Los agricultores de Doñana han recibido 1.300 multas por uso ilegal del agua que suman más de 14 millones en sanciones

En plena tormenta por la polémica generada con el deslinde aprobado para las marismas de Doñana, el Gobierno central ha hecho balance de sus planes de actuación en este paraje natural y su entorno para poner al día las cifras de una inversión que supera los 745 millones de euros. Entre las medidas en marcha hay una que siempre en el centro de la diana, cómo va lo de los pozos ilegales, cuestión en la que se sigue avanzando (ya se han cerrado 1.214 desde 2019) pero esta vez se ha incorporado el dato de las sanciones a estos agricultores.

De esta tarea se encarga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal que concede los derechos de riego, que eleva a 1.217 los expedientes sancionadores que ha impuesto desde 2018 por infracciones en explotaciones ilegales, pero también legales. Eso se ha traducido en multas que suman 14,2 millones de euros en el ámbito del Espacio Natural de Doñana y su entorno.

La expresión más directa de prácticas ilícitas en el entorno son los pozos sin licencia, que tiene ahora el contador en 1.214 frente a los 1.197 sellados en 2024, 17 más. Tras un periodo más frenético, el ritmo es ahora más bajo porque ya se ha actuado contra los casos más evidentes y porque ahora nadie quiere meter la pata ante la perspectiva de las ayudas que están en marcha. Eso sí, todavía hay 190 captaciones irregulares cuya clausura está tramitándose todavía y 18 casos en los que el infractor se ha ido a los tribunales.

Menos cultivos irregulares

Un aspecto directamente relacionado con el anterior es el de los cultivos –básicamente invernaderos– fuera de la superficie agrícola regable, y aquí también hay una marcada tendencia a la baja. En el nuevo informe (actualizado con datos hasta septiembre) se calculan en 547 las hectáreas que se riegan sin permiso para ello, lo que supone un 22% menos que hace un año, cuando se rondaba las 700 hectáreas.

En los últimos años, el pico más alto se registró en 2020, cuando se detectaron hasta 1.225 hectáreas que se regaban sin licencia para ello. Por cierto, que las campañas de teledetección dieron lugar en la campaña 2024-25 a inspecciones que se tradujeron en 37 denuncias por el riego irregular de 314 hectáreas, con un consumo no permitido de 1,6 millones de metros cúbicos de agua.

Las 547 hectáreas ilegales suponen el 13% del total de cultivos bajo plástico, que asciende a 4.298 hectáreas. Aquí también se confirma una tendencia a la baja, con un máximo que se dio en otoño de 2017 con 5.844 hectáreas. El pasado ejercicio, por cierto, fue el primero en que se bajó de la cifra de 5.000 hectáreas de invernaderos en la última década.

Dos programas en marcha

Al margen del aumento de las inspecciones, y de la mayor prudencia que están mostrando los agricultores, hay otro elemento sobre el tablero que ha ayudado a mejorar estas cifras: la nueva herramienta de teledetección basada en inteligencia artificial. El sistema permite disponer de nuevas imágenes satelitales cada cinco días y muestra directamente dónde hay invernaderos sin permiso al cruzarlas con los derechos de riego concedidos. Además, y para “generar un efecto disuasorio”, es accesible para toda la ciudadanía.

Todas estas medidas se incluyen en el Marco Medioambiental que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) puso en marcha en 2022. En este plan se incluyen las famosas ayudas a los agricultores que dejen de cultivar sus tierras, que en el caso de la Corona Norte de Doñana –el área con más presión de riego y que más afecta al acuífero– podrán ser de hasta 100.000 euros por hectárea.

A este marco hay que unir el socioeconómico, en el que ya se han activado muchas de las medidas, entre las que están las encaminadas a terminar con los asentamientos chabolistas de temporeros agrícolas. Entre ambos programas (que fueron la aportación estatal para rubricar con la Junta el Pacto por Doñana para enterrar el hacha de guerra política) se han movilizado ya 329 millones de euros, lo que según la Oficina Técnica de Doñana –el organismo estatal de supervisar estas inversiones– supone algo más del 44% del total.