Trump maniobra con el sistema electoral para conservar el poder absoluto ante los reveses políticos, judiciales y en Irán

Donald Trump vive en una burbuja en la Casa Blanca. Rodeado de personas que compiten por quién le regala más halagos. Él no para de repetir las mismas consignas todos los días, sobre lo bien que va el país y su victoriosa guerra en Irán. Y nadie parece contradecirle, salvo algún periodista de vez en cuando, que es convenientemente insultado por el presidente de Estados Unidos por su osadía.

Pero Trump no es tonto, por mucho que padezca el síndrome de alienación del Despacho Oval. No en vano, ha llegado a ser presidente de Estados Unidos y, según New Yorker, desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, los negocios familiares han incrementado sus beneficios en 4.000 millones de dólares.

Las encuestas, por mucho que no quiera mirarlas y por mucho que piense que están cocinadas contra él, son elocuentes con respecto al presidente de EEUU: su aprobación está en mínimos –38%–. Entre otras cosas, porque ha embarcado al país en la guerra más impopular en la historia reciente de EEUU, a niveles de la de Vietnam, según una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos, en un contexto de crecientes problemas económicos y temores al terrorismo como consecuencia de la guerra.

Así, el 61% de los estadounidenses afirma que el uso de la fuerza militar contra Irán fue un error, y menos de 2 de cada 10 estadounidenses creen que las acciones de EEUU en Irán han tenido éxito. Aproximadamente 4 de cada 10 afirman que no ha tenido éxito, mientras que otros 4 de cada 10 dicen que es “demasiado pronto para saberlo”.

Al rechazo interno a la guerra de Irán se suma su errática gestión de las diferentes crisis detonadas con los bombardeos, entre ellas el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulaba el 20% del comercio internacional de petróleo.

Pero no es solo que está en mínimos su popularidad. Es que uno de sus principales ejes de la victoria en las presidenciales de noviembre de 2024 fue que Joe Biden no había sido capaz de hacer más asequible la vida de los estadounidenses. Y, ahora, Trump, está haciendo precisamente lo contrario de lo prometido: hacer más cara la vida en EEUU. Por ejemplo, el IPC sigue en el 3%, entre otras cosas lastrado por el incremento de los productos energéticos a consecuencia de la guerra de Irán desatada por Trump el 28 de febrero pasado. Así, por ejemplo, el galón –3,78 litros– de gasolina normal se encuentra en 4,5 dólares de media en EEUU, cuando hace un año el precio medio era de 3,1 dólares, lo que supone un incremento del 50% en el precio de un bien de primera necesidad en un país en el que la mayoría de las personas coge el coche para todo.

Eso sí, mientras tanto, las grandes empresas petroleras de EEUU se están frotando las manos porque se están registrando exportaciones récord de gas y petróleo. Pero Trump siente la presión de una ciudadanía que no llega a fin de mes y cuya situación ha empeorado por el precio de la gasolina. Por eso busca una salida a una guerra que ya supera las 10 semanas, pero no termina de encontrarla y no deja de revolverse y de deformar la realidad.

Así, por ejemplo, Trump no ha dejado de decir que la guerra está “terminada”, para evitar el control del Congreso, y ha cantado victoria casi desde la primera semana. Una de muchas pruebas de ello, como publicaba esta semana el Washington Post, es que Irán tiene capacidad de aguantar el bloqueo de Ormuz hasta cuatro semanas más, y que su capacidad armamentística no está tan diezmada como se dice, contradiciendo las declaraciones públicas del presidente de EEUU.

Además de la economía familiar, Trump tampoco está siendo capaz de corregir problemas estructurales en el país, como el de la deuda, que ya está en cifras récord de 39 billones de dólares –un 123% del PIB–.

En el cóctel de la complicada situación política de Donald Trump dentro de sus fronteras se atraviesan dos ejes fundamentales en su campaña: el migratorio y el arancelario. Con el primero, parte del mundo MAGA está revolviéndose por lo que considera una suavización de la represión migratoria, cuyos principales síntomas son las destituciones de los principales encargados de ejecutarla en el primer año, la ex secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el ex encargado del ICE, Greg Bovino.

