El juez investiga a la Casa de Alba por desobediencia al reabrir sus pozos clausurados antes de recibir permiso
La decisión de la Casa de Alba de poner en funcionamiento por su cuenta sus pozos clausurados sin tener todavía el correspondiente permiso del juez ha derivado en una nueva actuación judicial. El magistrado que ha instruido la causa penal por un posible delito contra el medio ambiente por estas captaciones sin licencia, que archivó hace dos meses al apreciar sólo irregularidades administrativas, ha decidido abrir una causa al margen –que será otro juez el que decida si cristaliza o no– por unos bombeos que es la tercera vez que son sorprendidos funcionando sin permiso.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que ha investigado el caso de estos nueve pozos sin licencia, ha decidido deducir testimonio de las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que cuando en septiembre fue a desprecintarlos se encontró con que la propiedad los había puesto en marcha dos meses antes tras romper los sellos judiciales. Por ello, el juez considera que podemos estar ante un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de medida cautelar.
El magistrado apunta que, “visto que se informa y se documenta gráficamente” por la Guardia Civil que estos bombeos se encontraban en funcionamiento “haciendo caso omiso” a la resolución judicial, da este paso ante el que la parte acusada puede presentar recurso. Lo siguiente será remitir esta causa al Decanato para su reparto al juzgado que corresponda, cuyo titular será el encargado de investigar el caso y concluir si considera que hay delito.
El 'teórico' desprecinto
El instituto armado acudió el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana. El agente al mando apuntó en su informe, no sin sorna, que ese día “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado.
La hacienda está gestionada por Eurotécnica Agraria, una empresa de la propia Casa de Alba cuyo consejo de administración integran los hermanos Martínez de Irujo a excepción del actual duque de Alba. El apoderado de la compañía alegó que habían decidido reabrir las captaciones al entender que ya estaban autorizadas, después de que el pasado mes de mayo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizó el cambio del sistema de regadío de la finca.
Esto, en la práctica, implica la regularización de unos pozos que han funcionado sin licencia y “despilfarrando” agua, según la propia Confederación, que tiene abierto un procedimiento sancionador por vía administrativa por estos hechos. Además, la propiedad es reincidente en el marco de una causa judicial que se abrió en 2023 tras denunciarse que estas captaciones llevaban una década extrayendo sin permiso.
El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían usarse, lo que cayó en saco roto porque pocos meses después (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento. Es decir, que estaríamos ante la tercera ocasión en la que la Casa de Alba ha estado sacando agua sin permiso.
Desestima los recursos por el archivo del caso
Mientras se sustancia o no esta nueva vía judicial, el propio magistrado firmó días antes un auto por el que desestimaba los recursos presentados por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción en contra del archivo de la causa principal. En él, admite que estamos ante “extracciones no autorizadas”, pero se reafirma en su conclusión de que estamos ante “una infracción de tipo administrativo”, en línea con lo argumentado por la defensa de la Casa de Alba.
El juez recuerda que alrededor de Aljóbar hay otras fincas con derechos de riego mucho más elevados, por lo que los propios informes de la Confederación del Guadalquivir reconocen que no se puede culpar en solitario a la propiedad de los Alba del descenso que ha sufrido el acuífero del que extraen, el Aljarafe Sur. “La conclusión no puede ser otra”, apostilla. Ante esta decisión cabe todavía recurso de apelación ante la Audiencia, que fuentes del caso calculan que puede tardar hasta un año en pronunciarse.
Durante la investigación, la Fiscalía ha mantenido que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La Guardia Civil calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante más de una década, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.
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