesta a solicitud de la Conselleria, la administración tiene la voluntad de compensar en posteriores liquidaciones. Esto no hubiera sido posible si no se hubieran realizado las liquidaciones que se han ejecutado desde 2023 y si no se hubiera pedido al CJC que revisara su criterio de 2012. El chollo de las concesionarias, si existía, lo tenían con el Botànic, que no hacía liquidaciones”, han afirmado.

Para el grupo socialista, esta operación representa un “escándalo” y una “actuación irregular” que se ha llevado a cabo de espaldas a los órganos de control. Rafa Simó ha subrayado que el Consell aprobó estos pagos sin esperar al dictamen necesario del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana y desoyendo el criterio de la Viceintervención General de Asistencia Sanitaria.

Por su parte, el diputado de Compromís, Carles Esteve, ha criticado que “este regalo de dinero público no solo ha servido para consolidar beneficios extraordinarios a Ribera Salud, sino que se ha aprobado sin esperar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu” y ha añadido: “Es intolerable que mientras deteriora la sanidad pública con listas de espera interminables y carencia de inversión en atención primaria, el Consell del PP priorice rescatar empresas privadas. Lo que están perpetrando es un robo en toda regla. Desde Compromís vamos a hacer todo el que esté en nuestras manos para acabar con este modelo privatizador, de chiringuito del PP, regalándole millones de la sanidad pública a empresas privadas para aumentar su beneficio en perjuicio de la salud de la mayoría”.