Los historiadores piden reformar la ley de secretos oficiales tras los papeles del 23F: “Es esencial para tener una versión veraz”

El Gobierno desclasificó este miércoles más de 150 documentos, hasta ahora secretos, sobre el 23F, que incluyen informes de conversaciones telefónicas y detalles del fallido Golpe de Estado de 1981. Aunque su publicación no ha alterado sustancialmente la interpretación de los hechos, para los historiadores ha supuesto un punto de inflexión en la situación de archivos en España, que consideran que “no es buena en una sociedad democrática”. 

Carme Molinero Ruiz, catedrática emérita de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona, subraya la necesidad de “que se apruebe la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, que es franquista”. Aunque en julio de 2025 el Gobierno aprobó un proyecto de ley para sustituirla, sigue actualmente en tramitación parlamentaria. Al mismo tiempo, Molinero también cree necesaria la modificación de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, “porque permite una gran discrecionalidad por parte de los archiveros”, lo que dificulta el acceso de historiadores a papeles y documentos de gran interés. “Es esencial para tener una versión veraz de la historia”, concluye. 

La nueva información publicada podría ser “la punta del iceberg de algo mucho más grande”. Francisco Leira Castiñeira, doctor en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y autor de Retrato de la Transición (Siglo XXI Editores, 2026), coincide en que “es una desclasificación necesaria que llega muy tarde, pero que no soluciona el problema real, que es la Ley de Secretos Oficiales del 68 del franquismo”. 

Una de las grandes incógnitas que se esperaba aclarar es la implicación del rey Juan Carlos I en el golpe. Y, aunque, por los documentos parece que no tuvo un papel directo, estos “dejan ciertas incógnitas del papel de Armada y su vinculación con el rey para poder crear el Gobierno de concentración”, explica Leira.

Para Molinero, es esencial distinguir entre la actuación del rey durante el golpe, y su actuación y contexto de los meses anteriores. “En realidad Juan Carlos no tenía otra opción más que la inequívoca defensa de la democracia si no quería poner en riesgo la propia monarquía, al margen de las convicciones que él pudiera tener”, concluye. 

Aunque los documentos publicados este miércoles no han aportado importantes avances en la interpretación del 23F, “quizá más adelante se pueda complementar la interpretación de todo ese proceso a partir de otros documentos”, asegura Molinero, sin descartar que “tal vez cualquier otra documentación haya sido destruida”. Por ello, puntualiza que en una democracia “hay que asegurar que exista acceso a la información, y se tendrían que generar los procesos necesarios para impedir la destrucción de documentos”.

Leira comparte la importancia de hacer una lectura correcta y tener una visión global para entender los documentos: “Es necesario que los historiadores tengan un papel activo”. Y para ello, “hay que saber verlos y analizarlos, e ir estableciendo cierta triangulación con lo que ya conocemos”.