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El aumento de pozos ilegales cerrados impide el saqueo de 3.500 millones de litros de agua al año en Doñana

Clausura de un pozo sin licencia en Doñana.

Antonio Morente

Sevilla —
22 de noviembre de 2026 21:39 h

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El próximo 27 de noviembre, el día que se cierra la campaña electoral, se cumplirán tres años del pacto que puso fin al bienio que se pasaron Gobierno central y Junta tirándose los trastos a la cabeza por Doñana. Aquella disputa tuvo su origen en la ley (impulsada por el PP andaluz) que iba a indultar regadíos sin licencia en el entorno del parque. La certificación de esta paz puso las pilas a las administraciones, que han acelerado el ritmo de cierre de pozos piratas hasta el punto de que el uso ilegal de agua en invernaderos se ha reducido de cinco a 1,49 hectómetros cúbicos al año, lo que supone evitar el saqueo de 3,51 hectómetros, es decir, 3.510 millones de litros anuales.

El dato lo aporta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de dar los permisos de riego, y se incluye en el balance anual que hace el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sobre sus actuaciones en el principal paraje natural de España. El documento resalta que el uso de agua sin permiso “ha descendido de forma muy significativa”, aunque en paralelo se admite con respecto a los cultivos “la existencia de una superficie significativa en situación irregular” que sigue bombeando sin permiso alguno.

De hecho, el análisis anual sobre el estado del acuífero que elabora la propia CHG, conocido hace unos días, apunta que ni dos años seguidos buenos de lluvia han servido para “revertir tendencias”, y que de hecho la evolución es desfavorable en 14 de los 16 sectores en los que se divide porque sigue sacándose más agua de la que entra. Por ello, año tras año los técnicos insisten en el cierre de pozos ilegales como uno de los pilares para darle la vuelta a esta situación.

El informe recuerda que “sin agua no hay Doñana”, e incide en que han aumentado las inspecciones y las clausuras de extracciones ilegales, a la vez que se ha reducido la extensión agrícola sin permiso. El dato de los pozos es muy fluctuante, porque depende sobre todo del año que se tome como referencia, pero en este caso se pone el punto de partida en 2022 –cuando se habían cerrado 670– para alcanzar los 847 en este 2026, lo que significa que en un cuatrienio se han sellado 177.

Otros 225 en espera del cierre

De estos 847, son 368 los que se han cegado forzosamente por no tener licencia, mientras que los restantes 479 eran legales pero han dejado de usarse en la comunidad de regantes El Fresno (en el municipio onubense de Moguer) al poder sustituir las aguas subterráneas por recursos en superficie. Al margen, hay otros 225 que están camino del cierre: 17 de nuevo en El Fresno y 208 que están en pleno trámite de ejecución o pendientes de una resolución judicial, tras acudir el propietario a los juzgados.

Esto significa que, cuando se culminen todos los procesos ahora abiertos, se habrán sellado 1.072 bombeos. Eso sí, el documento del Miteco recuerda que “el procedimiento de clausura requiere una tramitación compleja tanto administrativa como ejecutiva en la que puede ser necesaria la intervención de las fuerzas del orden público”, en concreto el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ya que no han sido pocos los momentos de tensión que se han vivido en estas situaciones.

Estas clausuras de extracciones sin licencia son el último trámite de muchos los 1.505 procedimientos sancionadores finalizados desde 2018, la mayoría (1.125) en explotaciones ilegales, aunque también se ha multado a 380 fincas que tenían permisos. En estos casos, suele ser por cultivar más superficie de la autorizada, por consumo excesivo de agua o porque los pozos carecen de contador o lo tienen estropeado. Todo esto se traduce en un total de 13,35 millones de euros en multas impuestas a los agricultores, por daños al dominio público hidráulico o infracciones de la Ley de Aguas.

70% menos de hectáreas sin permisos

El cierre de los bombeos ilegales tiene otra consecuencia, que no es otra que la reducción de la superficie de cultivos sin permiso para regar, que han pasado de 1.113 hectáreas en 2017 a sólo 330 en 2026, una caída superior al 70%. Esto es lo que ha permitido reducir de cinco a 1,49 hectómetros cúbicos al año el riego sin licencia, una diferencia de 3,51 hectómetros, o lo que es lo mismo, 3.510 millones de litros anuales que se evitan de bombeos piratas.

Una cifra que da muestra de la importancia de este descenso es la que se extrae de las ayudas que se van a conceder a los agricultores del entorno de Doñana que dejen sus cultivos y renaturalicen sus tierras, de las que en una primera convocatoria se beneficiarán 66 fincas que suman 407 hectáreas. Esto permitirá ahorrar 1,8 hectómetros cúbicos anuales que ahora se destinan a riego, tras invertir nada menos que 28,5 millones de euros sólo por parte del Gobierno, a lo que hay que sumar que Junta y Diputación de Huelva complementan estos incentivos.

Pero antes de que llegue ese momento, otro dato que subraya el balance estatal es que desde 2017 la superficie de invernaderos ha pasado de 5.936 hectáreas a 4.342 en la primavera de 2026, lo que supone un 27% menos. Una tendencia a la baja reforzada por el aumento de las inspecciones: en la campaña 2025/26 se supervisaron 756,53 hectáreas, de las que el 59% estaban en situación irregular, zonas a las que se fue por la alerta que dieron los sistemas de teledetección.

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