El PP cuestiona a la AIReF y al Banco de España y esconde sus planes hasta tener una auditoría “independiente” del Estado

El PP no se fía de las instituciones que validan y supervisan las cuentas públicas, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España, y ha anunciado que si llega al poder efectuarán una “auditoría independiente” que servirá para saber, según su programa, “qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos”.

Los populares usan esa auditoría —“del saqueo”, la han llamado— como un comodín ante cualquier pregunta incómoda sobre sus planes en el supuesto de que Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa de la mano de Vox. ¿Subirá el gasto en Defensa al 5%, como pide Trump? “Haré la auditoría de gasto, explicaré cuál es el gasto en mi país y diré exactamente a qué gasto en Defensa podemos llegar”, respondió el líder del PP en la entrevista con Jordi Wild publicada este viernes. ¿Qué va a hacer con el impuesto extraordinario a la banca, que hasta septiembre ha ganado 29.253 millones de euros, un 15% más? “De esa auditoría le diré lo que voy a hacer con exactitud. Pero mi intención, desde luego, es no poner más impuestos a la banca española de los que tienen otras entidades”, dijo, preguntado por Expansión.

En la misma entrevista con el periódico económico, preguntado por más rebajas fiscales —uno de los fetiches para el electorado de derecha—, Feijóo dijo que no podía comprometerse. No porque no quiera, sino porque no se fía. “No me fío, y se lo digo así de claro: es que no me fío, porque he visto tantas trampas legislativas, tantas trampas presupuestarias, tanta frivolidad en no presentar las cuentas, tanto gasto oculto, tanta no rendición de cuentas…”, aseveró. Es decir, promete grandísimas rebajas fiscales que no sabe si puede cumplir.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, Diego Martínez López, es categórico: “La posibilidad de que haya un déficit oculto o facturas ocultas es mínima”. Si bien el académico cree que las instituciones presupuestarias de España están “muy deterioradas” (por la ausencia de Presupuestos o de objetivos de déficit y deuda), asumir que existen números rojos que no se reflejan en las cuentas oficiales es “descabellado”. Entre otras razones, por todas las instituciones implicadas en el proceso fiscalizador, no solo nacionales, sino también europeas.

Todo el gasto que ejecuta el Gobierno central está controlado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que funciona con autonomía a pesar de que está integrada en la estructura del Ministerio de Hacienda. La IGAE revisa todos y cada uno de los gastos que efectúan los departamentos del Ejecutivo y organismos estatales antes de ejecutarse y después. Mensualmente publica una serie de estadillos con la ejecución presupuestaria: desde las modificaciones en las cuentas públicas aprobadas por el Gobierno, a cómo gasta cada uno de los departamentos las partidas que tiene asignadas. También se encarga de calcular las cifras de déficit público, con una metodología establecida por la Unión Europea y que revisa anualmente la Comisión.

Esta fiscalización por parte de la IGAE está, a su vez, auditada por el Tribunal de Cuentas, una institución que depende directamente de las Cortes Generales y que no solo revisa la Cuenta General del Estado (algo así como el cierre presupuestario de un ejercicio), sino que también revisa partidas o gastos concretos ya sea por iniciativa propia o por mandato de las Cortes Generales.

Y también existe la AIReF, cuya responsabilidad es garantizar que las instituciones cumplen con la estabilidad presupuestaria y funciona como el “pepito grillo” de las cuentas públicas. 

Los datos de deuda pública, también fundamentales para la gestión del Estado, los publica mensualmente el Banco de España y son auditados a posteriori por Eurostat. Y los datos de esta ratio, que calcula en referencia al producto interior bruto (PIB), siguen la misma tendencia descendente que se inició con Pablo Hernández de Cos, un economista situado por el PP al frente de la institución y que cada vez tiene más papeletas de convertirse en el nuevo presidente del Banco Central Europeo.

Sobre la auditoría, el catedrático cuestiona no tanto la independencia de los encargados de realizarla (consultoras externas, por ejemplo), sino quién sería capaz de afrontarla con la “competencia técnica y el rigor” que exigen las cuentas del Estado. “Independencia exterior se puede conseguir, pero competencia técnica de que aterricen en los datos de la Seguridad Social, en los del Ingreso Mínimo Vital... Es lo que me genera dudas”. A lo que se suma la potencial eficacia de estos estudios, para lo que recurre al caso de Andalucía en 2019, tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía. Entonces se encargaron numerosas auditorías que, a día de hoy, duermen el sueño de los justos.

