Bienvenidos a la Andalucía del Gobierno “imposible”: el PP busca otro socio dócil y Vox la contrarrevolución a Juanma Moreno

Bienvenidos a la Andalucía del “gobierno imposible”. Así la bautizó Juanma Moreno durante la campaña electoral, poniéndose en la tesitura de tener que meter a Vox en su Ejecutivo, en caso de perder la mayoría absoluta.

Este domingo tomará posesión, por tercera vez, como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, y la semana que viene nombrará a los 13 consejeros de su gabinete. Uno de ellos, el flamante vicepresidente, será el portavoz de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira. Desde hoy, “Manolo”. “Habla tú algo, Manolo, que me estás aquí echando el muerto”, le dijo, en un primer gesto público de afabilidad, para destensar la tensísima comparecencia posterior a la rúbrica del pacto de gobierno PP-Vox, el cuarto en España.

El jueves pasado en el Parlamento, media hora antes de la segunda votación de investidura, ambos líderes firmaron un acuerdo de gobierno y de legislatura que garantiza la aprobación de los cuatro presupuestos autonómicos para un mandato completo, la unidad de voto en todas las medidas que emanen del Ejecutivo de coalición y un reparto de carteras desigual: 12 para el PP, una para Vox. Hasta ahí, la sonrisa etrusca de Moreno.

La única consejería de Vox es una macrocartera que aglutina Turismo, Desregulación, Industria y Administración Local, con rango de vicepresidencia, “la misma que gestionaba Juan Marín”, líder de Ciudadanos, en el primer Gobierno de coalición que presidió Moreno [2019-2022]. Este paralelismo no es anecdótico.

El líder popular lo usa como un guiño indisimulado para todos los analistas y periodistas parlamentarios que recuerdan aquella primera legislatura —“la Andalucía encapsulada”; la del “más ruido que nueces”— y el papel de comparsa que jugó el vicepresidente de Ciudadanos.

Moreno aspira a encajonar a su nuevo socio de Gobierno en el mismo marco mental que el anterior: un aliado dócil, inexperto y autocomplaciente. Tan satisfecho por hacerse un hueco en el Consejo de Gobierno, que terminarían fagocitados políticamente por el PP, borrados del Parlamento [de 21 escaños a cero], reafiliados masivamente en el partido de Moreno —antes rival; ahora jefe— y colocados todos en puestos de tercer y cuarto nivel en el nuevo Ejecutivo con mayoría absoluta del PP [a excepción de la consejera de Empleo, que pasó del naranja al azul sin moverse del gabinete].

Esa es la proyección mental que hace el presidente andaluz, esa es la estrategia. Y, a partir de aquí, el desguace de la marca Juanma Moreno, referente de la derecha moderada en España. De la “vía andaluza” a la prioridad nacional. De la “revolución verde” a la contrarrevolución y el “no al fanatismo climático”.

En su libro 'La vía andaluza. Manual de convivencia' (Editorial Espasa) aparece un tigre como metáfora de la política radical e intolerante, lo opuesto a la moderación que él defiende. “¿No les parece que todo funciona mejor con la serenidad de Mogwli que con la radicalidad de Shere Kahn?”, dice, valiéndose del protagonista y antagonista de El Libro de la Selva.

En su libro también aparece Sir Winston Churchill que, frente a la amenaza creciente del nazismo y la tesitura de negociar o entrar en guerra contra Hitler, también citó a un tigre, probablemente el mismo: “No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca” (1940).

“Leyes ideológicas”: Violencia de Género, Trans y colectivo LGTBI

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, está atravesado de principio a fin por todas las obsesiones xenófobas de la extrema derecha y otras guerras culturales: el rechazo, la estigmatización y, a ratos, la criminalización de los inmigrantes; el enfrentamiento a las políticas medioambientales y contra el consenso europeo en torno al Pacto Verde y la Agenda 2030 [que Moreno solía lucir con un pin en la solapa de su chaqueta]; el rechazo a la concertación social y al papel de los sindicatos, de las ONG y las ayudas a la cooperación internacional; y el rechazo a las “leyes ideológicas”, que aparecen en el penúltimo punto del texto sin nombres y apellidos, pero a las que Vox ha identificado abiertamente durante los últimos cuatro años de sesiones parlamentarias.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse.

Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas, fue aprobada por unanimidad, con los votos del PP); la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas (¿el Instituto Andaluz de la Mujer?).

El partido de Santiago Abascal ya planteó derogar estas leyes en aquella primera negociación con el PP a cambio de sus votos en la primera investidura de Moreno, pero entonces los populares, pese a tener el peor resultado de su historia (26), aguantaron el envite y las leyes finalmente se salvaron. Ahora entramos en otro escenario, más confuso, en el que los dos socios de Gobierno van a interpretar, cada uno a su manera, si lo que dice ese artículo del acuerdo significa exactamente lo que parece.

Y esto va a ocurrir prácticamente con las 150 medidas, sobre todo las más duras, las que cuentan con una redacción más ambigua, que no son pocas. Ocurrió así en 2019: el PP se va a aferrar a la estricta literalidad de lo que está escrito en el pacto, negro sobre blanco, y Vox hará una reinterpretación extensiva del mismo. “Eso no es lo que dice el acuerdo”; “Eso no forma parte del pacto”; “Cada uno es libre de interpretar como quiera, pero el pacto dice lo que dice” [reminiscencias del primer pacto PP-Vox].

Esto ya está ocurriendo. Prioridad nacional: “Exclusión de acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentran en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Cinco minutos después de firmar el acuerdo, Moreno aseguró que la “prioridad nacional”, lejos de reajustar la normativa para discriminar al inmigrante en el acceso a las prestaciones públicas, era un sinónimo del “baremo” que ya usa la Administración en el reparto de ayudas: “La prioridad social es el arraigo”, dijo. “La prioridad nacional va a ser más que el arraigo. Que los españoles sean los primeros en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública protegida”, le corrigió Gavira horas después.

Aferrados a la “legalidad vigente”

El árbitro de esta previsible discordia sobre el verdadero significado del acuerdo de gobierno será “el marco de la legalidad vigente”, presente cada dos por tres a lo largo de las 60 páginas, como una suerte de guardián de las esencias democráticas. Moreno ha consentido en aceptar medidas de índole racistas -como la segregación de los enfermos extranjeros, para cuantificar el coste diferenciado que representan para la sanidad pública-, pero las más disruptivas vienen condicionadas (“amortiguadas”, dice un alto dirigente del PP-A) por alusiones explícitas al “cumplimiento de la ley”. Que no dejan de ser llamativas, tratándose de un programa de gobierno.

“La política social del Gobierno estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad”; “En la medida en que lo permita la legislación vigente...”; “Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y la vivienda... adecuado a la legalidad vigente”; “Se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad vigente...”. “El acuerdo es legal”, se apresuró a ponerle nombre el propio presidente andaluz nada más firmarlo, sin que ningún periodista aún lo hubiese leído ni preguntado. PP y Vox han firmado un pacto programático de gobierno “sereno”. “Y legal”.

Aunque parezca de perogrullo, aunque en el lenguaje administrativo del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las referencias al marco legal sean una constante y de obligada mención, lo que se firmó el jueves no deja de ser un documento político, al que el PP ha metido esas morcillas como “salvaguarda” de lo que está por venir: ese Gobierno “imposible” que vaticinaba Moreno en campaña.

Un Ejecutivo con “gente que no tiene experiencia de gestión en la administración”. “Algunas de las propuestas que hacen son irreales y otras son ilegales. Lo que no va a hacer el PP es incumplir la ley”, avisó el dirigente popular hace apenas un mes, cuando la prioridad nacional aún era un “eslogan vacío y efectista”.

Ahora los hombres del presidente y el propio Moreno son conscientes de que están atrapados en el marco mental de la ultraderecha, que les han impuesto su agenda y su lenguaje político, pero confían en que “todo esto pase pronto, en cuanto nos pongamos manos a la obra”. “La mitad de las cosas son irreales y las otras ilegales”, habían dicho. Y eso lo mantienen. “El terremoto político de las primeras horas era inevitable. Pero esto dura dos días, en cuanto se pongan a gobernar no les vamos a poner frenos nosotros, se los va a poner la realidad”, dice un consejero en funciones.

