Cien años de la huelga general en Santander contra la guerra de Marruecos: un episodio de oposición popular a la autoridad

En un contexto próximo de movilización de la sociedad española promovido por el PSOE y secundado por la UGT se estaba desarrollando una campaña que demandaba el fin de la guerra y el abandono de Marruecos. Una más. Así, el 31 de agosto de 1923 tuvo lugar en Madrid un gran mitin que contó con la participación, entre otros, de Largo Caballero, Fernando de los Ríos y Julián Besteiro.

En Cantabria, inicialmente, dicha campaña se iba a concretar en una manifestación cuya iniciativa correspondería a la Comisión Ejecutiva de la Federación Obrera Montañesa (FOM), organización fundada en 1921 y adscrita a la UGT. Se invitaba expresamente a todas las entidades obreras y se anunciaba el llamamiento que se iba a realizar al Ayuntamiento de Santander para que se sumara al acto.

Con tal fin, los concejales socialistas en el Consistorio santanderino, Bruno Alonso, Antonio Ramos y Antonio Vayas, habían registrado una moción el 31 de agosto de 1923 que, en síntesis, proponía que el Ayuntamiento instara al Gobierno central al abandono de Marruecos y la repatriación del Ejército. Al tiempo, se solicitaba que organizara una manifestación en demanda de lo propuesto y que se invitara a ella al resto de los municipios de la provincia. Es decir, se pretendía la implicación de la Corporación municipal como medio de legitimación institucional y de amplificación de la protesta.

El diario La Atalaya informaba del pleno municipal celebrado el 5 de septiembre en el que se decidía si se tomaba en consideración la moción socialista, que fue defendida por Antonio Vayas. Finalmente fue rechazada ampliamente por 17 votos contra 5. Igualmente fue rechazada una proposición presentada por la minoría socialista en la que se resolvía si se aceptaba o no la invitación sindical a la manifestación convocada. Quedaba claro que la corporación municipal ni convocaba ni apoyaba el acto previsto para el domingo, 9 de septiembre.

No obstante, con el ánimo de ampliar la base de la convocatoria y bajo la justificación de que el acto no tenía sesgo político alguno, la FOM invitó pública y expresamente al Círculo Mercantil e Industrial y a la Asociación de Inquilinos, agrupación esta última que había sido parte activa del llamamiento a la manifestación pro-responsabilidades políticas derivadas de la masacre sufrida por el ejército español en Annual y Monte Arruit en julio de 1921, que se desarrolló en diciembre de 1922.

Al día siguiente de efectuado el pleno municipal, una comisión de la FOM fue al Gobierno Civil a solicitar el permiso de su titular, Alonso López, para llevar a cabo la manifestación: tendría lugar el domingo, a las 11 de la mañana entre la Alameda de Jesús de Monasterio y la propia sede del Gobierno Civil, un recorrido habitual. Sorpresivamente o no, el gobernador, amparándose en el cumplimiento de órdenes recibidas de Madrid, prohibió la celebración del acto público. Quizá algo debían de recelar los miembros de la comisión puesto que, tras manifestar su protesta, inmediatamente anunciaron que iban a convocar al conjunto de las sociedades obreras y proponer un día de huelga general contra la guerra de Marruecos, por la pronta repatriación de las tropas y como protesta por la orden de prohibición.

Tal iniciativa quedó aprobada el viernes, 7 de septiembre por acuerdo de la Directivas de las distintas sociedades que integraban la FOM, que concretó el día del paro general de 24 horas en el lunes 10, a partir de las 7 de la mañana.

Hay algunos aspectos que pueden resultar llamativos en este conjunto de circunstancias. La prohibición de manifestarse contra la guerra de Marruecos forma parte del binomio censura-represión con el que con frecuencia los gobiernos de la Restauración respondían a las protestas. Días antes, en La Coruña había tenido lugar otro paro general de un día con el mismo telón de fondo de la contienda en el Rif.

