Apoyo de ultrarricos, cargos de Ayuso y contratos a dedo: el lobby “libertario” que hace campaña por la sanidad privada

Finales de 2020: “No recibimos subvenciones, ni las queremos”, proclamaba la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), uno de los lobbies ultraliberales que han proliferado en Madrid en la última década, denominado “libertario” y que suma decenas de miles de euros en contratos a dedo y subsidios.

Esta entidad la financian ultrarricos como el catedrático Jesús Huerta de Soto, gurú español del argentino Javier Milei. Apoyada por cargos del PP de Isabel Díaz Ayuso, pertenece a Atlas Network, fundada en Estados Unidos a principios de los ochenta, presente en más de 100 países y considerada una de las principales estructuras de apoyo global a la ola reaccionaria.

Fundalib pide recortar impuestos, impulsar la sanidad privada y la energía nuclear o la “liberalización general del suelo”. Y no hace ascos al dinero público, con un notable apoyo institucional en Madrid.

Desde 2022, se ha adjudicado al menos tres contratos menores (la figura con menos controles) de los ayuntamientos de Ciudad Real (PP), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria) y Alicante (PP) por 26.005,79 euros. El primero, de julio de 2022, tras sacar en portada en su revista (Avance) al alicantino Luis Barcala como “el alcalde de la libertad económica”. El último, el 14 de julio, un “estudio comparativo de datos económicos de Ciudad Real” (7.800 euros, la única oferta presentada).

Hay también alguna subvención: 3.000 euros del kit digital en 2025 y 7.500 euros de ayudas de la Junta de Castilla-La Mancha en 2024 para el empleo indefinido. Y es que la sede de Fundalib, según el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia, es un pareado en Illescas (Toledo), aunque desde hace años dice que está en Madrid. La actual es un coworking en Gran Vía, 6. Justo encima de las oficinas que vendió hace unos días el Gobierno de Ayuso en la subasta en la que nadie pujó por el famoso ático en Chamberí comprado con 6,3 millones de dinero público.

No constan críticas a esa opaca operación en su X (antes Twitter), del secretario general de Fundalib, Juan Pina, que en esa red reparte estopa a Rusia, Milei o Donald Trump, al que tacha de “tiranuelo de república bananera”, “cerdo” o “sátrapa” [“No es Calígula, es mucho peor”], y pide una “huelga de caseros” al tiempo que carga contra la nueva regulación del alquiler y “la anciana esa”, en alusión a Maricarmen: “Deja de asfixiar a los arrendadores con normas y tributos salvajes”, decía este jueves en esa red.

En un escrito remitido a elDiario.es, Pina no ve “contradicción ideológica alguna” en recibir dinero público: Fundalib “no tiene asumida ninguna obligación estatutaria de no contratar con las administraciones públicas”, y no ha recibido subvenciones “relacionadas con el contenido de su actividad. Sí en algún caso alguna de apoyo a la contratación de personal”. “La inmensa mayoría de las aportaciones que recibe procede de otras fundaciones y entidades no lucrativas y de donantes privados”.

Pina y su esposa y presidenta de Fundalib, Roxana Nicula, fundaron en 2009 el Partido Libertario, formación marginal (en las últimas generales a las que concurrió, 2019, sacó 1.250 votos) a la que Huerta de Soto anunció su afiliación en 2011. La fundación ha recibido apoyo de Administraciones del PP y figuras como Javier Fernández-Lasquetty, patrono de otros lobbies ultraliberales como Civismo, que se unió en 2011 a Atlas Network.

En 2023, el entonces gurú económico de Ayuso fue portada de Avance. “Lasquetty ha cumplido”, decía Pina: “El balance económico de la Comunidad de Madrid, más allá de la percepción del propio Consejero, sólo puede considerarse excepcional. Madrid se ha convertido en el motor económico de España aplicando el sentido común”.

El ideólogo de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre apadrinó durante años uno de los estudios más conocidos de Fundalib, su Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), cuya última edición se publicó el pasado miércoles, de nuevo con Madrid a la cabeza. Lasquetty lo presentó en rueda de prensa en 2020, lo promocionó en 2021 y 2022 y en 2023, ya ex consejero de Ayuso y a punto de anunciar su fichaje por la multimillonaria Alicia Koplowitz, al acudir a su puesta de largo en el Senado. Allí se presenta desde entonces el IACF, que el Gobierno madrileño usa de gancho ante inversores para colocar deuda.

Otra persona de confianza de Ayuso, Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones desde 2023 y exvicesecretaria de Comunicación del PP madrileño, fue portada de Avance en 2022. “Valor en alza en la política española”, decían de ella, “miembro del Consejo General de la Fundación”. Negro matiza que entre 2021 y 2023 estuvo en su “consejo asesor, una cosa honorífica”, “sin remuneración alguna”, y que ese órgano no se reunía. “A título personal” aporta a Fundalib “tres euros al mes”: “A veces” su revista es interesante.

Olimpiada paralela

Su ayuntamiento acogió en junio a los 50 mejores clasificados en unas Olimpiadas de Economía para estudiantes de secundaria de Fundalib y entidades como la universidad privada Schiller, sin relación con las que realiza desde 2008 la Asociación Olimpiada Española de Economía (AOEE), de 44 universidades públicas españolas. “Somos los únicos reconocidos por el Ministerio de Educación para participar en la Olimpiada Internacional”, explica el presidente de AOEE, Sergio Marí.