Después de los asesinatos en Minneapolis en enero de Renée Good y Alex Pretti, que resultaron excesivos hasta para los trumpistas, la Casa Blanca ha cambiado de aproximación en cuanto a decibelios y pomposidad se refiere, al poner el frente al zar migratorio de Trump, Tom Homan, y al ex senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumió el cargo el 1 de abril.

En recientes comparecencias, tanto Homan como Mullin intentaron tranquilizar a los suyos.

“Para todos aquellos que dicen: 'El presidente Trump se está ablandando en cuanto a las deportaciones masivas', no tienen ni idea de lo que están hablando”, declaró Homan en la Border Security Expo celebrada esta semana en Phoenix. “Este año será un buen año”, añadió Homan: “Se avecinan deportaciones masivas”.

Sin embargo, Mullin ha intentado decir que el departamento se centra en lo que denomina “lo peor de lo peor”, y se aleja de las tácticas más indiscriminadas que afectaron a muchas personas no delincuentes en las grandes ciudades. Así, Mullin ha afirmado que los estadounidenses no verán una repetición de la operación de Minnesota, que provocó una reacción generalizada, sobre todo a partir de los asesinatos de Good y Prett por disparos de agentes de inmigración en medio de las protestas.

“No vamos a ir a Nueva York como si fuera otro Minneapolis” Mullin en una entrevista con Fox Business el jueves: “Vamos a ir a por los delincuentes”.

Así, de alguna manera, Mullin reconocía que el despliegue de Minnesota fue un error y que el ICE ha estado ejerciendo una represión generalizada y sin filtros.

Y en cuanto al programa arancelario de Trump, que le sirve como arma arrojadiza, intimidatoria y amenazante cada vez que quiere someter a algún interlocutor internacional, el presidente de EEUU acumula reveses judiciales por su afán presidencialista, que no deja de ser un tic autoritario: Trump desprecia tanto la separación de poderes que se salta ilegalmente el Capitolio a pesar de que tiene pleno control del Legislativo.

En este sentido, a la sentencia demoledora del Tribunal Supremo de febrero pasado, que declaró ilegales los gravámenes generalizados del presidente de EEUU, esta semana se ha conocido otra sentencia, la del Tribunal de Comercio Internacional de EEUU contra los aranceles aprobados por Trump tras el revés del Supremo, amparados en una supuesta crisis de la balanza comercial.

Maniobras con el sistema electoral

Mientras Trump acumula reveses judiciales por sus aranceles, esta semana ha recibido una alegría por el cambio de las reglas del juego impulsadas por los demócratas en Virginia en respuesta a la ofensiva de la Casa Blanca iniciada con Texas para intentar retener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

Así, el Supremo de Virginia, tras varias denuncias de los republicanos, anuló este viernes un mapa de circunscripciones elaborado por los demócratas y aprobado recientemente por los votantes en un referéndum. La sentencia eliminará cuatro circunscripciones de la Cámara de Representantes de EEUU de tendencia demócrata recién creadas en Virginia, lo que otorgará a los republicanos —que han conseguido más escaños republicanos en todo el país redibujando distritos sin reveses judiciales— una ventaja de cara a las elecciones de mitad de legislatura.

Durante generaciones, los mapas electorales se han retocado una vez por década, tras el censo, para tener en cuenta los cambios demográficos.

Pero en 2025, Trump, temeroso de perder el control de la Cámara de Representantes, se lanzó a la guerra del gerrymandering en Texas para diseñar un nuevo mapa que favoreciera a los republicanos. A continuación, California, republicana, respondió con un mapa que favorecía a los demócratas. A partir de ahí, otros estados republicanos y demócratas siguieron su ejemplo.

Gerrymandering es un término acuñado después de una revisión de los límites de los distritos electorales de Massachusetts en 1812, llevada a cabo por el gobernador Elbridge Gerry, tras la cual uno de los distritos tenía forma de salamandra (gerrymandering: Gerry, por el apellido, y mandering, por 'salamander').

Ahora, tras rechazo judicial al nuevo mapa de Virginia, los demócratas podrían verse en la situación de perder más de media docena de escaños seguros solo por la redistribución de distritos.

A todo ello se junta la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU de finales de abril sobre Luisiana amputando la ley de 1965 sobre el derecho al voto y avalando la discriminación racial electoral. A partir de ahí, los republicanos de Tennessee, Alabama y Luisiana se han lanzado a la carrera para trazar nuevos mapas antes de las elecciones de mitad de mandato.

