La Justicia inicia los trámites para la entrada en prisión del futbolista Santi Mina, condenado por abuso sexual

La Audiencia Provincial de Almería ha iniciado la ejecución de la condena a cuatro años de prisión impuesta al futbolista gallego Santi Mina por un delito de abuso sexual -en ese momento el Código Penal diferenciaba el delito de abuso sexual del de agresión sexual- a una mujer en junio de 2017 en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar.

En un auto, citado por Europa Press, el tribunal dispone que se lleven a cabo los trámites para hacer cumplir la pena y da 10 días a las partes para efectuar alegaciones sobre el modo o las condiciones para acatar el fallo. La misma resolución, emitida el pasado 19 de octubre, también señala el cumplimiento de la orden que impide al delantero a acercarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella por un periodo de 12 años y ofrece a la acusación particular ejercida por el abogado Iván Bolaño la posibilidad de alegaciones sobre cómo abonar la responsabilidad civil de 25.000 euros fijada en la sentencia.

Fue a finales del pasado mes de septiembre cuando el Tribunal Supremo dictó la firmeza del fallo después de que la Sala de lo Penal rechazara la absolución planteada por la defensa, que alegaba que actuó bajo un error vencible acerca del consentimiento de la mujer. Según la sentencia, “el acusado aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos, interrumpiendo su actuación cuando percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza”.

La Sala de lo Penal concluye que este relato “no contiene ningún elemento que permita afirmar que el acusado recibió una manifestación de consentimiento que interpretó de forma equivocada”. Además, resalta que la sentencia de apelación “eliminó la referencia al prevalimiento”, pero “dejó expresamente establecido que el relato de instancia no describía consentimiento” de la víctima para ninguno de los dos actos sexuales.

De esta forma, los magistrados desestiman los motivos del recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmó la pena de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Almería, pero rebajó de 50.000 a 25.000 euros la indemnización por el daño moral causado a la víctima.

“Sí puede atenderse, por resultar asumido expresamente por la Audiencia, a que el acusado cesó cuando la perjudicada le pidió que parara. Pero, como ya se ha expuesto, ese hecho acredita el momento en que finalizó la actuación y explica que el Tribunal descartara la utilización de violencia o intimidación; no establece que [la víctima] hubiera consentido previamente ni que el acusado creyera que lo hacía”, relata la sentencia.

El Supremo también desestimó el recurso de casación planteado por la víctima, en el que solicitaba, entre otros extremos, que el acusado fuese condenado por un delito de agresión sexual con penetración, y que se le impusiera una pena de ocho años de prisión. Sobre esto, el alto tribunal consideró que el hecho probado no describe que el futbolista utilizara violencia con función instrumental. De forma subsidiaria, solicitó elevar la pena a seis años porque Mina habría cometido “dos actos sexuales penetrativos plenamente diferenciados” y de manera sucesiva, pero el tribunal también lo desestimó.

Por otro lado, rechazó condenar como cooperador necesario o, subsidiariamente, como cómplice del delito sexual cometido por el futbolista al otro acusado que fue absuelto por la Audiencia Provincial de Almería.

Santi Mina se encuentra actualmente sin equipo. Fue jugador entre otros del Celta de Vigo, en cuya cantera se formó como futbolista. Cuando cometió el delito, en 2017, jugaba en el Valencia Club de Fútbol, pero el Celta lo recuperó, ya denunciado, en 2019. Lo mantuvo en sus filas mientras duró el proceso y solo en agosto de 2023, tras haber jugado cedido una temporada en un equipo de Arabia Saudí y con la sentencia condenatoria confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -en septiembre del 2026 la ratificó también el Supremo- puso fin al contrato.