Devuelto por la mañana, protegido por la tarde
Lo que ocurre estos días en Ceuta no es una anomalía. Es la versión extrema de algo que pasa cada día en Andalucía: tener derechos no es lo mismo que poder usarlos.
Yaseen es yemení. Su familia sigue en un país en guerra. Cruzó a Ceuta tras ocho intentos y pidió asilo. España se lo denegó, y su abogada recurrió ante la Audiencia Nacional y pidió una medida urgente para evitar su expulsión.
El 26 de octubre, la Audiencia Nacional le dio la razón: podía quedarse en España hasta que hubiera sentencia. Ese mismo día, la Policía lo entregó a Marruecos.
Interior explica que la devolución fue por la mañana y la resolución llegó por la tarde. Las entidades que lo acompañan aseguran que habían avisado por escrito del recurso. El Ministerio dice que Yaseen puede volver si se presenta en la frontera. Él cuenta que está en Youssoufia, a cientos de kilómetros, sin dinero y sin saber a dónde ir.
Yaseen hizo todo lo que la ley pide. Y el tribunal le dio la razón. Formalmente ganó. En la práctica, esa victoria no le sirve de nada.
Tener un derecho no es poder ejercerlo
La ley nos reconoce a todos los mismos derechos. Pero ejercerlos exige cosas que da por supuestas: estar donde te pueden notificar, entender lo que te dicen, tener papeles, tiempo, alguien que te oriente y no tener miedo. Quien carece de todo eso conserva sus derechos sobre el papel, pero no puede usarlos.
En Ceuta esa distancia se ve estos días con una claridad brutal.
Víctimas que no llegan al juez
El 5 de noviembre, Amnistía Internacional publicó su segunda investigación sobre el terreno en Ceuta. Desde el 30 de julio ha documentado 50 casos de palizas, humillaciones y tratos que pueden constituir tortura, atribuidos sobre todo a militares. En su última visita recogió 28 casos, 13 de ellos de menores. Dieciocho ocurrieron después de que Defensa anunciara que investigaría las primeras denuncias.
Son relatos que la justicia tendrá que comprobar, y los señalados tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero la pregunta es otra: ¿pueden las víctimas contarlo ante un juez?
Según el informe, la mayoría no. Un hombre al que despertaron de madrugada con descargas de táser no se lo contó a nadie. Un chico saharaui de 17 años asegura que el militar que le abofeteó volvió a buscarle: «¿Te acuerdas de mí? Te voy a pegar otra vez». Otros reconocen a sus agresores, que siguen patrullando las mismas calles, y dicen haber sido amenazados para que no denuncien. De los casos más graves, Amnistía destaca que solo una víctima se ha atrevido a ir a los tribunales.
Pensemos en lo que significa denunciar así. Duermes en la calle. No tienes papeles. Puedes ser devuelto cualquier mañana, como Yaseen. El teléfono donde quizá tenías pruebas te lo han roto. No hablas castellano. Y la persona a la que tendrías que señalar lleva uniforme, sigue en su puesto y sabe dónde duermes.
Amnistía afirma que no le consta que ningún militar haya sido apartado ni que se haya protegido a víctimas y testigos frente a represalias. Y señala un contraste revelador: la misma Fiscalía que no muestra iniciativa ante las torturas ha pedido prisión provisional para dos activistas en una causa abierta tras el registro de la sede de No Name Kitchen, una ONG que reparte comida a esas mismas personas.
Cuando a quien denuncia se le puede expulsar o amenazar, y a quien le ayuda se le investiga, la tutela judicial efectiva deja de ser un derecho y se convierte en un acto de valentía.
Lo mismo, sin vallas
En el resto de Andalucía esa distancia es menos visible, pero funciona igual. En Huelva, unas 5.000 personas viven en asentamientos sin agua ni luz. En septiembre murieron dos hombres en incendios de chabolas. Treinta organizaciones denuncian que varios ayuntamientos bloquean su empadronamiento. Sin padrón no hay sanidad, no hay forma de acreditar los años que exige una regularización y no hay dónde recibir una notificación.
Y no hace falta ser migrante. Ante una carta del juzgado con diez días de plazo, quien tiene estudios llama a alguien esa misma tarde. Quien trabaja doce horas o apenas lee castellano puede tardar una semana en entender qué le piden. El plazo es el mismo. Pero esos diez días no valen lo mismo para todos.
Lo que se puede hacer ya
La Constitución obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden que la igualdad sea real. Eso se traduce en medidas concretas:
- Proteger a quien denuncia. Amnistía pide permisos temporales de residencia para víctimas y testigos en situación irregular. Nadie declara contra quien puede hacerle daño si mañana puede estar al otro lado de la frontera.
- Apartar cautelarmente a los presuntos agresores y garantizar una investigación rápida e independiente.
- Ninguna devolución con recursos o medidas urgentes pendientes, y facilitar el regreso de quien fue devuelto contra una resolución judicial.
- Dejar trabajar a las organizaciones que acompañan y llevar el empadronamiento y la orientación jurídica allí donde está la exclusión.
La medida de una justicia
Ceuta queda lejos para muchos andaluces, pero sus juzgados forman parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Lo que ocurre allí habla de todos nosotros.
Un sistema de justicia no se mide por cómo trata a quien llega con abogado, papeles y tiempo, sino por cómo trata a quien llega sin nada. Yaseen ganó su recurso y duerme en la calle en Marruecos. Decenas de personas dicen haber sido golpeadas y casi ninguna se atreve a denunciar. Ninguna de ellas carece de derechos. Les falta lo necesario para poder usarlos.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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