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Daniel Cela

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El atasco burocrático de los planes urbanísticos frena el crecimiento de medio millar de municipios de Andalucía

Andalucía tiene 786 municipios y 607 (el 77%) carece de una figura de ordenamiento urbanístico adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística Andaluza (LOUA), que lleva en vigor 16 años (desde 2003). El 82% de esos 607 municipios está tramitándolo, y un total de 496 municipios tienen sus planes generales (y especiales) de urbanismo "atascados desde hace años en una tramitación farragosa", dada la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental, según datos de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

El plan de ordenamiento urbanístico es la herramienta que necesitan los ayuntamientos para diseñar el crecimiento de sus municipios, autorizar inversiones e incluso afianzar a su población. El nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ultima una nueva ley del suelo -la primera legislación urbanística de un Ejecutivo no socialista en 37 años-, pero el borrador actual aún tardará más de un año en aprobarse en el Parlamento. La Junta ha aprovechado parte del articulado del anterior Gobierno socialista, que dejó muy avanzada su reforma de la ley del suelo. No será una norma fácil, porque debe condensar 235 textos legales en vigor que afectan al urbanismo andaluz: 151 de rango autonómico y 83 de rango estatal. 

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Dimite el número dos de Igualdad del Gobierno andaluz después de que la consejera negara la brecha de género

En las últimas 24 horas, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha sufrido dos dimisiones notorias de altos cargos: el viceconsejero de Igualdad, Francisco José Martínez López, y la viceconsejera de Empleo, Isabel Balbín. Ambos están ligados a carteras gestionadas por Ciudadanos. En los primeros seis meses de legislatura, ha habido una decena de dimisiones y ceses de altos cargos en la Junta, empezando por el primer consejero de Hacienda, Alberto García Valera, a los seis días de tomar posesión. El PSOE ve en estas dimisiones un síntoma de la inestabilidad del Gobierno andaluz, mientras la Junta le resta importancia y lo achaca a "cuestiones puntuales".

El cese del número dos de Igualdad se produce justo después de la polvareda que desató la titular del departamento, la consejera Rocío Ruiz, al negar que la brecha salarial de género exista en la Administración andaluza. Ruiz anunció que pediría a las universidades más "evidencias científicas" sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres, y lo hizo después de que Vox registrase en el Parlamento una proposición no de ley que pide a la Junta rechazar la existencia de la brecha salarial de género por considerarlo un criterio ideológico. El viceconsejero ha dimitido alegando "diferencias irreconciliables" con su jefa en la manera de gestionar su departamento.

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La coalición Adelante Andalucía muta de marca electoral a partido político al año de su creación

Adelante Andalucía no es un partido político al uso, aunque se inscribió como coalición electoral en el registro de partidos del Ministerio de Interior para concurrir a las pasadas elecciones andaluzas del 2 de diciembre. La confluencia de Podemos, IU y otras agrupaciones andalucistas sin representación nació hace un año con vocación de asentarse como proyecto político a la izquierda del PSOE y alternativa de Gobierno. "Un nuevo sujeto político", anunciaron entonces, midiendo las palabras para que la dirección estatal de Podemos no interpretara el proyecto de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo como un intento de escindirse de la marca morada.

El nombre de Adelante Andalucía apareció en junio de 2018 como una "plataforma digital", que buscaba sumar el apoyo de 50.000 simpatizantes con la confluencia. Pablo Iglesias les acusó de estar creando un censo de inscritos paralelo y preparando una marca electoral propia para las autonómicas. Lo negaron. Dos meses después se presentó Adelante como marca y coalición electoral. Hubo primarias y zarandeos entre la dirección estatal y la regional, hasta que los andaluces le doblaron el pulso a sus superiores y lograron, por la vía de los hechos, lo que no habían conseguido negociando con Madrid ni votando en los Consejos Ciudadanos de Podemos: autonomía política y organizativa. Iglesias terminaría haciendo campaña por Adelante en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

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10 horas de calma y 10 minutos de guerra: Así ha reventado el debate del primer Presupuesto andaluz de PP, Cs y Vox

