Los primeros 100 días del ultra De la Espriella en Colombia: ‘milagros’ pendientes y ninguna promesa cumplida
El presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella cumple 100 días en la Casa de Nariño, sede del poder en Bogotá, con una aprobación popular del 48,7%, tres puntos menos que a su llegada al poder en agosto, según la última medición de la firma brasileña AtlasIntel para Bloomberg. Tras derrotar en segunda vuelta por menos de un punto al candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, el mandatario de ultraderecha, de 48 años y sin experiencia política previa, asumió el cargo con una agenda centrada en recuperar la seguridad, un drástico ajuste fiscal y el rescate de un sistema de salud en plena crisis estructural y financiera.
Apenas tres días después de su toma de posesión, sin embargo, tuvo que hacer frente al peor terremoto en décadas, que dejó más de 300 muertos en el suroeste del país. La emergencia alteró sus planes, pero no basta para explicar el balance de estos meses: ninguna de las grandes promesas que se fijó para sus primeros 90 días se ha cumplido, según el seguimiento de analistas y académicos.
La gestión de la catástrofe tampoco ha estado exenta de tropiezos. El Fondo Milagro, la bolsa del Gobierno para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, empezó a operar el 15 de octubre, apenas 66 días después de la catástrofe y en medio de fuertes críticas por su burocracia.
La emergencia del terremoto alteró sus planes, pero no basta para explicar el balance de estos meses: ninguna de las grandes promesas que se fijó para sus primeros 90 días se ha cumplido
A la lentitud en la ejecución se ha sumado la polémica por los salarios del fondo que, según los datos recabados por una congresista opositora, cuestan unos 765 millones de pesos al mes (210.000 euros). Su gerente gana 39,4 millones de pesos mensuales (unos 10.800 euros), mientras que su secretario privado y su director jurídico y de contratación perciben 36 millones cada uno (unos 9.900 euros).
También se añaden las dudas sobre las donaciones privadas recaudadas por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada y representada legalmente por su esposa, Ana Lucía Pineda. La entidad declaró haber recibido 54.589 millones de pesos (unos 15 millones de euros) de empresas y particulares, unos fondos que Pineda asegura haber reservado para una segunda fase de reconstrucción de viviendas. El 5 de noviembre, un juez de Bogotá le ordenó detallar en un plazo de 48 horas el destino de ese dinero, a petición del senador opositor Alejandro Ocampo, quien posteriormente presentó un incidente de desacato al no recibir la información.
Comunicar a la 'manada'
César Caballero, director de Cifras y Conceptos, adelanta para elDiario.es las claves de la más reciente encuesta Polimétrica, cuyos porcentajes exactos se ha abstenido de publicar debido a las recientes restricciones legales impuestas a las encuestadoras en el país. El diagnóstico de esa medición apunta en la misma dirección que el desgaste registrado en otros sondeos. “Parte de la explicación de por qué el presidente tiene una debilidad en su imagen favorable es porque su Gobierno no está comunicando: está hablándole a su propio nicho”, sostiene.
El politólogo subraya que el Gobierno solo se dirige a “su manada”, en referencia a los seguidores incondicionales del mandatario ultra, también apodado el Tigre. Y añade: “Desconoce una realidad de la sociedad colombiana, donde la gente sigue escuchando radio, continúa leyendo periódicos y viendo televisión”.
El presidente desconoce una realidad de la sociedad colombiana donde la gente sigue escuchando radio, continúa leyendo periódicos y viendo la televisión
Caballero atribuye parte del problema a que la comunicación esté centrada en la figura presidencial. Los ministros, por ejemplo, no pueden hacer declaraciones sin su autorización, mientras que las alocuciones de De la Espriella no admiten preguntas. Jorge Iván Cuervo es politólogo y fue ministro de Justicia durante la Administración de Petro. Él ve en esa dinámica una prolongación de la campaña electoral. “Cuando uno es Gobierno tiene que cambiar el ‘chip’, y debe modificar la narrativa, porque el mensaje es distinto”, explica. A su juicio, la apuesta por exacerbar las emociones a través de los canales digitales, que resultó eficaz para ganar las elecciones, puede tornarse “inútil o medio banal” en el ejercicio del poder.
Esa lógica de campaña permanente se manifiesta, sobre todo, en la puesta en escena de los resultados militares. El día de su posesión, en una universidad de Cali, De la Espriella voló en helicóptero hasta un batallón del Ejército para recibir el saludo de las tropas. Desde entonces, ha cultivado una estética bélica: se ha dejado ver con uniforme camuflado, boina y pistola al cinto; saluda con gestos militares y llegó a firmar con la frase “Bienvenidos a la Patria Milagro” una bomba aérea de 460 kilogramos que después fue lanzada en un bombardeo contra las disidencias de las FARC. También difundió un vídeo en el que camina entre los cadáveres de los abatidos tras una operación militar.
