La Casa de Alba volvió a poner en marcha por su cuenta sus pozos dos meses antes de que el juez le diese permiso para ello
Agentes de la Guardia Civil fueron el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, a retirar el precinto judicial que impedía el uso de los pozos sin licencia inmersos en una causa judicial por un delito contra el medio ambiente que el juez ha archivado. Y se llevaron una buena sorpresa: las captaciones estaban otra vez a pleno funcionamiento desde hacía al menos dos meses tras romper la propiedad los sellos pese a que el juez no lo había autorizado, por lo que el instituto armado considera que se ha cometido un delito de quebrantamiento de una medida cautelar.
A la espera de qué ocurre con los recursos presentados, el magistrado dio carpetazo al caso el 10 de septiembre con un auto en el que también ordenó levantar la prohibición de uso de estos bombeos. Pero como la Casa de Alba ha conseguido que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –el organismo estatal que da los permisos de riego– legalice los pozos tras un procedimiento administrativo que se inició con la causa judicial ya en marcha, consideró que ya estaba legitimada para usarlos y así procedió por su cuenta.
Los nueve pozos ilegales detectados en esta hacienda, en término del municipio sevillano de Aznalcázar y justo al lado de Doñana, han sido así sorprendidos por tercera vez funcionando sin autorización. La primera fue en 2023 y aquello dio lugar a una investigación judicial que se ha prolongado tres años, lo que conllevó también la prohibición de uso de estas extracciones. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían activarse, algo de lo que la Casa de Alba hizo caso omiso porque a los pocos meses (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento y “despilfarrando” agua.
“En pleno funcionamiento”
En el atestado –al que ha tenido acceso este periódico– con el que la Guardia Civil ha informado al magistrado de lo ocurrido se apunta, no sin ironía, que el 22 de septiembre “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado de la finca.
A los agentes los recibió también el apoderado de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba (su consejo de administración está integrado por los hermanos Martínez de Irujo, excepto el actual duque de Alba) que gestiona Aljóbar y otras fincas. Este apoderado es también el abogado que ha defendido a los dos acusados en este proceso finalmente archivado, la propia compañía y su administrador, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba.
La excusa que dio para justificar que los pozos estuviesen de nuevo en marcha es que el pasado mes de mayo recibió de la Confederación del Guadalquivir el visto bueno para cambiar el sistema de regadío de la finca con la consiguiente legalización de las captaciones, una opción (lo que se conoce como transformación de derechos de aguas privadas a públicas) recogida en la normativa de aguas. Esta resolución le daba tres meses para la instalación de contadores y puesta en marcha de las extracciones, a lo que se acoge la propiedad para actuar por su cuenta.
“Ya disponían de la autorización”
Eso sí, no notificó nada al respecto ni al juez ni a la Guardia Civil, todo ello meses antes de que se archivase la causa y se autorizase (desde ese momento sí) el desprecinto de los pozos. Según el atestado, el apoderado de Eurotécnica Agraria arguyó que “ya disponían de la autorización concedida”, “desoyendo las indicaciones vertidas” en el auto de enero de 2025 que ordenó la inutilización de estos bombeos.
La Guardia Civil recuerda que el apoderado “tiene conocimientos suficientes para conocer las consecuencias judiciales” de la decisión tomada, que a su juicio podría suponer “un ilícito penal de quebrantamiento de una medida cautelar” tal y como recoge el artículo 468 del Código Penal, que prevé por ello una pena de multa de 12 a 24 meses. Entiende que se han “desprecintado y colocado los elementos de extracción de agua en los pozos antes de que la autoridad judicial lo ordenase, hecho que ocurrió después”, con el auto del 10 de septiembre.
El atestado incide en que las instalaciones “se encontraban en pleno funcionamiento” y que “no se sabe la fecha veraz de la colocación de los contadores volumétricos”. Por ello, apunta que “se podrían haber estado produciendo captaciones de agua sin control alguno por parte del organismo de cuenca”, que es la propia Confederación del Guadalquivir.
Desde el 7 de agosto
Es más, el instituto armado solicita un informe a la Comisaría de Aguas de este organismo, para intentar delimitar con precisión las fechas. En su respuesta, se apunta que Eurotécnica Agraria recibió luz verde a su cambio de régimen de aguas el 12 de mayo, pero que no fue hasta el 7 de agosto que confirmó formalmente que había instalado los obligatorios contadores.
La Casa de Alba considera que la existencia de sus pozos ilegales supone una “mera infracción administrativa”, argumento que –en contra del criterio de la Fiscalía– ha admitido el juez, que ha descartado la existencia de un delito ambiental. La Confederación del Guadalquivir tiene abierto en paralelo un proceso de sanción administrativa por estos hechos, aunque ahora el magistrado debe considerar si al final sí imputa un delito a la propiedad, en este caso por quebrantamiento de medidas cautelares.
La Fiscalía considera que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La investigación de la Guardia Civil, por su parte, calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.
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