El Gobierno publica las ayudas que permitirán reforestar 400 hectáreas de Doñana que ahora son invernaderos
Las esperadas ayudas a los agricultores que dejen de cultivar en el entorno de Doñana ya tienen adjudicatarios. La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal de Doñana, que reducirán la presión que los cultivos ejercen sobre el acuífero. Casi todos los terrenos beneficiados tienen o han tenido invernaderos de fresa o frutos rojos y ahora se dejarán por unos propietarios que han calificado de “insuficiente” este primer paso.
La propuesta inicial incluye 66 solicitudes preseleccionadas, de las 118 que presentaron la documentación requerida en plazo, y sus actuaciones abarcarán una superficie de actuación total de 407,14 hectáreas y 28,5 millones de euros. A éstas, se suman otras once solicitudes que quedan incluidas en la lista de reserva. Tras esta primera convocatoria, ya se trabaja en una segunda y se ha anunciado hasta una tercera para atender el grueso de las propuestas que se presenten.
Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, forman parte del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España para su recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de su entorno. Persiguen un doble objetivo: reducir la presión sobre los ecosistemas, en especial la demanda de agua sobre el acuífero, y acompañar al sector agrario en su transición hacia un modelo sostenible y adaptado al territorio. En los próximos meses se pondrán en marcha, además, ayudas al cultivo de secano y a la producción ecológica.
Según la dotación máxima de riego para la fresa y otras berries contempladas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la renaturalización de estas 407 hectáreas “permitiría reducir el consumo de agua para riego en la zona en 1,8 hectómetros cúbicos anuales”. “Un ahorro muy significativo si se tiene en cuenta que el volumen estimado de agua que se estaría detrayendo del acuífero de Doñana de forma irregular en la actualidad es de casi 1,5 hectómetros cúbicos/año”, han señalado desde el Ministerio.
Hasta 100.000 euros
Estas subvenciones son la piedra angular del pacto por Doñana, después de que el Gobierno decidiera no comprar terrenos pero sí pagar hasta 70.000 euros por hectárea (7.000 al año durante una década) a los agricultores que dejen de cultivar y reviertan los suelos a forestal durante al menos 30 años. En el caso de la Corona Norte, epicentro de la polémica ley de regadíos que impulsaban PP y Vox y que se paralizó con este acuerdo político, esta cantidad se eleva hasta los 100.000 euros al complementarla la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000).
Por localidades, en esta primera remesa de beneficiados Lucena del Puerto reúne 33 propuestas (100,92 hectáreas), casi todas de concesionarios de derechos de canon (31 beneficiarios y 96,19 hectáreas). Almonte suma 14 solicitudes y 226,07 hectáreas; seis de ellas, con 19,28 hectáreas, corresponden a concesionarios. Completan el reparto Bonares (13 solicitudes, 30,62 hectáreas), Rociana del Condado (cuatro solicitudes, 42,88 hectáreas), Moguer (2,23 hectáreas) y una solicitud compartida entre Bonares y Lucena del Puerto (4,72 hectáreas).
Además, más de la mitad de las solicitudes afectan a menos de tres hectáreas, y prácticamente todas se sitúan en terrenos que tienen o han tenido invernaderos de fresa o frutos rojos. De ellas, 43 corresponden a personas físicas y 23 a personas jurídicas. Además, 51 solicitudes incluyen 76,62 hectáreas en la Zona A, de carácter forestal, del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad); y nueve prevén renaturalizar 5,84 hectáreasde corredores ecológicos del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana.
Convocatoria “muy innovadora”
Se trata, según han remarcado desde el Ministerio, de una convocatoria “muy innovadora”, la primera de estas características, y su gestión administrativa ha conllevado “una gran complejidad en su tramitación”, ya que el proceso ha supuesto “no solo una revisión administrativa y técnica y su correspondiente fase de subsanación”, sino también “la apertura de un trámite de audiencia adicional para que determinados solicitantes pudieran certificar sus derechos de canon sobre las superficies a renaturalizar”.
Además, el análisis ha abarcado más de 500 referencias catastrales y ha exigido varias fases de revisión. La resolución es provisional. Se abre ahora un plazo de diez días hábiles de alegaciones. Según las bases reguladoras, los solicitantes tienen que estar al corriente de cualquier sanción firme en materia de agua, medioambiente y urbanismo. El cumplimiento de estos requisitos deberá documentarse en esta segunda fase.
Los agricultores la ven “insuficiente”
Una vez conocida esta propuesta de resolución provisional, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado la ha considerado “insuficiente”, ya que “alrededor del 75% de la superficie presentada a través de la organización ha quedado fuera de esta primera resolución”. Así, en una nota han señalado que, “de las aproximadamente 1.200 hectáreas tramitadas por asociados de la plataforma, algo más de 300 habrían resultado inicialmente beneficiarias, mientras que el resto continúa pendiente de una solución”.
“Estamos analizando expediente por expediente, pero los primeros datos nos dicen que esta convocatoria se queda muy lejos de resolver el problema para el que se plantearon estas ayudas”, ha explicado el portavoz de la plataforma, Manuel Mora. Para la plataforma, uno de los principales problemas ha sido “la complejidad administrativa” de la convocatoria y la “dificultad” que han encontrado los agricultores para interpretar algunos de sus requisitos.
Mora ha señalado que “se han quedado fuera muchos expedientes por cuestiones documentales y requisitos muy concretos que los solicitantes no tenían suficientemente claros cuando se abrió la convocatoria”. Entre ellos, la Plataforma cita casos relacionados con la documentación aportada para acreditar determinadas obligaciones registrales o societarias.
Críticas a los plazos
Por ello, la principal petición de la plataforma es que las siguientes convocatorias “mantengan los criterios, la forma de puntuación y el ámbito territorial de los cinco municipios incluidos en esta primera línea”, de forma que los agricultores que ahora conocen los requisitos puedan presentar “correctamente” sus proyectos.
La plataforma también lamenta los plazos con los que se está ejecutando el acuerdo alcanzado para el entorno de Doñana. “El pacto se firmó a finales de 2023 y la primera convocatoria de ayudas a los agricultores se encuentra todavía, en octubre de 2026, en fase de propuesta de resolución provisional”, señala.
“Han pasado casi tres años desde el acuerdo y los agricultores seguimos esperando que la solución llegue realmente al territorio. Nos preocupa volver a ser los últimos en las prioridades del Pacto de Doñana”, ha asegurado el portavoz.
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