Las responsabilidades políticas por la falta de mantenimiento de la pasarela que colapsó en El Bocal de Santander: una 'tregua' temporal mientras duró el luto

El día antes del accidente mortal que ha costado la vida a seis jóvenes en la senda costera de Santander, tras el hundimiento de una pasarela en mal estado junto a la playa de El Bocal, un vecino llamó dos veces al teléfono de emergencias 112 para alertar del mal estado de esa estructura, que a su juicio corría riesgo de colapso. Pasaron el aviso a la Policía Local. Nadie reaccionó ni tomó ninguna medida preventiva. El puente seguía abierto al paso cuando unas horas después se desplomó y provocó la muerte de seis de los siete integrantes de un grupo de estudiantes que había ido a pasear y disfrutar de la tarde en ese entorno natural.

El Ayuntamiento de Santander primero pidió un informe a su propia Polícia Local para saber qué ocurrió. Por qué no se tramitó esa alerta. Antes de tener el documento sobre la mesa, una exclusiva de SER Cantabria desveló que el agente que recibió el aviso simplemente “lo anotó y se le olvidó”. El contenido de esta llamada a la Policía Local, que está grabada y que se ha puesto a disposición judicial por parte del 112, fue bastante explícito: “El puente de madera está roto y el que pase por encima se puede caer a las rocas”, trasladó al Consistorio la gestora de sala del centro de emergencias, que además dio indicaciones precisas de dónde se situaba ese puente al que hacía referencia el vecino, la pasarela de El Bocal que finalmente se vino abajo con un desenlace fatal.

Después de algo más de diez años allí, el pequeño puente de madera que salva un desnivel de más de 20 metros de altura entre dos estrechos acantilados no parece ser responsabilidad de nadie. “Se ha acordado que no nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta fase del rescate”, declaró la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en el escenario de la tragedia. Fue la primera noche, apenas unas horas después del accidente, con todo el dispositivo de búsqueda activado y varios cuerpos desaparecidos en el mar. Todo un anticipo de lo que puede pasar a partir de ahora, cuando la aparición de la última víctima ha permitido desactivar todo el operativo.

Lo cierto es que las administraciones implicadas se miran de reojo, con ciertos recelos ante el temor de quedar señaladas por la responsabilidad de la tragedia. Por un lado, el Ayuntamiento de Santander, que impulsó el proyecto y se comprometió a responsabilizarse de su conservación y mantenimiento posterior. Por otro, el Ministerio de Medio Ambiente, que construyó esa pasarela y otras similares a lo largo de un recorrido entre el Faro de Cabo Mayor y la playa de la Virgen del Mar a través de la Demarcación de Costas, pero que las protestas vecinales por lo agresivo de la intervención llevaron a paralizar y abandonar el propósito durante más de una década.

La alcaldesa de Santander reconoce ahora que no ha hecho ninguna tarea de mantenimiento en diez años, más o menos el tiempo que lleva al frente del Consistorio, cuando sustituyó en el cargo al verdadero ideólogo de ese proyecto, el exalcalde y exministro de Fomento Íñigo de la Serna (PP). Gema Igual considera que no es de su competencia porque “no está acabada la obra”. Una obra que se paralizó hace más de una década por las protestas vecinales y la cercanía electoral. Costas liquidó el contrato con la constructora Dragados y a partir de entonces ambas administraciones se lavaron las manos. La senda costera, diez kilómetros de sendero artificial al borde del mar, quedó olvidada a su suerte hasta el día que sucedió la tragedia.

Tregua temporal

En los primeros momentos del suceso, desde el puesto de mando habilitado en los acantilados, la alcaldesa despejó el balón, insistió en que la obra era de Costas y a renglón seguido -sin que ningún medio de comunicación le preguntase por su mantenimiento- pidió “que la política no manche el rescate”. Sus palabras generaron el efecto contrario: abrieron la espita del conflicto de competencias que se avecina y que presumiblemente se dirimirá en los tribunales. Ella fue la primera en sacudirse su posibles responsabilidades.

