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Daniel Cela

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El refugiado Barry quiere ver a sus hijos antes de morir

Alpha Oumar Barry nació el 6 de febrero de 1993 en Guinea Conakry y huyó del país con 17 años y un disparo de bala en la mano derecha. Dejó atrás a su novia, Umou, y a una hija recién nacida, Maladho. En esos 17 años de vida, antes de alcanzar lo que en Occidente llaman adolescencia, su país fue escenario de una dictadura militar, guerras entre etnias, un golpe de Estado, conflictos callejeros y una epidemia de ébola, todo en una nación donde la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, sin acceso a electricidad ni agua corriente, según Naciones Unidas. 

Barry sobrevivió a la guerra, al hambre, a los tiroteos, al virus del ébola. Incluso sobrevivió a un viaje de siete años, la mayor parte del tiempo a pie, en el que atravesó Guinea-Bissau, Gambia, Senegal, Mauritania, cruzó parte del desierto del Sáhara Occidental y entró en Marruecos. Allí se reencontró con Umou y allí nació su segundo hijo, Mamadou. El 26 de enero de 2016, Barry cruzó el Estrecho en una patera junto a otros tantos chicos subsaharianos hasta alcanzar las costas de Cádiz. Pocos meses después de instalarse en Córdoba, empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza y los médicos le detectaron un cáncer cerebral en estado avanzado, con metástasis en el pulmón. “No ha tenido una vida fácil y no le queda mucho tiempo”, dice Solomon Beyo, miembro de la ONG El Mundo y África Trabaja, que está intentando ayudar al joven.

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El Defensor del Pueblo de Grecia se implica en el caso a los bomberos andaluces acusados de tráfico de personas

El 'ombudsman' griego, Andreas Potakkis, ha remitido una carta a su homólogo en Andalucía, Jesús Maeztu, acerca del proceso judicial al que se enfrentan  tres bomberos andaluces de la asociación Proemaid (Professional Emergency Aid) acusados de tráfico de personas por ayudar a refugiados en el Mar Mediteráneo. En la misiva anuncia que parece "más que probable" que se posponga el juicio previsto para el 7 de mayo pero que, según sus indagaciones, "el abogado de los acusados parece ser optimista porque está convencido de que la acusación del fiscal es bastante débil en términos de evidencia y argumentación".

Potakkis relata que había ordenado a sus servicios que mostraran un "particular interés" en el caso de los voluntarios andaluces pese a su imposibilidad de interventir en los asuntos en los que el fiscal ya haya presentado cargos individuales contra personas y el juicio esté aún pendiente de celebración. En todo caso, el Defensor griego señala que el tribunal tiene "gran cantidad de casos pendientes" por "huelgas pasadas" y que por ello se podría suspender.

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Andalucía prohibirá a los supermercados tirar el excedente de alimentos

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley integral de Agricultura, una norma que viene a sustituir la gran reforma agraria de 1984, y que permitirá a la Junta multar a las grandes superficies comerciales que tiren sus excedentes alimenticios. La norma introducirá un reglamento para que los supermercados se doten de planes de aprovechamiento de sus sobras, obligándoles a destinarlos a ONGs. Según cálculos de la Consejería de Agricultura, en Andalucía se desperdician alrededor de 180 kilos de alimentos por habitante al año, de los cuales sólo un tercio se derivan a organizaciones sin ánimo de lucro.

La Ley integral de Agricultura es uno de los proyectos estrella del Gobierno de Susana Díaz, que viene a regular uno de los motores de la economía andaluza. La norma está en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Ciudadanos, pero también formó parte del pacto de Gobierno de los socialistas con IU en la anterior legislatura. El texto que este martes ha llegado al Consejo de Gobierno casi nada tiene que ver con el borrador inicial, que se conoció hace seis años. La tramitación ha estado salpicada de inconvenientes -con duros informes en contra del Consejo Económico y Social- que ha dilatado su aprobación. 

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El pulso entre PSOE y Podemos-IU bloquea el blindaje del gasto educativo

PSOE, Podemos e IU están explorando la posibilidad de alcanzar un acuerdo político para blindar un suelo de financiación para la educación pública andaluza. Pero el margen de negociación es muy estrecho y la desconfianza mutua es palpable. La iniciativa parte de la coalición Podemos-IU, que registró hace tres semanas una proposición de ley en la Cámara que fija el gasto educativo andaluz en el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), equiparándolo a la media europea. Actualmente está en el 3,9% para la educación no universitaria. Los socialistas han tanteado a sus adversarios para tratar de llegar a un acuerdo más amplio (sumando al resto de fuerzas políticas), pero existen serias discrepancias partidistas y económicas que les separan.

