El magnate anónimo de la eólica en Castilla y León se lanza al negocio de los centros de datos

Vapat, el mayor grupo independiente de energía eólica en España, se ha lanzado al emergente negocio de los centros de datos con un macroproyecto en el pequeño municipio de Torrelobatón (Valladolid) que ha puesto en guardia a una plataforma vecinal por su impacto ambiental.

Con sede en Madrid, pero muy vinculado a Castilla y León, Vapat, del discreto multimillonario Rafael González-Vallinas (León, 1947), cerró el pasado ejercicio con 541 megavatios (MW) eólicos instalados, inaugurados entre 2007 y 2025 y ubicados en once parques en Valladolid, Burgos y Palencia. La empresa está al filo del Top 10 en España junto a gigantes como la noruega Statkraft o China Three Gorges Corporation, según datos de la Asociación Eólica Española (AEE).

Vapat, cuyo nombre remite a los apellidos del fundador, ya casi octogenario, y su esposa, María Pato, tiene en cartera hibridaciones solares en próxima construcción (2026-2027) por 300 MW y proyectos renovables en desarrollo (horizonte temporal 2026-2031) por otros 2.500 MW, según su web.

El grupo, que no ha atendido a elDiario.es, creó en febrero dos sociedades para desarrollar centros de datos. Con DC Mudarra plantea construir uno diseñado para alcanzar una potencia máxima de 160 MW en ese municipio vallisoletano de menos de 400 habitantes en la comarca de los Montes Torozos. Muy cerca de allí Vapat tiene los parques eólicos San Lorenzo, con unos 89 MW.

Hace unos días El Confidencial se hizo eco del “importante proyecto de 1.600 millones” de DC Mudarra sin mencionar que detrás está Vapat, con Begoña Villacís, consejera delegada de la patronal del sector de data centers, Spain DC, vendiendo sus bondades.

“Castilla y León está empezando a despertar ahora y puede ser un lugar muy interesante por su proximidad a Madrid”. “Estas instalaciones son una gran oportunidad de desarrollo para la España vaciada”, explicó la ex vicealcaldesa de Madrid.

El proyecto está en fase de evaluación de impacto ambiental, tras salir a exposición pública a finales de julio. El plazo de alegaciones ante la Junta de Castilla y León está abierto hasta el 2 de septiembre.

El alcalde de Torrelobatón, Alfredo Luengo, indicó hace unos días en La Tribuna de Valladolid que la promotora aún no le ha presentado sus planes. “Aquí no ha llegado el proyecto y no podemos decir nada porque no sabemos nada”. “Yo estoy a favor de lo que digan los técnicos”, afirmó. Luengo llegó a la alcaldía en las listas de Ciudadanos, el partido de Villacís, hoy extraparlamentario.

Una campaña de recogida de firmas incide especialmente en la huella hídrica del proyecto, que ocuparía entre 117 y 250 hectáreas de superficie. “La preocupación aumenta al comprobar que esta infraestructura se plantea en una zona donde ya existen proyectos para la instalación de plantas de producción de hidrógeno con una elevada demanda de agua y donde la Confederación Hidrográfica del Duero viene advirtiendo desde hace años de descensos significativos en los niveles de la masa de agua subterránea Aluvial del Duero”, exponen.

Alegaciones de una plataforma vecinal denuncian el “efecto tapón” que, aseguran, produciría el sellado del suelo al alterar la recarga de los acuíferos de Páramo de Torozos. Argumentan que afectaría al suministro de agua potable en municipios de Zamora (como Toro), poniendo “en riesgo” las Lagunas de Villafáfila, y que vulnera la Directiva Marco del Agua de la UE y el Convenio de Albufeira, al alterar la cuenca del Duero sin una Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza.

Afirman también que oculta bajo la etiqueta de “infraestructura digital” la instalación de hasta 96 grupos electrógenos de emergencia, que sumarían una potencia térmica de 786,82 MW y requerirían almacenar 3.845 metros cúbicos de combustible diésel, con el consiguiente riesgo de contaminación atmosférica y acústica. O que, al ser una infraestructura altamente automatizada, el empleo neto para los residentes de Torrelobatón será insignificante, destruyendo a cambio suelo agrícola y el patrimonio ecoturístico local.