A la vez, aunque la senda costera “no es de su competencia”, asumió el protagonismo del rescate en primera persona como portavoz, sin apoyo de ningún técnico, y ante la ausencia del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), de viaje en México con un grupo de militantes socialistas miembros de la Fundación Matilde de la Torre para traer los restos de la política y escritora cántabra. El Ministerio tuvo que desplazar de urgencia desde Madrid al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE), que esa misma tarde, sobre el terreno, no aportó información sobre las causas del desplome de la pasarela de madera. Ambos atendieron a los medios sin apoyo técnico, hasta el punto de que el día después de la tragedia los periodistas preguntaron a la alcaldesa qué altura tenía la grieta acantilada por la que cayeron las víctimas y no lo sabía. Se lo tuvieron que apuntar.

El secretario de Estado y alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la ministra Sara Aagesen (PSOE), tampoco ha estado dispuesto a asumir en solitario la 'paternidad' de la senda costera que parece habitar en un limbo administrativo. “A la hora de atender a la seguridad frente a los ciudadanos es responsabilidad de las tres administraciones”, dijo cuando los medios le preguntaron de quién depende la pasarela. “¿De quién depende su mantenimiento?”, inquirió otro periodista. “Si no sabemos cuáles son las causas, intentar encontrar responsables es bastante complicado”, respondió Morán a pocos metros de una estructura de madera que había colapsado con un evidente deterioro por el paso de los años.

A continuación, la alcaldesa de Santander precisó que la “primera fase” era el momento de las víctimas y de la atención a las familias. La segunda será “la identificación de las causas”. “Y nos corresponde a las administraciones aportar la documentación que nos pida el juzgado, antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente”, apuntó Igual. La última fase, añadió, será “reparar” el daño producido a las familias. “No es el momento para entrar en el análisis de las hipótesis, ni de la elucubración, ni de las causas, ni de las posibles responsabilidades, puesto que la propia Policía Judicial está trabajando sobre el terreno”, subrayó la regidora santanderina. En su opinión, “cualquier declaración que hagamos fuera de ese ámbito solo conduce a generar más incertidumbre y, por lo tanto, más preocupación”.

No obstante, añadió que “la hemeroteca existe” y que “los santanderinos saben perfectamemte que es una obra que ejecutó Costas, que tuvo una protesta por los vecinos y que, no finalizada, se suplió con otro proyecto”. “No vamos a achacar responsabilidades porque no es el momento”, concluyó. Dos días más tarde abrió fuego contra Costas. Ya lo tenía claro. En su opinión, el Consistorio no hizo nada porque no le correspondía y todas las responsabilidades recaen en otra administración. Ni siquiera el anuncio de la apertura de un expediente a la agente de la Policía Local de Santander que no respondió al aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela en la víspera de la jornada fatídica recae sobre sus espaldas. “El accidente no fue porque la Policía Local no hizo su trabajo, pero sí podíamos haberlo evitado”, despachó este viernes en una insólita rueda de prensa convocada explícitamente para exculpase.

Compromiso de mantenimiento

Poco después de sus primeras declaraciones en El Bocal, elDiario.es difundió un documento oficial por el que el Ayuntamiento de Santander se comprometió en 2004 a hacerse cargo del mantenimiento de la senda costera cuando terminasen las obras. El Consisorio ha respondido argumentando que no es de su competencia porque las obras del proyecto que comenzó a ejecutar la Demarcación de Costas, y posteriormente paralizó, “no están finalizadas”. Tampoco constan peticiones recientes del equipo de gobierno del PP a Costas para que se concluyeran los trabajos, se retiraran los restos abandonados o se hicieran cargo de la conservación de esas estructuras dado que están en su término municipal, no asumían su responsabilidad y podían suponer un peligro, como finalmente ha quedado demostrado.

La concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo (PP), ha asegurado que “en el propio proyecto de finalización, de agosto de 2016, se recoge que el objeto del proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas” y que “el compromiso de mantenimiento de la senda costera por parte del Ayuntamiento queda explícitamente referido al momento en que las obras estén finalizadas y recibidas por el propio Ayuntamiento”.