Ni en 90 días, ni en un año
Pero el balance de estos 100 días va más allá de las percepciones. Entre los compromisos que De la Espriella se fijó para sus primeros tres meses figuraban estabilizar el sistema de salud, una estructura debilitada por la inconclusa reforma del Gobierno de Gustavo Petro y otras urgencias de financiación acumuladas a lo largo de los años; capturar o abatir a 10 cabecillas criminales de alto valor y recuperar el control de territorios sometidos a los grupos armados durante décadas.
En seguridad, uno de los ejes centrales de su campaña, los resultados están lejos de lo prometido. De los 10 cabecillas que el presidente se comprometió a neutralizar, solo han caído tres. El control territorial también sigue siendo una tarea pendiente. Aunque la Defensoría del Pueblo registró una reducción del promedio mensual de civiles confinados por la violencia, que pasó de 9.402 en 2025 a 5.548, miles de personas continúan atrapadas en sus casas o veredas sin poder desplazarse con libertad debido a las restricciones que imponen los grupos armados.
En seguridad, uno de los ejes centrales de su campaña, los resultados están lejos de lo prometido. De los 10 cabecillas que el presidente se comprometió a neutralizar, solo han caído tres. El control territorial también sigue siendo una tarea pendiente
Hoy, además, las cifras de combates y confinamientos no reflejan por sí solas la dimensión del poder sanguinario que conservan estas organizaciones. Javier Flórez, investigador del conflicto interno en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advierte a este diario que la aparente calma puede resultar engañosa: “Menos enfrentamientos no significa necesariamente menos poder criminal”.
Los datos respaldan esa lectura. Aunque entre enero y septiembre se redujeron los combates entre grupos, los ataques con drones aumentaron casi un 96% y los homicidios se mantuvieron estables. Actualmente, las organizaciones armadas suman unos 29.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, y en el último año ampliaron un 12% su presencia territorial, según la organización. Por ello, Flórez pone en perspectiva los plazos del Gobierno: “Colombia no va a recuperar todo en 90 días, ni en 100, ni en 200, ni en un año”.
La realidad y las metas
En el sistema de salud, el Gobierno puso en marcha en septiembre un plan urgente para acelerar la entrega de medicamentos y la realización de intervenciones quirúrgicas que llevaban meses acumulando retrasos. Los avances, sin embargo, han sido lentos. Según cifras del Ministerio de Salud, a mediados de octubre solo se había realizado el 13% de las intervenciones pendientes. “Hoy, además, la mitad de los pacientes que tenían dificultades de acceso a medicamentos sigue en la misma situación”, resume David Bardey, economista experto en salud de la Universidad de los Andes.
La atención sanitaria no es el único frente abierto. La falta de recursos para saldar esas obligaciones responde a un problema de raíz: el desequilibrio de las cuentas públicas. De la Espriella prometió reducir el déficit fiscal del Gobierno central al 4,8% del PIB en su primer año mediante un drástico recorte de la burocracia, inspirado en la motosierra del argentino Javier Milei, con el que aspira a reducir el aparato estatal en un 40%. El Ejecutivo ya ha tenido que revisar esa meta: heredó un déficit del 6,4% al cierre de 2025, y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que este año rondará el 6,7%. Para 2027, el Gobierno proyecta un 9,4% si no hay ajuste, o cerca del 7% si se aprueba la Ley de Rescate. “La situación es más grave de lo que creíamos”, admitió el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
Entre tanto, el politólogo Gustavo Duncan apunta, en una columna publicada en el diario El Tiempo, que De la Espriella “se ha cuidado en elaborar una narrativa” en la que la crisis de la salud, de la energía, del manejo macroeconómico y la corrupción son responsabilidad del Gobierno anterior.
Cuentas claras, calendario apretado
El desequilibrio fiscal no nació en el período de Gustavo Petro. Colombia lleva al menos tres décadas gastando más de lo que recauda, y cada año de déficit se ha sumado a lo que debe el Estado. Ese saldo creció a saltos en sucesivas crisis: el rescate del sistema financiero tras la de 1999, el desplome del petróleo en 2014, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y la pandemia, que lo llevó a cerca del 65% del PIB en 2020.