En la sala de mandos del Palacio de San Telmo esperan que Vox, una vez dentro del Ejecutivo, no tarde en darse cuenta de lo encorsetada que está la administración pública, la parsimonia burocrática, la fiscalización interna de los interventores y los letrados, lo rígidas que son las leyes y lo implacable que es la Constitución Española al velar por los derechos básicos de los ciudadanos, sin distinción de su origen. “No tardarán en darse de bruces con la realidad. Les pasó a los comunistas, cuando entraron en el Gobierno de coalición con el PSOE de José Antonio Griñán, le pasó al Podemos de Pablo Iglesias que se aburrió enseguida de ser el vicepresidente de Pedro Sánchez, y le pasará a Vox”, vaticinan las mismas fuentes.

Todavía es pronto para valorar el impacto real de ese acuerdo en las políticas públicas de Andalucía. Los populares confían en que pase la tormenta pronto y, tras el verano, regresar a la legislatura del “mucho ruido y pocas nueces”. Lo que sí se puede calibrar -el presidente, desde luego, ya lo ha hecho- es el desgarro que este documento ha provocado en su propia imagen pública.

La política ya no es solo “el arte de lo posible”, no en el siglo XXI. No en el siglo de Instagram y de TikTok. La imagen pública de Juanma Moreno —tan trabajada y promocionada los últimos cuatro años de mayoría absoluta— son los cimientos del poder institucional del PP en Andalucía, desde la Junta a las diputaciones, desde las alcaldías hasta el Congreso de los Diputados.

Seis elecciones consecutivas ganadas, primera fuerza en las ocho provincias y en 600 de los 785 municipios de la comunidad. “Necesitamos un Juanma Moreno en cada pueblo”, bromeaba su equipo de campaña en las municipales de 2023, mientras paseaban a su estrella frenéticamente por todo el territorio andaluz.

“Pelos en la gatera”

Juanma Moreno va a seguir siendo un dirigente templado en las formas, porque él no es una persona bronca y su estilo de hacer política nunca ha sido pendenciero. Ni desde que es gobernante, ni cuando estaba en la oposición. Pero, a todas luces, en este acuerdo de gobierno con Vox, Moreno ha sacrificado mucho de ese capital político. “Nos hemos dejado pelos en la gatera”, ha repetido estos días.

Y llama la atención que el PP —el PP nacional que ha celebrado este pacto más incluso que el andaluz— considere que ese sacrificio personal de Moreno es un mal menor, porque les ha costado mucho consolidar esa marca… Y porque sin esa marca personal el PP nunca habría gobernado Andalucía con mayoría absoluta, y después de este acuerdo con la ultraderecha cuesta imaginar que vuelva a conseguirlo. “Andalucía no estaba preparada para pasar de votar al PSOE, que gobernó 37 años seguidos, a votar al PP. Era necesaria una marca personal que sirviera de puente”, decía en campaña uno de los hombres del presidente.

El aura de moderación y centralidad de Juanma Moreno se ha basado siempre en un espejismo político raro: que la política podía no ser ideológica. Que se puede gobernar sin ideología o que se puede “encapsular” la ideología, o suplantarla por conceptos menos envenenados, como el “sentido común”, lema de campaña de Vox en las pasadas andaluzas.

El pacto con la ultraderecha destila ideología de ultraderecha, y Moreno sabe que eso pincha en el músculo dormido de la izquierda. “Esto lo cambia todo. Empieza una nueva partida. Se acabó la marca Juanma”, anunció el viernes María Jesús Montero ante el comité director del PSOE andaluz, para subrayar que la extrema derecha vuelve a gobernar en Andalucía “por primera vez desde el franquismo”.

Juanma Moreno ha sabido alimentarse de la desafección política vendiéndose como un líder no político, un oxímoron si atendemos la famosa cita de Aristóteles: “el hombre es un animal político”. Pero un oxímoron de éxito con el que la derecha logró gobernar en Andalucía después de 37 años ininterrumpidos del PSOE en el poder.