El PP dice que Hacienda oculta “sorpresas”

Si el PP no se fía del trabajo de todos estos organismos, según su vicesecretario encargado de Economía, Alberto Nadal, es porque ha sido el Gobierno de coalición quien ha sido el encargado de nombrar a sus responsables. En una entrevista en El Mundo, aseguró que tendrán que “buscar una solución” al hecho de que un eventual Gobierno popular tenga que lidiar con organismos reguladores que han sido nombrados con la actual mayoría progresista del Congreso. “Ante decisiones de la CNMV, la AIReF o la CNMC, cabe preguntarse si las personas que forman esos organismos garantizan decisiones equilibradas”, dijo Nadal, que apuntó que lo solucionarán “en su momento”.

Uno de esos organismos reguladores mencionados por Nadal, la CNMV, tuvo como presidenta entre 2012 y 2016 a Elvira Rodríguez, que fue ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de Aznar, consejera de Transportes y presidenta de la Asamblea de Madrid con Esperanza Aguirre y diputada en el Congreso por el PP durante varias legislaturas, también en la actualidad.

En esa misma entrevista, el gurú económico de Feijóo e ideólogo del famoso al impuesto al sol dice que la auditoría independiente se llevará a cabo por personas “que tengan total independencia”, porque consideran posible que Sánchez “deje déficit oculto” y asegura que tras las elecciones habrá que hablar con Bruselas sobre los compromisos fiscales porque “nos podemos encontrar sorpresas”.

A esta acusación respondió el ministro de Hacienda, Arcadi España, a través de sus redes sociales: “Información de servicio: La única sanción de la UE a España por manipular las estadísticas de déficit ocurrió cuando el Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana ocultó 1.900 millones de euros de gasto sanitario. La ciudadanía valenciana lo recuerda bien, porque tuvo que pagar de su bolsillo la multa por la manipulación del PP”.

Uno de los argumentos que avalaría la teoría conspirativa de las facturas ocultas del Gobierno de Sánchez se encuentra, según sus defensores, en que la deuda pública española (nominal) ha avanzado en estos años sin Presupuestos Generales del Estado a un ritmo superior al acumulado de los déficits públicos. El inspector de Hacienda y exdiputado de Ciudadanos Francisco de la Torre defendió esta teoría en redes sociales: “Entre 2023 y 2025, el endeudamiento público neto de España ha aumentado en 194.250 millones de euros. El déficit acumulado estos tres años sólo ha sido de 141.475 millones de euros. Que aumente tu deuda más rápido que el déficit que tienes puede hacer sospechar que hay déficit oculto”.

Pero el expolítico parece olvidar que a la hora de calcular el aumento también es relevante, entre otros, la carga de intereses de esa deuda y el ajuste entre el flujo (déficit) y el stock (deuda), como destaca el economista Daniel Fuentes en una publicación en X.

Además de la revisión de las cuentas que promete en su programa, el PP también contempla una intervención del Instituto Nacional de Estadística (INE), para que sus estadísticas cuenten “la realidad, sin presiones del Gobierno”. “Fijaremos por ley el mandato del presidente del INE y limitaremos su cese anticipado a causas tasadas. Aseguraremos la independencia de sus métodos, calendarios y publicaciones. El INE servirá para conocer la realidad del país, también cuando los datos incomoden al Gobierno”, recoge el documento.

De nuevo, el INE trabaja en coordinación con Eurostat, que es la agencia europea que se encarga de revisar que todas se rigen por el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Además, todos los institutos nacionales se someten a revisiones entre pares por sus homólogos en otros países europeos. Sus estadísticas están constante a revisión, como sucede con la Contabilidad Nacional y su dificultad de medición durante la pandemia.

El programa del PP promete, a pesar de cuestionarla, reforzar la AIReF con nuevas competencias “para evaluar el gasto y la sostenibilidad de la deuda y reforzar su papel de control en el cumplimiento de las reglas fiscales en todas las administraciones”. También el Tribunal de Cuentas, que ahora ponen los populares en duda, será revisado para afianzar su “independencia, profesionalidad y capacidad técnica”, dicen, y que pueda actuar a tiempo real.