Si se salen con la suya, los republicanos podrían lograr otro puñado de escaños adicionales antes de que los votantes acudan a las urnas en noviembre.

Del mismo modo, Carolina del Sur también está estudiando la posibilidad de trazar un nuevo mapa antes de noviembre para seguir mordiendo escaños para Trump.

Los demócratas se están viendo superados por el ritmo de los republicanos en su capacidad para retorcer las normas electorales. También porque algunos estados controlados por los demócratas, como Virginia, crearon comisiones independientes para reducir el partidismo en los procesos de trazado de mapas. Por contra, los republicanos mantuvieron el poder cartográfico en los parlamentos estatales, lo que permite a estados como Texas, Florida, Carolina del Norte y Misuri promulgar mapas partidistas con pocos obstáculos logísticos.

No obstante, la derrota de los demócratas en Virginia puede impulsar a los demócratas de Nueva York y Colorado a intentar rediseñar sus mapas antes de las elecciones de 2028.

“Gran victoria para el Partido Republicano, y para Estados Unidos, en Virginia”, dijo Trump sobre la decisión en su cuenta de redes sociales.

“El momento en que se ha dictado esta sentencia lo dice todo”, afirmó el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia) sobre el fallo de Virginia: “El Tribunal Supremo de los Estados Unidos vacía de contenido la Ley de Derechos Electorales en una demanda interpuesta por un extremista del 6 de enero, y los estados del sur se apresuran a forjar acuerdos a puerta cerrada que privan del derecho al voto a los votantes y candidatos de las minorías. Mientras tanto, los votantes de Virginia deciden plantar cara a la privación del derecho al voto a nivel nacional, solo para ver cómo sus votos acaban en la basura por un fallo de 4 a 3”.

En conjunto, las recientes decisiones judiciales y la actividad legislativa han aumentado las posibilidades de los republicanos de mantener el control de la Cámara de Representantes en un contexto político difícil. Los republicanos controlan la Cámara por 218 escaños frente a 212, y un puñado de circunscripciones podrían marcar la diferencia a la hora de decidir quién controla la Cámara durante la segunda mitad del segundo mandato de Trump.

Ley para restringir el derecho al voto

Trump está impulsando duramente una reforma de la ley electoral que impone, entre otras cosas, algo tan poco habitual en EEUU para todo como tener que mostrar documentos identificatorios en un país que carece de ellos a escala federal: en EEUU no existe el DNI.

La Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, o Save America Act, como la llama Trump, ha superado el paso por la Cámara de Representantes en febrero, y está pendiente de pasar por el Senado.

El proyecto de Trump exige a los votantes mostrar un documento de identidad con fotografía, así como la obligación de que las personas presenten pruebas documentales de ciudadanía para registrarse para votar en las elecciones federales.

Sin embargo, a las personas sin ciudadanía ya se les prohíbe votar en las elecciones federales, y no está permitido en ningún estado. Los casos en los que ocurre son poco frecuentes.

Obtener los documentos necesarios en virtud de la Save America Act no es tan fácil como podría parecer. Hace una década se intentó una iniciativa similar en Kansas, que finalmente fue bloqueada por los tribunales después de que se impidiera inscribirse a más de 30 000 ciudadanos con derecho a voto.

En este sentido, los estrictos requisitos de documentación podrían llevar a dejar fuera del proceso electoral a millones de estadounidenses con derecho a voto, entre ellas mujeres casadas, personas de color y votantes que viven en zonas rurales“.

La lista de documentos válidos en la Save America Act para demostrar la ciudadanía parece larga, pero muchos de ellos tienen condiciones, como explica un análisis de AP.

Según el proyecto de ley, un carné de conducir que cumpla con la norma REAL ID tendría que indicar que “el solicitante es ciudadano”, pero no todos lo hacen. Solo cinco estados —Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington— ofrecen el tipo de REAL ID mejorados que indican explícitamente la ciudadanía estadounidense.

Los permisos de conducir estándar, generalmente disponibles tanto para ciudadanos como para no ciudadanos, a menudo no incluyen un indicador de ciudadanía. Algunos estados, entre ellos Ohio, los han añadido recientemente.