Es razonable pensar que el hecho de que fuera una organización sindical y no un partido la que corriera a cargo de la convocatoria suponía una salvaguardia ante una eventual denegación del permiso, ya que en última instancia disponía del recurso de convocatoria de huelga. Por otro lado, quizá las autoridades no valoraran adecuadamente las posibles consecuencias del pulso que habían planteado o, simplemente, que no estuvieran para muchas sutilezas tras la dimisión planteada el 1 de septiembre por el presidente del Gobierno (el liberal García Prieto) y rechazada por Alfonso XIII, el mismo que dos semanas más tarde validaría el pronunciamiento del general Primo de Rivera.

Otra cuestión para tener en cuenta es la premura con la que la FOM convocó la huelga general (a tres días vista), lo que apunta a que ya para estas alturas del siglo XX existía un desarrollo de la organización sindical notable. Así pues, la Federación Obrera Montañesa aceptó el desafío del Gobierno central.

Dadas las circunstancias había que reunir el mayor apoyo posible, porque el tiempo apremiaba. De tal manera se hacía preciso contar con el respaldo de la otra estructura sindical con la que las relaciones eran muy tensas: la Federación Local de Sociedades Obreras, de orientación anarquista en aquel tiempo, de la que se había desgajado tras un intenso conflicto por el control de esta, que se prolongó entre 1919 y 1921. La Federación Obrera Montañesa se había configurado a partir de las sociedades vinculadas a la UGT que formaban parte de la mencionada Federación Local y la abandonaron. De este tema ya hemos hablado en anteriores artículos, como el referido a la huelga general y la declaración del estado de guerra en Cantabria en febrero de 1920 o el de la ‘casa tapón’ de la cuesta de las Ánimas.

El puente quedo tendido con la inclusión de un añadido en el punto tercero de las conclusiones que se presentarían en el Gobierno Civil: la petición de una amplia amnistía a los presos de toda clase de delitos políticos y sociales. Una demanda amplia que incluía a los presos anarcosindicalistas en lo que se refiere al modelo de acción sindical que propugnaban.

La respuesta de la Federación Local en sentido afirmativo apareció al día siguiente en El Cantábrico: “La huelga de veinticuatro horas tiende a demostrar la impopularidad de la guerra de Marruecos y con ella se pedirá también que se ponga en libertad a los presos por los llamados delitos políticos y sociales”.

En ese mismo punto tercero, quizá el orientado con mayor claridad a buscar adhesiones y afinidades entre la ciudadanía, se incluía igualmente una demanda no asociada directamente al conflicto bélico ni a la prohibición del acto: la reducción del tiempo de permanencia en filas, que estaba fijada en tres años en aquellos momentos. En esta línea de apelar al seguimiento del paro, el sábado se hizo en El Cantábrico una mención específica a las mujeres y a los comerciantes, recalcando las consecuencias de la campaña de Marruecos en lo que concierne a las vidas y al dinero que estaba costando al país, y que iba en detrimento de la prosperidad y el saneamiento de la Hacienda pública. Y así se llegó a la mañana del lunes, 10 de septiembre de 1923.

“Creemos inútil explicar a los lectores por qué los periódicos locales no pudieron publicar su número correspondiente al martes”, precisaba El Pueblo Cántabro, el miércoles 12. Las crónicas de todos los diarios, con mayor o menor énfasis en cuestiones relacionadas con el orden público, fueron unánimes a la hora de valorar el seguimiento de la jornada, subrayando el éxito del paro.

El ámbito territorial de celebración de la huelga general se circunscribió a Santander y El Astillero. El diario de tendencia republicana liberal, El Cantábrico, resume lo acontecido: “los elementos obreros santanderinos… consiguieron que todos los organismos secundasen el paro y que la vida de la ciudad paralizase totalmente su industria y su comercio y hasta sus lugares de recreo y se sumase con complacencia a la protesta”. De hecho, tituló su editorial “La elocuencia del silencio”, en alusión a la característica más acusada de las calles santanderinas ese día.

La Atalaya, de ideología conservadora, remarcaba que “desde las primeras horas de la mañana, grupos huelguistas recorrieron la población penetrando en muchos comercios y obligando a que se cerrara”. Complementaba esta información El Pueblo Cántabro, de orientación maurista: “A instancia de los obreros y luego de algunos incidentes sin gran importancia, el comercio cerró sus puertas, así como los cafés y los bares”.

