La Guardia Civil cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” para la Casa de Alba con el agua extraída con sus pozos pirata

La Guardia Civil lo tiene claro: los nueve pozos sin licencia descubiertos –y precintados por orden judicial– en la finca Aljóbar de la Casa de Alba no sólo han provocado un importante daño ambiental, sino que le han reportado a la propiedad un “beneficio ilegal” que eleva a 5,1 millones de euros. Esto es así porque han podido regar por encima de lo que habría permitido el agua para la que sí tenían permiso, lo que se ha traducido en más cosechas de naranjas.

Así lo ratifica un segundo informe pericial que, a petición de la Fiscalía, ha elaborado el instituto armado y que entregó en noviembre al juez que instruye la causa por un posible delito ambiental. El documento reafirma las principales conclusiones del que se elaboró un año antes, y en todos sus términos se han ratificado las dos agentes que lo han elaborado, que el pasado viernes testificaron ante el magistrado y respondieron a las preguntas de la defensa, que representa los intereses de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona ésta y otras haciendas.

Aljóbar se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, aunque uno de los pilares de la defensa hasta la fecha es que toda la responsabilidad recaiga en un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, que fuese primer nieto de Cayetana de Alba.

11 años de extracción ilegal

El análisis pericial aborda el “beneficio indirecto obtenido por el uso ilícito del agua”, para lo que tiene en cuenta la cantidad de fruto recogido (cítricos en este caso) por hectárea durante los 11 años que se considera que hubo un uso de “agua de procedencia ilegal”. Para ello establece dos periodos diferenciados, de 2014 a 2021 y de 2021 a 2024, ya que hasta 2021 se regaron 205 hectáreas, superficie que desde entonces se redujo a 164.

A este “beneficio ilegal” hay que sumar el importe del daño ambiental producido, que resulta de la suma de varios conceptos que, según las agentes, se han computado de una “forma conservadora”. La horquilla que ofrecen oscila entre 732.000 y 1,1 millones de euros, en función de si se usaron 5.000 metros cúbicos por hectárea –como asegura la defensa– o 6.352 como sospechan las investigadoras.

La cifra tiene en cuenta tres factores, el primero de los cuales es el valor en sí del agua extraída, que se movería entre 468.275 y 814.896 euros. A esto hay que añadir lo que costaría rehabilitar este entorno (201.489 euros) y el impacto por la pérdida de valor ambiental del ecosistema, que iría de 62.539 a 113.353 euros. Todo esto significa que, sumando daños y beneficio ilícito, estamos hablando de entre 5,8 y 6,2 millones de euros.

“Daños importantes” al ecosistema

En paralelo, el informe sostiene que la extracción ilícita de agua de un acuífero, el Aljarafe Sur, que está cerca de la sobreexplotación “supone daños importantes sobre el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles”. Esto es debido a las interconexiones naturales entre las diferentes matrices, en este caso suelo, agua y biota.

El índice de explotación de estas aguas subterráneas ha pasado del 78 al 91%, y se estima que existe riesgo para el acuífero cuando se supera el 80%. A esto se une que un bombeo excesivo “puede movilizar el agua presente en el subsuelo de baja calidad”, produciendo de esta manera un “deterioro” del recurso.

Durante la declaración de las agentes, la defensa intentó rebatir su trabajo tanto en lo que hace referencia al volumen de agua extraído como a la fórmula utilizada para determinar el impacto económico de los pozos ilegales. En concreto, puso el foco en el concepto del beneficio ilícito y consideró que, en general, se valora el daño dos veces, a lo que las guardias civiles respondieron que con ese argumento se confundía el ámbito administrativo con el penal, que es en el que se está investigando la causa.