El PRC pregunta si el promotor del centro de datos Altamira ha pagado los terrenos o solo existe una opción de compra sobre ellos

“Es la crónica de un fracaso anunciado”, reprocha el PRC. “Este Parlamento no está para firmar cheques en blanco”, recela el PSOE. “Corremos el riesgo de que esto sea un espejismo”, advierte Vox.

El Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', promovido por Stoneshield Capital, ha empezado a despertar recelos y desconfianza entre todos los grupos de la oposición que se han unido para exigir al Gobierno de Cantabria (PP) que presente, en el plazo de dos meses, toda la documentación sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). La modificación urbanística que el ejecutivo se comprometió a aprobar el pasado diciembre sobre el terreno situados a ambos lados de la Autovía S–30, en los municipios de Villaescusa y Piélagos.

Era solo el primero de estos planes. El proyecto era de tal calado que se iba a hacer en tres fases, con tres planes urbanísticos a medida diferentes. De hecho, la iniciativa ha sido declarada Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria (PSIR) por el Consejo de Gobierno, la primera en obtener esta declaración. Las obras tendrían que haber empezado en enero y finalizar en 2032 tras una inversión de 3.600 millones de euros.

Durante el debate en el Parlamento de una moción presentada por el PRC, también se han despertado las dudas sobre la compra de los terrenos por parte del promotor, Stonefields: un fondo de inversión creado en 2018, vinculado al mundo inmobiliario, propiedad de Felipe Morenés –hijo de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín– y su socio, Juan Pepa. Por ello va registrar una pregunta y una solicitud de documentación, “no vaya a ser que no se hayan pagado los 10 millones de los terrenos, no vaya a ser que lo que se haya firmado sea una opción de compra y no se hayan pagado íntegramente esos 10 millones”.

Al respecto, el diputado del Partido Popular Alejandro Liz no ha desmentido esta posibilidad. “La opción de compra -en caso de que así fuera, que lo desconozco-¿no es un contrato?”, ha replicado al regionalista. “¿Es que no obliga a vender una opción de compra”?“, ha insistido.

Exigencia de transparencia

Los grupos parlamentarios PRC, PSOE y Vox piden transparencia sobre el proyecto mientras el Gobierno de Cantabria reconoce que hace “todo lo posible por retener la inversión”. La moción que ha aprobado el Parlamento de Cantabria, a iniciativa de los regionalistas, evidencia que el proyecto atraviesa un momento de crisis, al menos en lo referente a la confianza en la inversión.

“Estamos ante una crónica de un fracaso anunciado, de una decepción palpable”, dice el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando. En su opinión, hasta la semana pasada el Gobierno de Cantabria “anunciaba a bombo y platillo el gran proyecto de inversión de esta legislatura”, pero a partir de entonces, “ya empezaron a echar balones fuera”, lo que ha aumentado la “preocupación” de los regionalistas.

Hernando añade que en el Informe Anual de Centro de Datos en España, Spain DC 2025, presentado hace un mes por el lobby de los centros de datos españoles, Cantabria no aparece en “ninguna” de sus 95 páginas, cuando sí hay referencias a otros proyectos de menor envergadura en otros puntos de la geografia nacional.

El diputado Alejandro Liz, del Partido Popular, le ha reprochado la “irresponsabilidad de su alarmismo” y ha insistido en que “todo indica que el proyecto del Centro Altamira es sólido, solvente y maduro”. “No soportan que el anuncio de este proyecto haya sido bajo el Gobierno de Buruaga”, espetó.