La primera tiene que ver con la lucha perenne entre las fuerzas de izquierda por capitalizar esta propuesta, que los tres grupos recogen en sus programas electorales. Podemos e IU creen que este debate, en el marco de la medida que ellos han llevado al Parlamento, deja en evidencia al PSOE de Susana Díaz, no sólo porque el presupuesto actual para educación de la Junta es sensiblemente inferior, sino porque hace apenas un mes el secretario general socialista, Pedro Sánchez, ordenó a su grupo abandonar la Subcomisión del Pacto de Estado para la Educación en el Congreso, precisamente porque el Gobierno de Mariano Rajoy se había negado a blindar el 5% del PIB para el gasto educativo. "Lo que defienden en Madrid como oposición es distinto a lo que hacen en Andalucía desde la Junta", denuncian.

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La última crisis del PSOE de Almería reactiva la guerra entre sanchistas y susanistas

Almería es la capital andaluza donde el PSOE lleva 23 años sin gobernar, el mismo tiempo que el partido lleva inmerso en cuitas internas (seis candidatos a la Alcaldía y cinco secretarios generales desde 1995). La última disputa entre familias socialistas se ha salido del mapa almeriense y amenaza con un impacto de más alcance, que reactive la guerra entre el PSOE federal de Pedro Sánchez y la dirección andaluza de Susana Díaz, también llamada guerra de sanchistas y susanistas, o de críticos contra oficialistas (en Andalucía los críticos son los oficialistas de Ferraz).

Almería es la segunda provincia, después de Cádiz, más susceptible de reactivar la pelea orgánica. En las primarias a la secretaría general del PSOE, los partidarios de Sánchez recogieron un 36,5% de avales en Almería, sólo superados por el 41% de Cádiz. Almería también fue una de las dos provincias -junto a Málaga- donde los críticos lograron avales para forzar primarias y competir por la secretaría general provincial. Ganó el candidato susanista, José Luis Sánchez Teruel, que desde entonces mantiene una relación complicada con el líder de la agrupación local y ex alcalde de Almería, Fernando Martínez López, dirigente sanchista que se sienta en la ejecutiva federal.

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Susana Díaz confía en poder devolver el carné del PSOE a Chaves y Griñán

El PSOE andaluz y, singularmente, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se han reconciliado definitivamente con su pasado y con las figuras de los ex mandatarios, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están siendo juzgados estos días por prevaricación y malversación de fondos en la pieza política del caso de los ERE fraudulentos. 

Aún quedan muchos meses para que se conozca la sentencia del proceso, que acaba de culminar casi cuatro meses de interrogatorios a los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz sentados en el banquillo de los acusados. De hecho, hay quien especula que el juicio y el anuncio del fallo puede precipitar el calendario de las próximas elecciones autonómicas, que están previstas para la primavera de 2019, por temor a que condicione el resultado de las urnas, como ocurrió en 2012. Pero Díaz y su equipo están lejos de esta hipótesis. La presidenta andaluza no sólo ha perdido el miedo al caso ERE, el mayor escándalo de corrupción que ha salpicado a la Junta de Andalucía en casi cuatro décadas. Ahora, a la vista de cómo se está desarrollando el juicio, los socialistas son optimistas en que los ex presidentes serán exonerados y depositan su confianza en ellos sin los matices y cautelas de antaño.

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Los barones del PSOE negocian por separado con Rajoy la mejor financiación para sus regiones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha despachado esta semana, por separado, y en el intervalo de cuatro horas, con dos presidentes autonómicos del PSOE que tienen ideas muy distintas sobre cómo reformar el actual modelo de financiación autonómica. Fue la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el de Aragón, Javier Lambán, quienes pidieron audiencia para desbloquear este asunto, y Rajoy les citó el mismo día, uno después del otro, evidenciando al final de la jornada lo difícil que resulta consensuar la arquitectura territorial del país (incluso dentro del mismo partido).

El PSOE llevó el miércoles a la Moncloa dos propuestas divergentes para mejorar el reparto de fondos estatales en las comunidades: Andalucía y Aragón son dos territorios con características y necesidades muy distintas y, por tanto, sus criterios de financiación son opuestos, cuando no antagónicos. También lo son sus estrategias políticas. Susana Díaz se ha presentado ante Rajoy con un documento de 40 páginas que resume una propuesta de financiación aprobada por el Parlamento andaluz con el respaldo de todas las fuerzas políticas, excepto Ciudadanos.  Javier Lambán ha llevado consigo otro tipo de aval: una declaración institucional firmada por los presidentes de cuatro autonomías (dos del PSOE y dos del PP) -Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia- que sufren despoblación, dispersión y envejecimiento demográfico, y que reclaman juntos al Gobierno una propuesta de financiación acorde con sus intereses comunes.