Para corregir el rumbo de las cuentas públicas, De la Espriella ha depositado buena parte de sus expectativas en la llamada Ley de Rescate, presentada al Congreso el 29 de octubre. La iniciativa busca establecer la magnitud real del déficit, que el nuevo Gobierno atribuye a los “manejos irresponsables” de la Administración de Petro. Entre sus medidas figuran una subida del IVA a decenas de productos, como el café y las frutas, una rebaja del impuesto de sociedades y recortes del gasto público. Estos últimos representarían el 70% del ajuste, según el vicepresidente José Manuel Restrepo.
De la Espriella prometió reducir el déficit fiscal del Gobierno central al 4,8% del PIB en su primer año. El Ejecutivo ya ha tenido que revisar esa meta
El proyecto también alivia la tributación de los grandes patrimonios: eleva el umbral a partir del cual se paga el impuesto y reduce el tipo máximo. De igual manera fija el compromiso de reducir a la mitad en 2027 los contratos temporales del Estado, una fórmula de la que se han servido todos los Gobiernos en Colombia para incorporar trabajadores sin sumarlos a la plantilla de funcionarios.
De cualquier forma, el reloj apremia. El Congreso debe aprobar la ley antes del 16 de diciembre, cuando termina el periodo de sesiones. De la Espriella carece de mayoría propia, aunque los partidos afines al Gobierno suman, sobre el papel, los escaños necesarios para sacar adelante la iniciativa. Esa mayoría, sin embargo, no está asegurada. El presidente ha descartado recurrir a la llamada mermelada, el reparto de cargos y recursos públicos a cambio de apoyos parlamentarios, una práctica habitual en la política colombiana.
Para Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda conservador, la Administración de De la Espriella se juega buena parte de su futuro en ese trámite. El proyecto llega al Congreso cuando queda poco tiempo para negociar y aprobarlo, incide. “Al Gobierno le llegó la hora de pasar de los anuncios a las realidades y ejecutorias económicas”, afirma a elDiario.es. Restrepo reclama, de la misma manera, que el presidente se ponga al frente de la negociación: “Falta la primera línea en esto, que es el presidente de la República, que no puede limitarse solamente, como viene haciéndolo, a los temas de las redadas nocturnas contra los delincuentes”.
Revés republicano en EEUU con eco en Bogotá
De la Espriella dedicó buena parte de sus primeros 100 días a estrechar su alianza con Donald Trump, que se hallaba muy deteriorada tras los desencuentros con el expresidente Petro. Sumó a Colombia al Escudo de las Américas, la coalición militar liderada por Washington contra el narcotráfico; retiró al candidato nacional a la Corte Penal Internacional y respaldó en plena campaña a la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, una injerencia que el representante demócrata Gregory Meeks calificó de “inaceptable”.
Para Hernando Gómez Buendía, veterano abogado, economista y director de la revista digital Razón Pública, esa sintonía con la Casa Blanca es vital porque las tres grandes promesas del mandatario colombiano dependen de Estados Unidos. Según explica en su columna de El Espectador, su estrategia de seguridad requiere del músculo, la inteligencia y la cooperación militar de Washington; el manejo del déficit está atado a la confianza de los acreedores de Nueva York, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales, y el crecimiento económico descansa en las exportaciones y los acuerdos con el principal socio comercial del país.
El panorama político estadounidense, sin embargo, acaba de dar un vuelco. En las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los demócratas se hicieron con el control de las dos cámaras del Congreso, una mayoría que asumirán en enero. El cambio obliga al Gobierno colombiano a recomponer sus relaciones con una formación a la que su propio ministro de Exteriores, Omar Bula, había atacado antes de llegar al cargo. En publicaciones en X, llegó a calificar a sus miembros de “infelices” y “amantes de la ilegalidad”. La tensión aumentó cuando el congresista demócrata Meeks exigió al presidente que desautorizara a su ministro y el responsable de la cartera de Exteriores respondió hace unos días con una carta de disculpas en la que aseguró que sus posiciones habían cambiado desde entonces.
La nueva mayoría legislativa en Washington tendrá además mayor margen para impulsar la solicitud que once congresistas demócratas enviaron en junio al Departamento de Justicia: investigar los vínculos de De la Espriella, que también es ciudadano estadounidense, con antiguos jefes paramilitares a los que asesoró como abogado, y el origen de sus inversiones inmobiliarias en Florida. De ese mismo equilibrio en el Congreso dependerá también la celeridad con la que se apruebe primero y después se desembolsen los 1.000 millones de dólares anunciados por la Casa Blanca, a través del Departamento de Estado, para combatir el narcotráfico y fortalecer a las fuerzas de seguridad colombianas.
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