“El proyecto lo redacta Costas, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas, por lo que ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento sigue a la espera de que finalicen”, recalcó la edil. Rojo, además, ha hecho hincapié en que, entre la documentación que se ha podido consultar desde el momento del accidente no consta ningún documento remitido por la Demarcación de Costas para la recepción o aceptación de los trabajos realizados con el fin de que el Ayuntamiento se comprometiera a mantener lo existente. En este sentido, ha señalado que este hecho administrativo debería haberse realizado porque, de lo contrario, “el Ayuntamiento no puede conocer administrativamente qué y en qué condiciones debe llevar a cabo el mantenimiento”.

Demarcación de Costas no se ha pronunciado oficialmente, más allá de las declaraciones iniciales del secretario de Estado de Medio Ambiente unas horas después del colapso de la pasarela. Pese a no ser de su competencia, el Ayuntamiento precintó poco después las otras dos pasarelas cercanas del trazado de la misma senda costera, según su versión, “a solicitud de Costas”. Esa misma petición apenas un día antes, a través de la alerta de un vecino al 112 y la posterior llamada del centro de emergencias a la Policía Local, no fue tenida en cuenta.

Una llamada sin atender

Y es que en las últimas horas se han precipitado los acontecimientos: se encontró a la última joven desaparecida y se conoció que la agente de la Policía Local no hizo nada cuando el 112 le trasladó la llamada del vecino alertando del peligro de colapso del puente. La alcaldesa de Santander admitió este viernes que “la cadena de respuesta no funcionó” y ha anunciado “una revisión completa de la gestión de avisos”. Los periodistas le preguntaron si se habían recibido más advertencias o quejas vecinales a lo largo de estos años sobre el estado de la pasarela. Dijo que no le consta -lo mismo que dijo en un primer momento de la llamada de emergencias- pero adelantó que ha solicitado a los servicios municipales que comuniquen si han recibido en los últimos meses otras reclamaciones.

La mayor parte de la comparecencia en el Ayuntamiento la dedicó a lanzar balones fuera. Costas es responsable de todo, el documento que firmó el Ayumtamiento comprometiéndose a ocuparse del mantenimiento de la senda “no tiene validez” y también aclaró que ella no va a ser culpable “de las responsabilidades individuales que tiene cada uno”. Pero matizó que “si las responsabilidades individuales se derivan en políticas, no tendré problema en asumirlas”.

Eso sí, anunció una medida: va a editar un plano de la ciudad que señale en color rojo las zonas que pertenecen a la Demarcación de Costas y en azul las que gestiona directamente el Ayuntamiento. “Para que los vecinos sepan a quién tienen que reclamar”, dijo en este sentido.

Desde Demarcación de Costas y el Ministerio, sin embargo, han preferido guardar silencio de momento y se han limitado a enviar un mensaje a modo de advertencia: “La alcaldesa ha realizado diversas afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Habrá ocasión de aclarar cada una de ellas cuando corresponda y con toda la información necesaria sobre la mesa. En cualquier caso, por nuestra parte, no vamos a contribuir a alimentar una polémica ni a generar más ruido en este momento. Creemos que lo más responsable es mantener la serenidad y centrarnos en el trabajo que tenemos por delante, dejando que los hechos y los datos hablen por sí solos”.

Unos minutos antes, la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), había entrado en la polémica nada más firmar el acuerdo de Presupuestos con el PRC. Desveló que había prometido a la madre de una de las jóvenes fallecidas, la única que era procedente de Cantabria, que va a hacer “lo humanamente posible porque se sepa lo ocurrido” y criticó las “tentaciones de hacer política partidista” con el suceso. “A mí ese comportamiento me duele, ese comportamiento me avergüenza, porque revela una falta absoluta de ética y, sobre todo, una falta absoluta de respeto hacia esas víctimas y hacia esas familias. Y, desde luego, ni voy a participar de eso, ni voy a caer en eso”, ha afirmado.

Lo cierto es que la beligerancia pública del Ayuntamiento para sacudirse la responsabilidad y la negligente gestión del aviso que ignoró la policía local, con algunas versiones iniciales del contenido de las llamadas que no se ajustaban a la realidad, indica la máxima preocupación por los resultados de la investigación judicial y, especialmente, por la repercusión pública del comportamiento de todas las administraciones implicadas. Por ahora, lo que nadie ha dicho es cómo van a resolver la situación y poner solución al limbo administrativo de la senda costera.