Moreno cede a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género que los de Abascal pedían “depurar” por su “sesgo ideológico”
Vox entró en el Parlamento andaluz en 2019, con sus primeros 12 diputados en España, tras las elecciones autonómicas que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas e hicieron presidente a Juanma Moreno.
En el primer Pleno ordinario de aquella legislatura, y haciendo uso del reglamento de la Cámara, el entonces candidato y líder regional de Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito solicitando “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal que gestiona la Junta. También pidió identificar a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores.
El partido de Santiago Abascal defendía entonces un negacionismo férreo contra las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. De hecho, había exigido (sin éxito) la derogación de las leyes andaluzas que rigen estas políticas, a cambio de su apoyo a la investidura de Juanma Moreno. El PP no cedió en este punto, que habría supuesto deshacer un marco legislativo aprobado por la unanimidad del Parlamento.
Pero en cuanto arrancó la legislatura, Vox buscó una vía alternativa para atacar lo que dio en llamar “supremacismo de género”: reclamó a través del Parlamento andaluz la lista de empleados públicos de la Consejería de Justicia (la mayoría funcionarios) encargados de elaborar los informes sociales y psicológicos sobre las mujeres víctimas de malos tratos para los juzgados de familia.
“Una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”, decía la solicitud que Vox llevó al Parlamento andaluz.
Esos informes sirven luego como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y también son tenidos en cuenta por la propia Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Los organismos públicos contra los que apuntaba la ultraderecha están formados por psicólogos, forenses y trabajadores sociales, que emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio.
La formación ultraconservadora denunciaba entonces que muchos de esos informes estaban basados en criterios “políticos” y, accediendo al listado de funcionarios responsables, aspiraban a “depurar” entre los trabajadores “formados y acreditados” para realizar ese trabajo, y los que se mueven por “motivos ideológicos”, sin tener “capacidad profesional” ni estar “colegiados” [aunque la ley no exige la colegiación de los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que integran estas unidades].
En Andalucía, no sólo hay empleados públicos realizando esos informes psicosociales, la Junta también delega parte del servicio en entidades especializadas que les sirven como refuerzo, dado el volumen de trabajo que soportan, y el partido de Abascal siempre ha ubicado a esas organizaciones colaboradoras en la esfera ideológica de los anteriores gobiernos del PSOE.
Chocarse con la realidad y con la legislación vigente
El señalamiento de empleados públicos de Justicia, con nombres y apellidos, provocó la primera polémica en torno al recién formado Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox. El partido de Abascal trataba de demostrar que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado.
“Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, escribió entonces Serrano en su cuenta de X (antes Twitter). El juez, que pasó de candidato estrella de Vox a ser repudiado por Abascal, había llegado a la política tras ser inhabilitado en 2011 por alterar un régimen de visitas de un menor con su padre.
El Ejecutivo andaluz no llegó a entregarle a Vox la lista de funcionarios que pedía, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Pero, siete años después, Vox no sólo tiene en la mano los nombres de esos empleados públicos, sino las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscritas a la Consejería de Justicia, que Moreno ha entregado al líder de la formación ultraderechista, el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.
El acuerdo suscrito entre PP y Vox que ha hecho presidente a Juanma Moreno, por tercera vez, contiene el reparto de consejerías entre ambos socios de Gobierno. La ultraderecha gestiona una sola consejería, que aglutina competencias muy dispares: Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Pero hasta el jueves pasado, el Consejo de Gobierno no aprobó los decretos de estructura de cada departamento, que recogen las atribuciones concretas de cada departamento.
Entre ellas, se encuentra la organización de “los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, incluidos los equipos técnicos de menores”; la organización, a través de sus Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las “unidades de valoración integral de violencia de género”; y el impulso de la elaboración de “protocolos de actuación en materia de violencia de género que requieran de la participación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.
Son las atribuciones naturales de la Consejería de Justicia, pero ahora están en manos de una formación política que ha cuestionado severamente estos servicios públicos -tildándolos de “chiringuitos ideológicos”-, así como las políticas de igualdad de género en las que se enmarcan.
En la oposición, Vox ha sido muy crítico y muy duro con la gestión de algunas atribuciones de la Consejería de Justicia, que ahora gestionan. Sin embargo, en la práctica este departamento tiene un margen de gestión muy acotado, porque se trata de una “administración prestacional”, que se limitase a sufragar y mantener los medios materiales y humanos de la Justicia, pero con poco poder de decisión sobre unos poderes que competen al Ministerio del ramo.
Gavira no puede dar órdenes a los funcionarios de Justicia ni reclamarles un trabajo concreto. Tampoco, por ejemplo, puede pedir los informes forenses para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, que la consejería elabora sólo a petición de la Fiscalía de Menores. Vox ha logrado colar en su acuerdo de Gobierno con Moreno el rechazo “frontal” a los niños inmigrantes -“No más MENAS”, reza el texto-, y también plantea medidas para verificar mejor la edad de esos menores, pero no está en su mano emitir los informes forenses, ni siquiera desde el departamento de Justicia.
La consejería de Gavira también gestiona los centros de internamiento de menores infractores, que le servirá a Vox para comprobar que la mayoría de internos por Violencia Juvenil son españoles, y que los extranjeros que hay no son exclusivamente magrebíes ni musulmanes, como suelen denunciar falsamente en sus comparecencias públicas.
Fuentes del PP andaluz explican que la cesión de la Consejería de Justicia a Vox -un departamento que nunca reclamaron, al menos, públicamente- restringe mucho el “despliegue ideológico” de la ultraderecha en las políticas públicas, al tratarse de competencias exclusivas del Estado, con estrecho margen de maniobra para la Junta.
No obstante, Gavira sí podría modificar, alterar o incluso suprimir las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género -reguladas en un decreto andaluz-, aunque entraría en conflicto con los sindicatos del sector, que representan a sus trabajadores, y probablemente, también chocaría con su socio de Gobierno. Este periódico ha consultado a Vox y a la vicepresidencia de Gavira sobre sus planes para este servicio de atención a mujeres víctimas de malos tratos, pero han eludido responder.
“Revisar y derogar las leyes ideológicas”
El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, incluye en el penúltimo punto el rechazo a las “leyes ideológicas”, que no aparecen identificadas en el documento, aunque la ultraderecha lleva usando cuatro años este mismo término en el Parlamento andaluz para referirse a las normas y mecanismos públicos para la igualdad de género.
El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse. Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.
Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración, hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas.
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