El proyecto de ley de Presupuestos andaluces de 2019 llegó este miércoles al Parlamento aprobado de antemano, gracias al pacto firmado el pasado 13 de junio por los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, y su aliado Vox. Eso ha restado intensidad a un debate hipotenso, aburrido y protocolario, que se ha prolongado durante diez largas horas (seis en la tarde del miércoles y cuatro este jueves). Pero los últimos diez minutos han sido volcánicos.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), ha cargado contra la "superioridad moral del PSOE" -el rasgo que más crispa a la derecha- enfrentándole a sus contradicciones históricas, incluido el famoso discurso de 1931 de la diputada socialista Victoria Kent, justificando ante Clara Campoamor que no era el momento idóneo para aprobar el sufragio femenino en España. Al PSOE se le han roto las costuras de indignación, porque no tenía derecho a réplica y porque la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs), no sólo les ha negado la palabra. Les ha invitado a marcharse del Parlamento. "A quien no le interese lo que está diciendo el consejero, que abandone el hemiciclo", dice Bosquet. "¡Esto es inaudito, inaudito!", gritaban los socialistas. La paradoja es que el episodio dramático de última hora ha devuelto al PSOE a un debate en el que han sido invisibles todo el rato. El portavoz socialista, Mario Jiménez, se ha llevado la pelea fuera del Pleno, llamando "comisaría política" a la presidenta de la Cámara, y anunciando que sus servicios jurídicos estudiarán el modo de reprobar su actuación por vulnerar el reglamento.

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PP, Cs y Vox consolidan su triple alianza en Andalucía y aprueban sus primeros Presupuestos autonómicos en España

El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves los Presupuestos autonómicos de 2019, los primeros de España firmados por PP, Ciudadanos y Vox; y los primeros de Andalucía que no ha diseñado un Gobierno socialista en más de tres décadas de democracia. Las cuentas del presente ejercicio ascienden a 36.500 millones de euros, mantienen intacto, en lo esencial, los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia), e introduce una política fiscal distinta, con una rebaja impositiva global que beneficiará más a las rentas más altas. Estas cuentas apenas disponen de cinco meses para su ejecución, pero para el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla representan un valor político indudable, ausente en el resto de España: la estabilidad. 

Los Presupuestos andaluces de 2019 han salido adelante con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que el pasado 13 de junio firmaron un acuerdo político que les compromete para las cuentas de este año y el que viene. Los populares y los naranjas dan por amortizado ese pacto hasta 2021, prácticamente toda la legislatura. El grupo de extrema derecha, en cambio, matiza que éstos son unos Presupuestos "de transición", y que será en la negociación de los próximos meses para las cuentas de 2020 donde volcarán el peso de sus principales reivindicaciones políticas. Con todo, la foto fija de este jueves retrata una alianza rocosa y sin fisuras de las tres fuerzas conservadoras. Una imagen que contrasta con una izquierda dividida y peleada, incapaz de conformar un Gobierno en España, ni tan siquiera de emular el movimiento táctico de las derechas en Andalucía para echar del poder a su rival común (como demuestra el crispado escenario político entre PSOE y Podemos en La Rioja, Aragón y Navarra).

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El Parlamento ratifica a Maeztu como Defensor del Pueblo Andaluz tras fracasar el pacto de Adelante de elegir a una mujer

La comisión de nombramientos del Parlamento de Andalucía, representada por todos los grupos, ha aprobado este miércoles, con una mayoría holgada (PSOE, PP y Ciudadanos) la idoneidad de la candidatura de Jesús Maeztu para renovar un segundo mandato como Defensor del Pueblo Andaluz. Maeztu ocupa el cargo desde 2013, el último año ha desarrollado sus funciones de forma transitoria y, una vez el Pleno de la Cámara ratifique su nombramiento en septiembre, seguirá otros cinco años al frente de la Oficina del Defensor.

La elección de Maeztu significa también que han fracasado los intentos de Adelante Andalucía de designar, por primera vez, a una mujer como Defensora del Pueblo Andaluz. La coalición de Podemos e IU, aún pilotada por el ex líder de izquierdas Antonio Maíllo, firmó con el Gobierno de PP y Ciudadanos un acuerdo por el que Adelante Andalucía se arrogaba la potestad de elegir al nuevo Defensor, "preferentemente una mujer", siempre que el nombre propuesto concitara un amplio consenso entre los grupos [se barajó inicialmente la candidatura de la activista Helena Maleno, defensora de los derechos de migrantes].

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El Gobierno andaluz rectifica, admite la brecha salarial de género en la Junta y hace ostentación de políticas de igualdad

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos reconoce que existe una brecha salarial de género en la sociedad y en su propia Administración, donde los funcionarios ocupan más puestos de dirección que las funcionarias, promocionan más rápido y, por ende, tienen mejores ingresos. Estos datos oficiales aparecen en los informes de impacto de género que acompañan a la ley de Presupuestos Autonómicos de 2017 y 2018, pero la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), negó esa realidad con unas declaraciones que han soliviantado a muchos, dentro y fuera de la Junta. "Evidentemente, no existe la brecha de género en el sector público", dijo este lunes.

Tras el revuelo que han provocado sus palabras, la Junta ha rectificado, y lo ha hecho con un mensaje ostentoso. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha presidido en San Telmo el pleno del Consejo de Participación de las Mujeres, un órgano adscrito a la Consejería de Igualdad (depende del Instituto Andaluz de la Mujer) e integrado por organizaciones de mujeres con el objetivo de canalizar sus reivindicciones e intereses, promoviendo la participación en el diseño de las políticas de igualdad de género. Moreno ha arropado públicamente a la consejera Ruiz tras las críticas recibidas por cuestionar la brecha de género, y ha ratificado el compromiso de su Gobierno para hacer de "Andalucía una tierra en la que haya igualdad de oportunidades para todas las mujeres".