La anfitriona del evento fue la concejala de Hacienda de Torrelodones, Concha Pastor. La Dirección General de Economía e Industria de Ayuso fue “Patrocinador Oficial de la Delegación Madrileña”, según ese lobby. El Consistorio de Negro ve “completamente normal ceder el salón a distintas asociaciones o vecinos de la localidad para realizar actos o presentaciones o conferencias. Ello no conlleva absolutamente ninguna aportación económica y, por lo tanto, no genera ningún expediente administrativo”.

La web también de Fundalib incluía en su consejo a un alto cargo de Ayuso en activo, Eusebio González, director general de la Agencia madrileña de Vivienda Social y consejero de Planifica Madrid, compradora del famoso ático. Su nombre desapareció tras preguntar elDiario.es a la Consejería de Transportes, que asegura que el nombramiento no se formalizó.

El secretario general de Fundalib indica que las fundaciones suelen crear “comités, consejos y grupos asesores de diversa naturaleza” con afines, “siempre con carácter honorario y sin retribución”. Fundalib los ha tenido “a veces” pero “siempre sin formalizar documento alguno por tratarse de una presencia meramente simbólica y sin efectos prácticos. Más aún, no se han producido reuniones de tales comités o consejos porque, en nuestro caso, se había puesto a personas de muy diversos países”.

Pina ha borrado “personalmente” información de ese consejo porque eran “páginas obsoletas o incorrectas que podían inducir a errores”. A González “se le ofreció en su momento como a muchas otras personas y no recuerdo si llegó a incluírsele”. “Desde luego, no se formalizó ningún documento”. “Ni con él ni con nadie”.

El alto cargo de Ayuso y la entonces alcaldesa participaron en 2024 en un evento en Madrid de Atlas Network organizado por Fundalib, el Europe Liberty Forum. Avance aseguró que Negro seguía en su consejo, con Lasquetty pronunciando un “brindis por la Libertad”. Su “espléndido discurso”, según Fundalib, fue un “fuerte espaldarazo internacional y una auténtica puesta de largo ante los donantes, aliados y stakeholders de todo tipo”. “Se habrán disipado, si quedaban, las dudas que alguien pudiera tener sobre la magnitud y la relevancia del trabajo cotidiano de la Fundación, y sobre su reconocimiento en el competitivo sector de think tanks”.

El maestro de ceremonias fue Brad Lips, consejero delegado de Atlas Network, financiada por multinacionales tabaqueras, petroleras o del gas y que en el último lustro ha recibido más de 100 millones de euros en donaciones cuyo origen no aclaran sus cuentas.

Fundalib, que no publica su memoria, ingresó 269.709,83 euros en 2025, revela Pina. 40.022 euros vinieron de una fundación que creó recientemente Huerta de Soto, partidario de privatizar “hasta las calles”, dueño de la aseguradora España SA y con una inmobiliaria con herencia franquista que ha recibido subvenciones y tiene un letrero ilegal en Gran Vía (el Defensor del Pueblo exige retirarlo al Ayuntamiento de Madrid). Esa aportación es muy superior a los 7.500 euros que destinó el magnate al Instituto Juan de Mariana, otro lobby de Atlas Network que dirige un ex alto cargo de Lasquetty y fundó y preside el canario Gabriel Calzada, que lo usa en beneficio de sus empresas familiares, receptoras de importantes ayudas públicas.

Fundalib se creó en 1999, pero no se inscribió hasta septiembre de 2018. Su primer objetivo fundacional es “la difusión de la música y las artes, y en general, de la cultura y la libertad”. En plena pandemia, mientras decía renegar de subsidios, lanzó su campaña “La sanidad privada salva vidas” para “dar visibilidad” al sector y que alcance “todo su potencial” y llegó a anunciar una “Asociación para la Defensa de la Sanidad Privada en España”.

En abril la fundación pidió que médicos privados puedan emitir bajas y altas en un informe que firmó Rafael Caviedes, presentado como “fundador de MC2 Salud y MBA por IESE Universidad de Navarra” y expresidente de Isapres, fundación de aseguradoras privadas de salud chilenas.

En los últimos años, ha organizado eventos en Value School, proyecto educativo del conocido gestor Francisco García Paramés, donante de Civismo que ha prestado su sede al Juan de Mariana e impulsa esas “Olimpiadas de Economía”.

Si en Civismo (con un presidente que le carga gastos muy discutibles) son patronos multimillonarios como Juan Abelló o Helena Revoredo, dueña de Prosegur, en ese consejo “honorífico” de Fundalib que nunca se reunió han figurado autoproclamados liberales como el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós o el lobbista nuclear Manuel Fernández Ordóñez, pero carece de empresarios de relieve, al igual que el del Juan de Mariana.

El único nombre de cierta entidad, poco conocido, pero muy rico, es el magnate inmobiliario Ángel Soria. Una de las sedes que ha tenido Fundalib en la capital, en la calle Julián Camarillo, es de su empresa Torre Rioja, con activos de 510 millones en 2025 y multada hace años por Hacienda por deducirse facturas falsas emitidas por dos empresas vinculadas a casos de corrupción y fraude fiscal en Castilla y León. El dueño de Torre Rioja, que en 2021 acusaba al Gobierno de comprar periodistas y crear un “ambiente de terror” con las restricciones por la pandemia, es como Huerta de Soto un ultrarrico por herencia. Su padre, José Soria Velasco, ya era una de las 100 personas más ricas de España hace casi medio siglo.