El pescao regresa donde Ayuso

El 24 de agosto, en plenos calores veraniegos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó enterrar para siempre el caso del ático. Ya saben, la compra de un pisazo de 486 metros cuadrados con terrazón incluido dizque para que alojara las oficinas de la Presidencia mientras se desarrollaban unas obras de rehabilitación en la sede de la Puerta del Sol que ni siquiera se habían contratado. “Sobre ese asunto lo he dicho todo. Chao pescao”, proclamó ante los periodistas, asumiendo que de ella es la potestad de decidir cuándo se abren y cuándo se cierran los debates.

Pero el pescao se ha resistido a desaparecer y ha vuelto bajo la forma del Tribunal de Cuentas. El organismo supervisor de las cuentas del Estado ha apreciado posibles irregularidades en la operación, incluyendo la falta de justificación legal para llevarla a cabo, y ha decidido designar a un instructor para que investigue a fondo el asunto. Según la resolución del tribunal, los denunciantes -PSOE, Más Madrid y varios particulares- han aportado “elementos indiciarios suficientes” para considerar que la adquisición del inmueble pudo perjudicar los caudales públicos de la Comunidad de Madrid.

Difícilmente el Tribunal de Cuentas hubiera podido llegar a otra conclusión ante un caso tan flagrante de abuso de las instituciones como el que ha salido a la luz con el famoso ático. Tal como señalaba en este mismo espacio en septiembre pasado, desde que El País desveló la adquisición del piso, mantenida hasta ese momento oculta por la administración, lo que han presenciado los ciudadanos ha sido una constante y descarada huida hacia adelante de Ayuso y su equipo para defender lo indefendible. Para meter apresuradamente bajo la alfombra una mugre que solo se puede producirse desde una sensación absoluta de impunidad.

La Comunidad madrileña explicó en un primer momento que el ático iba a acoger las oficinas de la Presidencia mientras durasen las obras de rehabilitación de Real Casa de Correos. A muchos les sorprendió, como no podía ser de otra manera, que semejante inversión -6,3 millones de euros- se hiciera en un bien de uso pretendidamente provisional. Luego se supo que la normativa urbanística de Madrid prohibía la apertura de oficinas en ese edificio de Chamberí, uno de los distritos de moda y más caros de la ciudad. Entonces cambiaron de argumento y sostuvieron que el objeto de la compra era proveer al Gobierno de la Comunidad de una sede alternativa para atender autoridades y representantes institucionales. En el remolino informativo de esos días trascendió que la justificación legal de la compra se hizo después de que esta se hubiera realizado, como ha constatado el Tribunal de Cuentas. El olor a podrido se hacía insoportable.

En un giro estratégico sorpresivo, la presidenta Ayuso aprovechó la catástrofe de los incendios que arrasaron buena parte de la Sierra Oeste madrileña el pasado verano para anunciar con gran teatralidad que se vendería el ático con el fin de destinar el dinero a rehabilitar las zonas devastadas por el fuego. Intentaba sin pudor convertir en virtud lo que era simplemente la necesidad personal de sacudirse de encima el escándalo. Peor aun, pretendía que se desviasen dineros públicos del polémico objetivo inicial a otro indudablemente más noble sin que mediara en ese momento ningún procedimiento administrativo que justificara ese movimiento. La empresa pública Planifica Madrid, que preside el consejero de Presidencia de Ayuso, puso diligentemente el inmueble en venta... y resulta que hasta la fecha no han aparecido compradores, lo que no hace sino aumentar las suspicacias sobre la naturaleza de la operación.

El Tribunal de Cuentas sostiene que hay “dudas” de si el ático pudo haberse adquirido para otras finalidades, sin aventurar cuáles, y aquí podría estar el meollo de todo este caso. El edificio donde se encuentra el ático queda justo enfrente del piso qe el padre de Ayuso le legó en vida y donde vive en la actualidad su madre. La presidenta madrileña intentó en algún momento quitarse de encima el lío atribuyendo la decisión de la compra a la empresa Planifica. Más adelante reconoció que la idea partió de su equipo y que a ella no le “pareció mal”. Seguidamente trascendió que uno de sus asesores visitó el ático antes de que se cerrase la compraventa. Finalmente se supo que Ayuso lo había visitado tras la compra. Por cierto, una curiosa negociación en la que Planifica Madrid impuso a la vendedora una cláusula de confidencialidad, saltándose por la torera cualquier norma elemental de transparencia en la gestión pública.

Son muchos los ciudadanos que se preguntan con suspicacia si la finalidad no confesable de la compra era que Ayuso se quedase viviendo en el suntuoso ático. Pero no se les puede acusar de maledicencia: los únicos responsables de que cunda tal sospecha son la propia presidenta madrileña y su equipo, por la forma semiclandestina en que se llevó a cabo la cuantiosa inversión y la desfachatez con que han intentado confundir a la opinión pública sobre los motivos y la justificación legal de la operación. A ver ahora hasta dónde llega el ímpetu investigador del Tribunal de Cuentas.