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Auditorías y multas a empresas por discriminar a la mujer: Así pactaron PSOE, PP y Cs la ley contra la brecha salarial

El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 26 de septiembre, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, la reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género, que venía a modernizar un texto de 2007. La nueva ley trataba de actualizar las políticas de lucha contra la discriminación hacia las mujeres, con especial incidencia en el mercado laboral. Una de las medidas que introdujo esa reforma son las "auditorías periódicas a empresas privadas para detectar diferencias retributivas entre hombres y mujeres”, con objeto de sancionar y eliminar la brecha salarial de género.

Cuando se aprobó esta ley, la diferencia salarial era levemente inferior a la actual. Según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el mes pasado, en Andalucía las trabajadoras cobran de media 5.888,24 euros brutos menos al año que sus compañeros (5.784 euros menos a nivel nacional). El sueldo medio bruto de los andaluces es de 24.175,52 euros al año y el de las andaluzas es de 18.287,29 euros. Los grupos parlamentarios trabajaron con estadísticas oficiales para reformar la Ley andaluza de Igualdad, y se dieron cuenta de que los años más duros de la crisis económica [2008-2013] habían ensanchado la brecha salarial en las empresas.

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La falsa censura de 'Los girasoles ciegos' en las escuelas andaluzas agita a intelectuales y políticos de izquierda

La sustitución de un libro de Alberto Méndez -Los girasoles ciegos- por otro de Carmen Martín Gaite -El cuarto de atrás- de la lista de lecturas obligatorias para la Selectividad del próximo curso ha desatado un encendido debate sobre los porqués de tal decisión. No es un debate nuevo. Ni siquiera quienes han argumentado que retirar la novela de Méndez sobre la represión franquista es una decisión "política" están innovando.

La novedad de este debate viejo, lo que ha contribuido a encender las redes sociales y lo que ha empujado a intelectuales de izquierdas, escritores consagrados, editores, políticos del PSOE, de Podemos y de Izquierda Unida a participar activamente en la polémica es la aparición de titulares como éste: "El Gobierno andaluz de PP, Ciudadanos y Vox censura de las lecturas de Bachillerato 'Los girasoles ciegos', libro sobre la represión franquista". Pero la selección de las lecturas obligatorias de Selectividad no depende de la Junta de Andalucía, sino de una comisión mixta de profesores de Bachillerato y de Universidad, que rota cada curso, y en la que está presente como secretario un miembro de la Dirección General de Universidades de la Junta. Las decisiones que se adoptan en esas reuniones deben ser ratificadas posteriormente por una Comisión Interuniversitaria, representada por los mismos actores, y presidida cada año por un rector [este año fue la rectora de Granada, Pilar Aranda].

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Fran Carrillo, el senador de Ciudadanos que contaba "fascistas de izquierdas"

Fran Carrillo (Córdoba, 1981), senador y portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, es uno de los diputados con más proyección en la formación naranja. No sólo por su capacidad oratoria, sino porque ejerce de asesor político y de comunicación de sus compañeros de bancada. “Es nuestro gurú. Te dice en qué palabra debes poner el acento cuando hablas y cómo poner las manos mientras debates”, explica una compañera. Su libro Tus gestos te delatan [Espasa, Planeta] es un manual de autoayuda para triunfar en la política y en los negocios, y uno de los libros de cabecera de Albert Rivera, que le tiene por “uno de los mejores asesores de comunicación de España”. 

En apenas seis meses de legislatura, Carrillo se ha convertido en un diputado punisher (castigador) del Parlamento andaluz. Junto al portavoz de su grupo, Sergio Romero, ejerce de azote contra la oposición de izquierdas, protector del Gobierno de PP y Cs, y de su aliado Vox. Da igual que el debate gire en torno a la educación, la sanidad o el medio ambiente, sus discursos siempre se encaminan hacia una severa condena a la ideología de izquierdas, con referencias historiográficas a lo más convulso del siglo XX. Sin apenas mirar un papel, Carrillo puede enlazar los 37 años de gobiernos del PSOE en Andalucía con el "régimen soviético" o el "comunismo para principiantes" de Cuba. Es paradójico que los parlamentarios más jóvenes, nacidos en democracia, sean quienes más alusiones al "fascismo" y al "comunismo" están metiendo en el diario de sesiones del Parlamento esta legislatura y la anterior. Es un fenómeno que ha traído la polarización de la política, y que es compartido con la bancada de Adelante Andalucía y con un grupo de diputadas socialistas.

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