El punto de fricción más notable que se reseñaba tuvo que ver con el transporte, sector clave en jornadas de huelga. La circulación de los tranvías (a El Sardinero, Peñacastillo y El Astillero), especialmente custodiada por fuerzas de caballería de la Guardia Civil, no se detuvo hasta el mediodía, después de que un piquete actuara en la plaza de Numancia y se produjera una pequeña carga.

El personaje que resultó más señalado fue el gobernador civil. La Federación Patronal Montañesa le dirigió una carta protestando por su decisión de no permitir una manifestación contra la guerra de Marruecos y dar pie al paro general de la ciudad, acusándole, además, de pasividad ante la actuación de los huelguistas. En este mismo sentido se pronunciaba la línea editorial de La Atalaya.

Por su parte, la Federación Obrera Montañesa, la organización convocante, en el primer punto de un comunicado firmado por su secretario, Antonio Ramos (como hemos apuntado, concejal del Ayuntamiento de Santander), recordaba que no se habría llegado al paro si la autoridad gubernativa no hubiera prohibido la manifestación solicitada. El propio Ramos, en El socialista, concluía la información remitida sobre el día de huelga solicitando al Gobierno la rectificación de la política seguida en Marruecos y el fin de las arbitrariedades.

El golpe de estado que tres días después protagonizó Miguel Primo de Rivera y la dictadura que se instauró a continuación puso fin a las iniciativas contra la guerra, que solo finalizaría en 1927 tras el apoyo de Francia en el Desembarco de Alhucemas de septiembre de 1925 y la rendición de los últimos núcleos rifeños insurrectos.

En los días en que se publica este artículo han transcurrido cien años de que tuvieron lugar estos acontecimientos. A partir de ellos conviene remarcar que la provincia de Santander, y más significadamente su capital, no se mantuvo al margen de las campañas que contra la guerra de Marruecos se desarrollaron en España. Con la discontinuidad propia de una contienda tan prolongada (1909-1927) y al hilo de las noticias que llegaban a través de una prensa sometida a censura, participó con mítines, manifestaciones y hasta con una huelga general.

A partir de aquí podemos extraer alguna conclusión. Que eso fuera posible denota la existencia de un tejido organizativo que lo canalizara: en nuestro caso las organizaciones obreras, con mayor presencia las de adscripción ugetista, y las agrupaciones socialistas y algún partido republicano, como el Federal. El alcance se fue incrementando en el tiempo, sobre todo después del proceso de alianza electoral entre republicanos y socialistas que propició a estos últimos extender su mensaje a las capas medias urbanas.

Ya hemos señalado la dificultad que con frecuencia supone interpretar el sentir de la opinión pública. Si damos por cierto, al menos en buena parte, lo que señalaba el diario El Cantábrico tras el paro general: “Lo que desea Santander lo desea toda España”, podemos convenir que la propia duración del conflicto fue generando un progresivo cansancio en la sociedad que en su mayoría nunca llegó a entender las razones de nuestra presencia en Marruecos ni, por supuesto, el coste en vidas y recursos económicos que acarreaba que, además, se repartía injustamente en función de la clase social. Todo ello en un contexto de crisis del sistema político que pronto acabaría por quebrarse completamente con el golpe de estado de Primo de Rivera y cuyas consecuencias se extienden más allá de su régimen dictatorial.

Y una breve reflexión final. Los años veinte del siglo XX en Santander vienen siendo objeto de una suerte de idealización en la que parece que solo existían plácidos e interminables veraneos regios, que la ciudad comenzaba en el Paseo Pereda y terminaba en Piquío y que la armonía entre las clases presidía la vida diaria. Una especie de reducto, ajeno a la conflictividad política y social que recorría el país; caracterización que los hechos desmienten. No hace falta insistir en que esta visión metonímica de la realidad, con la proyección de un imaginario tan distorsionado, no es en absoluto inocente ni desinteresada.