Una fortuna de 810 millones

El sigiloso dueño de Vapat, con intereses también en inmobiliario o ganadería, es una de las mayores fortunas de España, pese a ser semidesconocido para el gran público. El último ranking de El Mundo le situó en el puesto 97 de la lista de mayores patrimonios del país, con 810 millones. Entró al Top 100 en 2024. Un año después llegó al puesto 86, por delante de multimillonarios tan conocidos como Alberto Cortina (accionista de ACS o Ence).

Su holding, al que están vinculados sus cinco hijos, cerró 2025 con activos de 790 millones, una cifra de negocios de 83,8 millones, un resultado de 24,23 millones y 33 empleados, según sus últimas cuentas consolidadas, disponibles a través de Insight View.

Con medio siglo de trayectoria empresarial, durante 30 años González-Vallinas se inició en el comercio de cereales y materias primas o la logística, construyó piscifactorías y una fábrica de piensos para mascotas. En 1998 vendió su empresa Ipes Ibérica a la estadounidense Doane Pet Care, por unos 25 millones. Luego dio el salto a las renovables en su tierra natal.

Sus parques eólicos San Cebrián y Cerrato (Palencia) destacan por haber incorporado los primeros aerogeneradores Vestas de 4,5 MW en Europa. Vapat fue noticia tras denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a BBVA, Santander, Sabadell y CaixaBank por pactar el precio de los derivados que les contrató. El proceso llegó a la Audiencia Nacional, que en enero de 2024 anuló la multa de 91 millones impuesta a las entidades en 2018 por la CNMC al no encontrar una infracción única y continuada entre 2006 y 2016, aunque sí dio por acreditadas las “conductas colusorias” contra Vapat.

Su irrupción en el negocio de los centros de datos sigue la estela de la fotovoltaica Solaria, compañía del Ibex 35 que ha entrado de lleno en este mercado a través de su filial Solaria Data Center, aprovechando sus terrenos, subestaciones, líneas de alta tensión y fibra óptica para suministrar energía limpia y barata a gran escala a estas infraestructuras, claves para el despliegue de la inteligencia artificial. Varios estudios advierten de su impacto ambiental o en los precios de la vivienda y la luz.

En la trayectoria de Vapat ha habido sombras. En 2021, José María González Vélez, histórico de las renovables (ex presidente de la patronal APPA), aseguró en una comparecencia por la denominada Trama Eólica en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León que la Junta le pidió que cediera a este empresario parques eólicos en Valladolid (en concreto, en los Montes Torozos) para poder tenerlos en León.

“Me dijeron que si quería tener parques en Sahagún tenía que ceder los Torozos, y así lo hice”. “Una vez que hicimos y firmamos el documento aquel, que se firmó en la oficina mía en Madrid, con el señor González-Vallinas, pues yo creo que a los dos meses ya estaban las autorizaciones de los parques hechas, y ya se procedió a seguir con sus trámites”, declaró.

“Creo que tenía una... una cosa de truchas, de alimentos para truchas. Era lo único que yo sabía de él, pero físicamente yo no lo había visto nunca ni yo le conocía de nada como para cederle, efectivamente, los derechos o los trabajos hechos para una serie de parques. No se los hubiera cedido nunca”.

En su declaración como testigo en el juicio el pasado noviembre, el expresidente de APPA se reafirmó, según la agencia Ical. Apuntó que quien le instó a ceder gratis a este empresario la mitad de sus proyectos, que en total sumaban 730 MW, fue el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, fallecido en 2017 por “causas naturales” al comenzar las pesquisas y poco antes de su declaración como imputado, tras conocerse que tenía 83 cuentas en Suiza.

A principios de este año quedó visto para sentencia el juicio de la Trama Eólica, supuestas mordidas de cerca de 80 millones para ex altos cargos de la Junta y empresarios de esta región que el PP gobierna desde hace 39 años. Los González-Vallinas no están entre los procesados por este caso de corrupción, el más grave del gobierno autonómico junto con el de Perla Negra, con el que comparte acusados, y cuya instrucción se prolongó diez años.