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Rajoy corteja a Susana Díaz con más inversiones para salvar los Presupuestos Generales

El proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2018 va a iniciar en breve el primer trámite de enmiendas a la totalidad sin que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga, de momento, los apoyos necesarios en el Congreso para sacarlos adelante. En las últimas semanas, el PP ha trazado una estrategia de presión sobre el PSOE para lograr el desbloqueo de las cuentas generales, incluido un mensaje directo a Susana Díaz, que este miércoles se ha reunido con Rajoy durante casi dos horas. La presidenta andaluza ha salido de Moncloa con el compromiso del presidente de que convocará en breve una “reunión bilateral” entre el ministro de Fomento y el consejero del ramo para abordar un aumento en “las principales inversiones del Estado en Andalucía” e “incluirlas en el trámite de modificaciones presupuestarias”.

Esta reunión, cuya fecha aún no se ha concretado, abre un marco de negociación bilateral entre el Gobierno de Rajoy y el de Susana Díaz sobre la base de unos Presupuestos Generales de 2018 que, sin embargo, cuentan con el rechazo total del PSOE en el Congreso. Los socialistas han sido los primeros en anunciar una enmienda a la totalidad a las cuentas de Rajoy (también Unidos Podemos), pero la vía de negociación abierta con Andalucía ignora esta iniciativa y remite directamente al trámite posterior de enmiendas parciales, donde los grupos pueden incorporar correcciones puntuales al texto. La estrategia de Pedro Sánchez en el Congreso va por un camino y las maniobras de la presidenta andaluza siguen otro distinto. El PSOE ha presentado en la Cámara Baja una propuesta alternativa de presupuestos que aumentaría en 8.000 millones de euros el gasto previsto por el Gobierno para 2018, pero que no llega al detalle de las exigencias concretas que Díaz le ha planteado este miércoles al presidente.

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El rebujito orgánico de Susana Díaz y Pedro Sánchez en la Feria de Abril de Sevilla

No es difícil pensar en el Real de la Feria como un escenario post bélico, basta quedarse hasta altas horas de la madrugada, cuando hay que sortear objetos y personas tirados por las calles de albero. Es más complicado imaginar un campo de batalla a plena luz del día, con el mismo escenario iluminado por el sol, pigmentado de colores vívidos, envuelto en olores fuertes y con toda la soldadesca riendo, cantando y bailando. Ese era el ambiente de Feria la primera vez que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se adentró solo y casi de incógnito en el Real de la Feria. Nadie de la dirección regional del PSOE andaluz fue a recibirle, nadie, excepto el outsider sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le sirvió de cicerón por las calles de albero.

Corría abril de 2016. De aquella manera se propició  un encuentro forzoso con la presidenta andaluza, Susana Díaz, entonces la mayor autoridad de facto en el partido. Aquel fue uno de los capítulos más incómodos de ver de la larga guerra (primero fría, después ardiente) entre ambos dirigentes por el control del partido. Lo fue, quizá, porque el escenario de fondo de aquella batalla soterrada era la Feria de Sevilla en todo su esplendor, un carrusel para ella, un territorio hostil para él.

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La defensa de Chaves y Griñán en el caso ERE, similitudes y diferencias

En el banquillo de acusados del juicio por la pieza política de los ERE se sientan dos ex presidentes de la Junta, pero sólo uno responde a los delitos que le imputan en calidad de presidente. La declaración de Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE es el vértice de una pirámide de interrogatorios por el que, durante tres meses, han pasado los 22 ex altos cargos de la Junta implicados en el escándalo. El cara a cara de Chaves con el fiscal ha sido muy distinto al que vivió José Antonio Griñán, que le sucedió como presidente, pero que está señalado por su etapa como consejero de Economía y Hacienda.

Hay una línea divisoria que separa la implicación de Chaves de la de Griñán, una franja invisible que distingue lo político de lo técnico. En algún momento del juicio, todos los escalafones altos del Gobierno andaluz se han acogido a esta dinámica de acotar sus responsabilidades políticas y derivar en sus subalternos la parte técnica. Entre Chaves y Griñán, esta división abstracta es más compleja, porque ambos fueron fueron presidentes (el primero gobernó 19 años consecutivos y el segundo le sucedió otros cuatro). Los dos han respondido al fiscal que no conocían qué era y cómo se gestionaba la partida presupuestaria 31L -el llamado “fondo de reptiles” del que salían las ayudas fraudulentas-, el primero porque no estaba dentro de su “ámbito político de decisión”, y el segundo porque “no se puede llegar a ese nivel de detalle desde una consejería [Economía y Hacienda]”.

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