La propaganda política clandestina fue uno de los ejes fundamentales de los partidos y movimientos antifranquistas desde el inicio de la dictadura, cobrando una especial relevancia durante el tardofranquismo para difundir sus ideas, objetivos y reivindicaciones y conectar con el conjunto de la sociedad. El trabajo de dos militantes cántabros, Emilio Rodríguez y Julio Soto, responsables del aparato de propaganda del PCE (Partido Comunista de España) y del PTE (Partido del Trabajo de España), fue decisivo para que estas palabras prohibidas y proscritas salieran a la luz.

Desde el inicio de la dictadura, la producción y difusión de propaganda clandestina fue una actividad preeminente y destacada de los movimientos que lucharon contra la dictadura. La expresión “aparato de propaganda” hace referencia a un conjunto de medios personales, organizativos y materiales puestos al servicio de estas tareas, del que se puede afirmar que fue el corazón de las organizaciones antifranquistas. El resultado de este trabajo, la impresión de material muy diverso (libros, revistas, boletines, comunicados, panfletos, octavillas, pegatinas, carteles, etc.), resultó trascendental, como señala Jesús A. Martínez [1], en tres aspectos: primero, organizativo, ya que, al recoger y fijar las líneas ideológicas y de actuación de los movimientos insurgentes, otorgaba unidad y cohesión a su organización y funcionamiento; segundo, didáctico y pedagógico, pues este material era un recurso básico para la formación política, doctrinal y táctica de sus militantes y cuadros; y, tercero, divulgativo, al posibilitar la difusión y el proselitismo, extendiendo, más allá del ámbito de la oposición antifranquista, sus ideas y dando a conocer a una ciudadanía desinformada y silenciada, acontecimientos relevantes de la actualidad política y social, nacional e internacional, con el objetivo de concienciarla y movilizarla.

Las palabras clandestinas desafiaron al régimen franquista, que reaccionó desplegando con fuerza un conjunto de medidas legales, policiales y judiciales de carácter represivo con las que pretendía fulminar por cualquier medio a la disidencia, utilizando el mantenimiento del orden público como argumento que legitimara la barbarie de sus actuaciones. La Ley para la Seguridad del Estado de 1941 impuso penas de reclusión por la impresión, difusión o la simple tenencia de propaganda ilegal; en el mismo sentido se expresaban el Código Penal de 1944 y la Ley de Orden Público de 1959. En el año1963, ante el crecimiento de la contestación a la dictadura y el desbordamiento de las causas por subversión, se creó el Tribunal de Orden Público, que a partir de entonces y hasta 1973, juzgó y condenó, entre otros, los delitos de propaganda ilegal.