Aunque las tarjetas de identificación militar figuran como documentos válidos en virtud de la ley, no serán suficientes por sí solas. El proyecto de ley establece que una identificación militar debe ir acompañada de un “expediente de servicio” militar que indique que el lugar de nacimiento de la persona se encuentra en EEUU.

El DD214, el certificado estándar actual de baja o licencia para todas las ramas del servicio militar, no cumple actualmente ese requisito. Según el Pentágono, ese documento solo indica dónde vivía la persona en los puntos de ingreso y baja, así como su domicilio actual registrado. No indica dónde nació.

En la mayoría de las disposiciones, la Save America Act no contiene ningún periodo de transición que dé tiempo a los votantes y a las oficinas electorales locales para adaptarse. Si el Congreso la aprueba y Trump la firma, su requisito de presentar pruebas documentales de ciudadanía se aplicaría de inmediato, lo que significa que estaría en vigor para las elecciones de mitad de mandato de este año.

Un estudio de 2025 de la Universidad de Maryland estima que 21,3 millones de estadounidenses con derecho a voto no disponen de documentos que acrediten su ciudadanía, o no tienen fácil acceso a ellos, entre ellos casi el 10% de los demócratas, el 7% de los republicanos y el 14% de las personas no afiliadas a ninguno de los dos grandes partidos.

Un pasaporte sería la forma más eficaz de cumplir el requisito, pero solo alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses tienen uno, según el Departamento de Estado, y la Save America Act exige que el pasaporte esté vigente. Uno caducado no cuenta.

Se tarda entre cuatro y seis semanas en obtener un pasaporte, según la web del departamento, sin contar el tiempo de envío por correo. Un pasaporte nuevo cuesta 165 dólares para los adultos, mientras que las renovaciones cuestan 130 dólares, y la foto cuesta entre 10 y 20 dólares más. El plazo de tramitación se puede acelerar a dos o tres semanas por 60 dólares adicionales, y para una tramitación aún más rápida, hay que añadir 22 dólares más. El proceso totalmente urgente para un pasaporte nuevo costaría al menos 257 dólares.

Un certificado de nacimiento puede ser una opción más rápida y económica para la mayoría de las personas, pero hay algunas complicaciones.

La Save America Act exige un certificado de nacimiento certificado expedido por un gobierno estatal, local o tribal. Lo que no parece cumplir los requisitos es el certificado firmado por el médico que se entrega a muchos padres primerizos en el hospital cuando nace su hijo. Proporciona información similar a la de un certificado de nacimiento, pero no cumpliría con la letra de la legislación federal.

Al igual que los pasaportes, a veces se tarda semanas en obtener los certificados de nacimiento.

Las personas cuyos certificados de nacimiento no coincidan con sus documentos de identidad actuales —en su mayoría mujeres que cambiaron de apellido al casarse— probablemente necesitarían documentación adicional para registrarse para votar según el proyecto de ley. Una encuesta del Pew Research Center de 2023 reveló que alrededor del 80% de las mujeres en matrimonios heterosexuales en EEUU adoptan el apellido de su marido.

Contra el voto por correo

Trump no quiere promulgar ninguna otra ley hasta que el Congreso apruebe su proyecto de ley electoral que limita al máximo, además, que los estadounidenses voten por correo.

Los expertos en materia electoral han señalado que el proyecto de ley podría privar del derecho al voto a unos 20 millones de votantes estadounidenses que no disponen de certificados de nacimiento u otros documentos, una cifra que probablemente aumentaría con la prohibición adicional del voto por correo que exige Trump.

El voto por correo se utiliza en muchos estados de todo el país, el presidente de EEUU solo fija excepciones para los votantes con discapacidad, los militares o en otras situaciones excepcionales.

Trump afirma, sin pruebas, que el voto por correo es fraudulento, si bien los grupos defensores del voto llevan mucho tiempo defendiendo esta práctica por facilitar el voto a los estadounidenses.

Quedan seis meses para las elecciones de mitad de mandato, y Trump está maniobrando y retorciendo las reglas electorales para conservar la mayoría en el Capitolio y consolidar su poder total en EEUU en un momento en el que se le acumulan reveses dentro y fuera de sus fronteras, lo que está hundiendo su popularidad a mínimos.