Moreno recurre al Constitucional para deshacer el plan estatal que blinda las VPO y destina 1.200 millones a Andalucía

La Junta de Andalucía ha virado 180 grados su posición respecto al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado en Consejo de Ministros el pasado abril, con el beneplácito del Ejecutivo de Juanma Moreno, que aceptó inicialmente la estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez para encarar la crisis habitacional y triplicó los recursos disponibles para aumentar el parque de viviendas, un dinero que gastarán las comunidades.

Ahora Moreno -que está en funciones y ultima con Vox un acuerdo de gobierno- amaga con recurrir al Tribunal Constitucional. La Junta denuncia invasión de competencias, no está de acuerdo ni en el reparto de fondos ni en cómo puede gestionar ese dinero para vivienda. Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este martes, la Junta ha formulado un requerimiento al Consejo de Ministros previo a un conflicto de competencia contra el contenido del Real Decreto 326/2026, que regula el citado plan de vivienda, “por no respetar el orden competencial recogido en la Constitución y en el Estatuto andaluz”.

Es inédito que Moreno haya esbozado un recurso en los tribunales contra el Gobierno de Sánchez sin echar manos de las trompetas de Jericó, habituales en los Consejos de Gobierno de los últimos cuatro años para acusar al socialista de “agravio” a esta comunidad.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 no parecía, hasta hoy, levantar ampollas en el Ejecutivo andaluz: cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que 1.197 millones correspondian a Andalucía (un 60% de financiación estatal: 718 millones; y un 40% autonómica: 479 millones de euros). 

Pero, además, introducía dos variables nuevas: se blindaban todas las viviendas protegidas que tuvieran financiación estatal, de modo que no podrán descalificarse para su venta como vivienda libre tras 10 años, como amagó con hacer la Junta. Luego rectificó, pero en el primer paso dado hoy para acudir a los tribunales vuelve a discutir “el régimen de protección permanente de las viviendas”.

“Esta decisión lamina cualquier resquicio para flexibilizar o endurecer dicho régimen”, advierten desde la Consejería de Fomento, donde interpretan este punto como un intento de “subsanar” con el Plan “lo que no pudo hacer con el artículo 16 de la Ley de Vivienda”, recurrido por las comunidades del PP y derogado por el Tribunal Constitucional. Ese artículo regulaba las VPO, incluyendo la obligación de realojamiento para personas vulnerables.

La otra novedad del Plan es el aumento de las ayudas para la construcción de vivienda pública, destinadas prioritariamente al alquiler con un precio máximo de 900 euros al mes.

El Gobierno de Moreno cree que el Ministerio de Vivienda se ha extralimitado en sus competencias, vulnerado la autonomía financiera de Andalucía y limitado su capacidad para gestionar estas políticas. El departamento de Isabel Rodríguez remitió el mes pasado el documento base a las comunidades autónomas, y se anunció un principio de acuerdo, un espejismo en medio de la polarización y la bronca.

Andalucía aceptaba el montante global y la partida que le correspondía, un 17% del total, parejo a su peso poblacional en España. La cifra era similar a la que el propio Moreno había incluido en su programa para las elecciones del pasado 17 de mayo. Sin embargo, la consejera de Fomento, Rocío Ruiz, también dejó abierta la puerta que hoy ha traspasado, a saber: iniciar los trámites de un recurso de inconstitucionalidad.

La Junta quiere, así, pagar menos de lo que le corresponde según el reparto que establece el plan estatal de vivienda y, sobre todo, quiere ignorar las “imposiciones” políticas del Ministerio: cómo, cuándo y dónde gastarse ese dinero para aumentar el parque de vivienda residencial y de alquiler. Considera que los programas financieros son tan “exhaustivos” y están desarrollados tan “al detalle”, que el Ministerio mete las manos en competencias que le son ajenas, como es la vivienda.

“El nuevo sistema de cofinanciación vulneraría el principio de autonomía financiera, ya que restringe su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios. En el caso concreto de Andalucía, implica que la comunidad autónoma tenga que aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución del Estado no llegaría a tres veces más de lo aportado”, reza el comunicado difundio tras el Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo de Moreno, parapetado en sus servicios jurídicos, ha solicitado la derogación o modificación de un puñado de artículos del plan estatal, desde el diseño del régimen de aportaciones a cargo de las comunidades, la exhaustiva descripción de las actuaciones y el estricto reparto de cuotas, hasta el sistema de autorización estatal para la publicidad y la difusión de las actuaciones. “La regulación es tan minuciosa que se degrada a las comunidades autónomas a meras gestoras de las subvenciones”, denuncia la Junta.

Por último, se cuestiona el artículo 153, que supedita a una autorización o incluso a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con cargo al Plan Estatal de Vivienda. Este punto, el más colorista del recurso, retrata la pugna política entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Moreno por capitalizar la entrega de llaves de viviendas públicas a familias, algo que se han reprochado mutuamente.

Las dos administraciones se acusan de no haber contribuido a aumentar el parque de vivienda pública y las dos se acusan de atribuirse el mérito de la construcción y entrega de pisos de protección que no han pagado en su integridad.